Edgar Valencia Cárdenas

Expediente 866/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
866/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
10/04/2019

Partes del expediente

  • Edgar Valencia Cárdenas
  • Director General de la Dirección General de Infanteria de la Secretaría de la Defensa Nacional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de febrero del año en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDO LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Visto los presentes autos, de los que se advierte que el auto de veinticinco de febrero del año en curso, no ha sido notificado a la parte quejosa en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, túrnese el presente expediente a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a practicar la notificación del referido proveído en el domicilio designado en la demanda de amparo por el accionante. Notifíquese personalmente a la parte quejosa el auto que se ordena en este proveído, en los términos indicados.Así lo acordó y firma el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario adscrito al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, según acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de enero de dos mil diecinueve, contenido en oficio CCJ/ST/122/2019, que remite el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, ante la licenciada Elvia Patraca Benítez, Secretaria con quien actúa. Doy fe. L´EPB/iggz

  3. Principal

    Vistos los presentes autos de los que se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: De la primera autoridad reclamamos el ACUERDO QUE CONTIENE LA ORDEN DE BAJA DE LOS AHORA QUEJOSOS, según se nos comunicó en debido cumplimiento a la resolución de segunda instancia de fecha primero de junio de dos mil dieciocho. Del Director General de Infantería reclamamos la indebida comunicación y notificación que se nos hizo del ACUERDO DE ORDEN DE BAJA, ordenada por el Secretario de la Defensa Nacional, por lo que respecta a los quejosos de nombres (.) EDGAR VALENCIA CÁRDENAS (.)" Ahora bien, se cuenta con las constancias que allegó el Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, así como en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Documentales de las que se advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 2ª./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Cabe reiterar, que el quejoso Edgar Valencia Cárdenas, se duele del acuerdo que contiene la orden de su baja definitiva del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en donde ocupaba el cargo de Subteniente de Infantería, emitido por oficio 79879, de seis de agosto de dos mil dieciocho, signado por el General Secretario de la Defensa Nacional, así como de su notificación y/o comunicación. Sin embargo, de la copia certificada del oficio 121534, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el General Secretario de la Defensa Nacional, mismo que se encuentra dirigido al Director General de Infantería de la Secretaria de la Defensa Nacional, se advierte que se declaró la nulidad del diverso acuerdo 79879 de seis de agosto del año en curso, -acto reclamado-, en donde se le comunicó que el quejoso Edgar Valencia Cárdenas, causaba baja definitiva; esto con motivo del que el doce de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal Superior de Justicia Militar, declaró insubsistente la sentencia de uno de junio de dos mil dieciocho, en la que se condenó al aquí quejoso a la pena privativa de la libertad de veintiséis años, tres meses de prisión, a la baja definitiva del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y a la inhabilitación por un tiempo igual al de la pena de prisión, para desempeñar cargo o comisión públicos. De lo narrado, se evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso Edgar Valencia Cárdenas, consistente en la orden de su baja ordenada por el Secretario de la Defensa Nacional mediante oficio 79879, toda vez que dicha orden fue declarada nula por el nombrado Secretario, mediante el oficio 121534, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, a través de su delegado, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, remite copia certificada del oficio 121534, de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, signado por el General Secretario de la Defensa Nacional. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese dicho oficio y constancias para que surtan sus efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad responsable, las documentales que anexó a su informe, la cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma. Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional que se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social, número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y notifique al quejoso Edgar Valencia Cárdenas el presente acuerdo, haciéndole entrega de copia simple del mismo y del oficio recibido con sus anexos, debiendo asentar tal circunstancia en la razón que para tal efecto realice.

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