Edgar Ulises Corona Jimenez

Expediente 20/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
20/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Edgar Ulises Corona Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jesús Cortez Sandoval a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero del año en curso. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y del contenido de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a quince de febrero de dos mil veintiuno. Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que el quejoso Edgar Ulises Corona Jiménez, compareció a ratificar el contenido y firma del escrito presentado el ocho de febrero del año en curso, por el cual pretendió subsanar la prevención realizada en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Precisión del problema. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se extrae que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Del Síndico Procurador del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California: .el auto de once de diciembre de dos mil veinte, al no efectuar un análisis de fondo a lo peticionado dentro de la suspensión preventiva relativa al expediente RE-INV./078/2020. Del Director de Responsabilidades del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California: El auto de fecha once de diciembre de dos mil veinte, al no efectuar una debida investigación toda vez que en la queja así como en la ampliación de la misma existen demasiadas inconsistencias de modo, tiempo y lugar, relativa al exp RE-INV./078/2020. Del Jefe del Departamento de Asuntos Internos del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California: El auto de fecha once de diciembre de dos mil veinte, al no recabar la documentación, informes, testimonios y pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, toda vez que en en la queja así como en la ampliación de la misma existen demasiadas inconsistencias de modo, tiempo y lugar, relativa al exp RE-INV./078/2020. Análisis de procedencia. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Desechamiento. En ese sentido, se advierte en el caso en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV, primer párrafo y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación al acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte que recayó a la petición formulada por escrito el veintisiete de noviembre de dos mil veinte ante el Sindico Procurador del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, sin que se le acordara de conformidad, se le debía dejar sin efecto la suspensión preventiva decretada en el expediente RE-INV./078/2020., como se explica. En primer término, tenemos que los preceptos legales invocados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Así, del numeral transcrito en primera instancia, se obtiene que la improcedencia del juicio, puede configurarse de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo o de la jurisprudencia del Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito, esto es, constituye la base para configurar una causa de improcedencia diversa a la que expresamente se contempla en las demás fracciones del artículo 61 de la Ley de la materia, porque se trata de un supuesto genérico que remite a aquéllas posibles causas que deriven del propio sistema de normas que regulan el juicio de amparo en su integridad o de la interpretación de éstas, conforme a las reglas establecidas en los numerales 215 al 217 de la ley referida en última instancia. Último numeral que expresamente dispone que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales y federales. En el caso concreto, la improcedencia deriva de la jurisprudencia, pues en términos de la sustentada por el más alto Tribunal del país, es así cuando en el juicio de amparo se reclama un acto que no es sino una consecuencia de otro consentido -como más adelante se evidenciará-, pues su voluntad fue el inejercicio del derecho de impugnación de manera tácita o expresa, por lo cual, los actos que derivan de él, se reputan como consentidos de aquéllos, tal como lo dispone la jurisprudencia emitida en la Quinta Época, por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, tomo VI, parte SCJN, del apéndice de 1995, del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan". También es conveniente citar la diversa jurisprudencia que sustentó el Pleno de dicho Tribunal visible en la página 12, Tesis 17, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, correspondiente a la Quinta Época, que se transcribe enseguida: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Como se aprecia de lo transcrito, deberá considerarse improcedente el amparo que se solicite contra actos que, al no ser reclamados por ocasionar en sí mismos una ilegalidad (vicio propio), resulten derivar o ser consecuencia de otros actos anteriores que resultaran consentidos por los mismos impetrantes de garantías, al no promover el amparo en contra de estos últimos, cuya hipótesis acontece en el caso a estudio. Se sostiene lo anterior, porque después de notificado el acuerdo en el que se determinó suspender preventivamente al quejoso, se dictó el similar de once de diciembre de dos mil veinte, en el que se decretó no acordar favorable dejar sin efecto la suspensión preventiva decretada. En ese sentido se estima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en la medida que tal acto constituye una consecuencia legal de un diverso acto consentido por el actor -aquí quejoso-. En efecto, los elementos para que opere la causal de improcedencia de mérito, es decir, cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos, consisten en: La existencia de un acto anterior consentido, y La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Supuestos que se obtienen de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217 - 228, Primera Parte, página 9, registro 232011, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Los apuntados requisitos, en el caso se actualizan. Es así, ya que como se advierte del escrito inicial de demanda y aclaratorio, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, fue notificada del acuerdo emitido en el expediente RE-INV./078/2020, en el cual se decretó la suspensión preventiva en el cargo que ostenta (policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito, Baja California); procedimiento que al seguirse en sus etapas, mediante escrito de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, solicitó se dejara sin efecto la suspensión preventiva decretada en su contra, por lo que mediante acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte, la autoridad responsable Sindico Procurador determinó no acordar favorablemente su petición. Por lo que es inconcuso que, en todo caso, el proveído de once de diciembre de dos mil veinte, que determinó que no había lugar de acordar su petición (dejar sin efecto la suspensión preventiva decretada en el expediente RE-INV./078/2020); es consecuencia legal y directa de lo determinado en el diverso acuerdo emitido por la responsable, en que se ordenó la suspensión preventiva del quejoso al ser sujeto del procedimiento de responsabilidad adminitrativa de donde derivan los actos reclamados y, no el de once de diciembre de la anualidad en cuestión, como lo pretende el impetrante de garantías. De ahí que, la determinación reclamada de once de diciembre de dos mil veinte, debe considerarse como un acto derivado de otro consentido, y no puede ser materia de estudio en la presente instancia, pues es evidente que su inconstitucionalidad se hace depender de un diverso acto consentido por la parte quejosa. Apoya las anteriores consideraciones, el criterio visible en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación, de cuyo contenido y rubro se desprende: "ACTOS DERIVADOS DE OTRO CONSENTIDO. LOS CONSTITUYEN LOS ACUERDOS DE LAS AUTORIDADES LABORALES QUE NIEGAN LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO O CONVENIO, SI PREVIAMENTE SE HABÍA ORDENADO EL ARCHIVO DEL ASUNTO Y NO SE PROMOVIÓ EL AMPARO INDIRECTO. El acuerdo de la autoridad laboral que ordena el archivo de un expediente implica tanto el reconocimiento de dicha autoridad del cumplimiento del laudo o convenio, como la clausura de la etapa de ejecución, y si se considera que tal determinación no está ajustada a derecho, debe impugnarse a través del amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la ley de la materia, así como de la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.". En este sentido, si no se promovió amparo indirecto contra el acuerdo que ordena el archivo del asunto, tal resolución adquiere firmeza al ser consentida tácitamente; consecuentemente, si con posterioridad se solicita la ejecución del convenio o laudo alegando que no se había cumplido correctamente, y la autoridad lo niega, y contra ella se ejercita juicio de garantías, éste debe sobreseerse por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia de la Quinta Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 17 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 12, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", en virtud de que las resoluciones que niegan este tipo de peticiones deben considerarse como actos derivados de otro consentido, al ser una consecuencia directa y necesaria de la firmeza del acuerdo que ordena el archivo del asunto". (Época: Novena Época. Registro: 176405. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006. Materia(s): Laboral. Tesis: I.12o.T.13 L. Página: 2315). De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el tomo II, Segunda Parte-1, julio - diciembre de 1988, página 48, de la octava época, registro 229692, que dice: En las condiciones apuntadas, en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV, primer párrafo y XXIII, de la Ley de Amparo, y por tanto, procede desechar la demanda amparo, promovida por Edgar Ulises Corona Jiménez. Sin que lo antes determinado contravenga el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos; pues éste no implica soslayar los aspectos de procedencia del juicio de amparo, toda vez que la interpretación del mismo, lleva a la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que la regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto; pero no para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio constitucional. Apoya a lo anterior, la tesis 1a. CCL RE-INV./078/2020VI/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del literal siguiente: Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a nueve de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado aparentemente por el quejoso Edgar Ulises Corona Jiménez, mediante el cual, pretende subsanar las prevenciones realizadas en acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintiuno; sin embargo, la firma que calza dicho escrito es notoriamente distinta a la estampada en el escrito inicial de demanda. Por tanto, a efecto de dar seguridad jurídica al provomente y evitar posibles violaciones a sus derechos fundamentales, además tomando en consideración que la manifestación de la voluntad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo, requiérase al quejoso Edgar Ulises Corona Jiménez, para que a las once horas del quince de febrero de dos mil veintiuno, comparezca con identificación oficial vigente en las instalaciones de este órgano jurisdiccional y ante la presencia del personal de este Juzgado manifieste si reconoce como propia la firma que calza el escrito inicial y el diverso que se atiende; apercibido que de ser omiso a lo anterior y no comparecer sin causa justificada, se tendrá por no presentado el ocurso de cuenta y se proveerá lo que en derecho corresponda. Tiene apoyo lo anterior, la jurisprudencia 3a. 24, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 13-15, Enero-Marzo de 1989, página 52, Octava Época, bajo el rubro y texto: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONSA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". Por lo tanto, acorde con lo establecido en el artículo 6 fracción I y 26 del Acuerdo General 21/2020, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que notifique personalmente el presente proveído a la parte quejosa, y al momento de realizar la notificación correspondiente, haga entrega del código QR generado para su comparecencia. Para lo cual, de conformidad con el Acuerdo 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid- 19, reformado por el similar 18/2020, del propio Consejo, en relación al periodo de vigencia, se deberá llevar a cabo con todas las medidas de salud, seguridad y sana distancia. Notifíquese personalmente al quejoso

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Radicación. Prevención. Ahora bien, previo acordar sobre la admisión de la demanda de amparo, es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en ésta, mandar prevenir a la parte promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, otorgándole la oportunidad para que pueda desahogarlas en tiempo, se impone precisar lo que prevén los artículos 108, fracción III y IV , así como el diverso 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.] V. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] Ahora bien, tras haber efectuado una minuciosa lectura del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa incumplió con dos de los extremos contemplados en los numerales antes transcritos, por consiguiente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérasele al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad aclare su demanda de amparo respecto de lo siguiente: Manifieste de manera clara y precisa, sin calificativos ni adjetivos, el acto que reclama a cada una de las autoridades responsables, específicamente cuál de las señaladas emitió el acuerdo de once de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que, según refiere la determinación reclamada deriva del expediente RE-INV./078/2020, indique cuál es la naturaleza del procedimiento que dio origen al mismo y por ende también de la determinación que por esta vía combate, es decir si conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California corresponde a un procedimiento de remoción del cargo o separación definitiva o bien a uno de responsabilidad administrativa. Asimismo, narre de manera pormenorizada la totalidad de los antecedentes que constituyen los actos que por esta vía combate, es decir la etapa procesal en la que se encuentra dicho procedimiento. Precise en qué etapa de procedimiento fue dictada la resolución que por esta vía combate y precise la fecha en que la misma le fue notificada. Señale qué acto le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables y especifique si les atribuye tales actos en su carácter de ordenadoras o ejecutoras; lo anterior toda vez que si bien, en el capítulo de actos reclamados refiere lo siguiente: "1) SE RECLAMA DEL SÍNDICO PROCURADOR DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, EL AUTO DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL NO QUITAR DE MANERA RÁPIDA Y CONTUNDENTE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DEL SUSCRITO, DENTRO DEL EXP. RE-INV./078/2020, TODA VEZ QUE EN FECHA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO EN CUESTIÓN. 2) SE RECLAMA DEL DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, EL AUTO DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL NO QUITAR DE MANERA RÁPIDA Y CONTUNDENTE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DEL SUSCRITO, DENTRO DEL EXP. RE-INV./078/2020, TODA VEZ QUE EN FECHA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO EN CUESTIÓN. 3) SE RECLAMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS DEL H. VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA, EL AUTO DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL NO QUITAR DE MANERA RÁPIDA Y CONTUNDENTE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DEL SUSCRITO, DENTRO DEL EXP. RE-INV./078/2020, TODA VEZ QUE EN FECHA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO EN CUESTIÓN. Por lo que se requiere para identificar de manera concreta qué acto es el que reclama y cual atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables. Luego, a pesar de la diversidad de naturaleza y contenidos de dichos actos, la parte quejosa sólo se limitó a indicar que aquellos se los atribuía a "la autoridad", pero sin hacer precisión o aclaración alguna para establecer cuál de todas las señaladas en el capítulo de autoridades responsables desplegaron tales actos, o sólo algunas de ellas. Por tanto, se estima que tal circunstancia impide fijar correctamente la litis en el presente juicio, al no tener certeza a qué autoridad en particular, se le atribuye cada uno de los actos antes destacados, o bien si a todas las autoridades por igual, se les reclaman las actuaciones de mérito. En ese orden de ideas, para cumplir el requerimiento de mérito, el quejoso deberá señalar de manera individual qué acto le reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables. Lo anterior, es necesario para que este órgano jurisdiccional pueda determinar lo relativo a la demanda que se provee, asimismo, el desahogo deberá formularlo en términos de lo previsto en el artículo 108, de la ley de amparo. De igual forma, deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio, para correr traslado a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Órgano Jurisdiccional, toda vez que resultan necesarias para ser distribuidas entre las partes y tramitar el incidente de suspensión solicitado, en términos del artículo 110, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia contenida en la tesis P./J.36/2001, Novena Época, Pleno, XIII, abril de 2001, página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibimiento. Se advierte al aquí quejoso que la afirmación de hechos falsos en la demanda de amparo hace incurrir en responsabilidad en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2005990, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Tesis: I.4o.C.27 C (10a.), Página: 1904, de rubro y texto: "PREVENCIÓN PARA SUBSANAR DEMANDA DEFICIENTE. El artículo 1390 Bis 11 del Código de Comercio fija los requisitos de la demanda. El artículo 1390 Bis 12, en igualdad con otros ordenamientos, dispone que la falta o deficiencia de alguno de ellos obliga al Juez a hacer una prevención, con el señalamiento preciso de los defectos del escrito inicial, para que el promovente los subsane dentro de tres días, y en caso de no hacerlo, el Juez la desechará. Esta obligación toca una parte esencial del procedimiento, por lo que si no se hace la prevención y después se dicta sentencia absolutoria sustentada en deficiencias de la demanda, se afectan las defensas del demandante, con trascendencia al resultado del fallo. Esto es así, porque esta actuación propende al desarrollo sano del proceso, con posibilidades reales de una resolución de fondo del litigio, de manera que el deber del juzgador es imperativo, y encuentra plena justificación en la teoría general del proceso contemporánea, en la que ya no se ve al juzgador como un mero espectador de la actuación de las partes durante el procedimiento, que al final se concreta a determinar quién ganó y quién perdió en el litigio, sino se le erige en director del proceso, y con eso, se le vincula y responsabiliza para que los procedimientos se lleven a cabo en los términos de la ley y cumplan su cometido, primero, mediante la fijación correcta de la litis, con un contenido viable para llegar, en su caso, a una sentencia de fondo, y no a un fallo inhibitorio, y después a la conducción de las demás fases, como la probatoria y la de alegatos, con el mismo propósito. Esta importante función directiva es la que se debe ejercer ante una demanda deficiente, a la que le falten los elementos indispensables de viabilidad, esto es, cuando la carencia de elementos lleve a la consecuencia de impedir, en su momento, el pronunciamiento de fondo, o afecte otras fases procesales, como la etapa probatoria; y esto es lo que sucede si en una demanda no se exponen todos los hechos necesarios de la causa de pedir, pues esa deficiencia impide que el actor aporte pruebas sobre hechos que no expuso, y al Juez lo limita, al no poder sustentar una decisión en hechos que no integran la litis. La consecuencia de su incumplimiento afecta indudablemente las defensas del quejoso, al llevarlo de antemano a un procedimiento inocuo, en el que nunca podrá obtener sus pretensiones, e inclusive, tiene la agravante de que el asunto pueda culminar con sentencia desestimatoria que produzca la cosa juzgada, que sería una consecuencia excesiva, pues el artículo 1390 Bis 12 del Código de Comercio es claro, al establecer que si no se cumple con la prevención, sólo debe desecharse la demanda, lo que no produce cosa juzgada, sino deja en aptitud a la parte demandante, de ejercer la acción en nuevo juicio." En la inteligencia, que la prevención deberá ser desahogada únicamente por la parte quejosa, puesto que el propósito del escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto es subsanar los vicios de alguna irregularidad del escrito inicial, de ahí que su escrito aclaratorio deba contar con firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados en su escrito inicial de demanda, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional; aunado a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que debe de formular el promovente. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada el 29 de agosto de 2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Así también, como lo solicita el promovente, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Marisol Ávila Vargas, ya que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. No así a Arturo Jair Lazo Damián, Karem Ortiz Hernández, Jorge Adrián López Flores, Bertha Jazmín Zermeño Salgado y Rafael Omar Navarro Ricoy, toda vez que no cuentan con su cédula profesional que los acredite o faculte para ejercer la licenciatura en derecho registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; se les autoriza en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, es decir únicamente para oír y recibir notificaciones; asimismo téngase como domicilio procesal el señalado en el escrito de demanda que se atiende. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 282 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, por su contenido la jurisprudencia 1a./J. 82/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "ACTUACIONES JUDICIALES. EL JUZGADOR DEBE SEÑALAR EXPRESAMENTE Y NO EN FORMA IMPLÍCITA O TÁCITA LOS MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA CAUSA URGENTE PARA HABILITAR DÍAS Y HORAS INHÁBILES, ASÍ COMO LAS DILIGENCIAS QUE DEBERÁN REALIZARSE (ARTÍCULOS 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 1065 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). Las facultades que la ley otorga a los juzgadores como directores del proceso están sujetas al cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación establecidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todo acto de autoridad debe respetar; por tanto, si los artículos 64 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, y 1065 del Código de Comercio, establecen igualmente que "el Juez puede habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias que hayan de practicarse.", es evidente que en atención a los requisitos constitucionales aludidos y a la literalidad de la norma, el Juez debe señalar la causa urgente en que sustenta su determinación, así como las diligencias que deberán practicarse; requisito que debe cumplir de manera expresa y no en forma implícita o tácita, por ser su obligación constitucional fundar y motivar sus determinaciones, con el objeto de que las personas, al conocer las causas que dieron origen a su determinación, puedan impugnarla a través de los medios de defensa que la legislación correspondiente establezca a su favor; ello, en aras de respetar a su vez, los derechos de seguridad y certeza jurídicas." Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Expedición de Copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. Medios electrónicos Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Expediente electrónico Finalmente, en atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Transparencia y digitalización. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, encargado del despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por oficio CCJ/ST/0031/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de Judicatura Federal, ante Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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