Edgar Xavier González Juan
Expediente 538/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edgar Xavier González Juan
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de uno de julio del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27 fracción I, Inciso B de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo siguiente: Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de julio de dos mil veintiuno. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Edgar Xavier González Juan contra el acto que reclama del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en materia familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 538/2021/6/A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda, sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro1: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro:2 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que los solicitantes de amparo expusieron hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes******************* PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis armónico de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: a) La resolución de siete de junio del año en curso, emitida en los autos del expediente civil número ********** del índice del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en materia familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró como improcedente el depósito de personas que solicitara el aquí quejoso de la menor de identidad de iniciales C.X.G.P. INTERPRETACIÓN DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece:******************************* En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación.**************** En ese tenor, debe decirse que el acto reclamado, consistente en la resolución de siete de junio del año en curso, emitida en los autos del expediente civil número ************, del índice del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en materia familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través de la cual resolvió que era como improcedente el depósito de personas que solicitara de la menor de identidad de iniciales ***********.; en modo alguno puede ser analizada en esta vía constitucional intentada si no tiene el carácter de definitiva, ya que tratándose de actos como el que en la especie se analiza, debe cumplirse con el principio de definitividad, en atención a que la ilegalidad que considere la parte interesada le causa afectación, debe impugnarse dentro del procedimiento civil de donde nace dicho acto, a través del recurso de reclamación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que establece: ************************* Del artículo transcrito se advierte, la hipótesis de procedencia del recurso de reclamación, cuando alguna de las partes del procedimiento ordinario civil se encuentre inconforme con las medidas decretadas por el Juez de conocimiento en relación con el aseguramiento y cuidado de los hijos, durante la tramitación del juicio de divorcio o de alguno diverso. En ese tenor, debe decirse que el acto reclamado es impugnable a través del recurso de reclamación en cita, en razón de que la cuestión de la que se duele el solicitante de amparo está vinculada con cuestiones relativas al aseguramiento y cuidado de los hijos, por lo que a través de la interposición de dicho medio de defensa la parte que no estuviere conforme con la medida decretada por el juez o en su caso, con la medida que se solicitó y negó, en relación con el aseguramiento y cuidado de los hijos, puede lograr la modificación o revocación de la determinación que considera que le afecta. De ahí que de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, para que la tutela de derechos humanos pueda acontecer, el quejoso a través de su progenitor debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra. En ese sentido, si en contra del acto reclamado procede el recurso de reclamación, previo a la demanda de amparo, la parte quejosa debió agotar tal medio ordinario de defensa previsto en la ley ordinaria y al no haberlo hecho así, el presente juicio de amparo es improcedente de acuerdo con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.***************** Aunado a ello, en el presente caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado al derivar de un procedimiento de orden civil, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Máxime que el quejoso no es extraño al procedimiento de origen, ya que en la propia demanda refiere que fue él, quien solicitó tal medida y en la ley de la materia se encuentra plenamente identificado el recurso de que se habla. No se soslaya, que en el juicio natural se encuentren involucrados los derechos de un menor de edad, sin embargo, la intervención de dicho menor en el juicio de origen, por sí sola, no conduce a inobservar automáticamente el orden jurídico, ni constituye una eximente para satisfacer los presupuestos legales para la procedencia del juicio de amparo. Además, que los actos susceptibles de ser combatidos en amparo indirecto, son aquellos que constituyen una ejecución irreparable; de lo que se concluye, que lo trascendente es analizar, desde la perspectiva del interés superior de la niñez, si el recurso ordinario previsto en la ley es existente, idóneo, efectivo, oportuno, adecuado y eficaz para prevenir y reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a los derechos sustantivos cometidas en el acto o resolución impugnada en perjuicio de los menores de edad, ya que la regla de definitividad está referida, fundamentalmente, al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Tampoco es óbice a la anterior determinación, el contenido de la jurisprudencia 1ª./J.77/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,9 de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.", en virtud de que en la mencionada jurisprudencia se realizó una interpretación de la ley de amparo abrogada y se concluyó que existe una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse; sin embargo, las condiciones establecidas para que opere la excepción al principio de definitividad no se actualizan en el presente asunto, ya que el acto reclamado consistente en la la resolución de siete de junio del año en curso, emitida en los autos del expediente civil número ***********, del índice del Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en materia familiar de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, en la cual se declaró como improcedente el depósito de personas que solicitara de la menor de identidad de iniciales *******., no conlleva una ejecución que suspender, es decir, el acto reclamado no creó una situación jurídica en la que la situación del menor se modifique, además en la demanda de amparo no se alega que exista un riesgo para los párvulos, de ahí que no resulte aplicable al caso concreto la jurisprudencia en alusión. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizados en amplios términos del artículo 12 ibídem a ********** HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2002576, cuyo rubro se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asunto competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe.
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