Edgar Jesús Montejano Martínez

Expediente 233/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
233/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Edgar Jesús Montejano Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja, dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el doce de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo décimo quinto, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero inciso a), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el doce de mayo de dos mil veinticuatro. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda, el doce de mayo de dos mil veinticuatro. En tal virtud, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, promovida por Edgar Jesús Montejano Martínez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad y de otra autoridad, por considerarlos violatorios de lo previsto en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 233/2021-C. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, fracción XIV, en ese sentido, se procede a realizar un análisis de tales aspectos. En el caso, la parte quejosa acude a esta autoridad jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados destacados, consistentes en: "De los actuarios el indebido emplazamiento al Juicio Ordinario Civil de prescripción de mala fe, tramitado bajo el índice 1002/2020 promovido por MARIA GUADALUPE LOURDES MALDONADO LOPEZ y del Juez la omisión de ordenar que el emplazamiento se haya realizado en la forma establecida por la ley y el tramite del juicio, así como todo lo actuado, destacando para los efectos de los artículos 17, 18 y 21 de la Ley de Amparo que conocí de la existencia del juicio v sus posibles consecuencias bajo protesta de decir verdad, EL PASADO 10 DE MARZO DE 2021, en virtud de que el día 08 de marzo de 2021 se publicó en boletín judicial el acuerdo de contestación de demanda, en virtud de que la C. MARIA CITLALI BELTRAN FIGUEROA presentó demanda de Juicio Sumario de Desahucio en contra de la C. MARIA GUADALUPE LOURDES MALDONADO LOPEZ, toda vez que "CITLALI", bajo protesta de decir verdad, mediante carta poder otorgada por el suscrito, realizó un contrato de arrendamiento en fecha 15 de octubre de 2016, con la C. MARIA GUADALUPE LOURDES MALDONADO LOPEZ, respecto del inmueble ubicado en Blvd. Vista Dorada, Privada Chalco número 6133 interior 48 del Fraccionamiento Las Villas Tijuana, del cual tengo la posesión jurídica y material, misma que fue debidamente emplazada en forma personal a dicho juicio radicado ante el juzgado Noveno de lo Civil de este partido judicial, bajo el número de expediente 1493/2020, por tanto la C. MARIA GUADALUPE LOURDES MALDONADO LOPEZ presentó su escrito de contestación de demanda en el citado juicio y dentro del cuerpo del mismo, manifestó haber presentado una demanda de prescripción positiva de mala fe, respecto del bien inmueble anteriormente descrito, por lo tanto ese día, es decir, el día 10 de MARZO DE 2021 fue que me hizo sabedor del juicio interpuesto." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, hacerse sabedor del acto reclamado el diez de marzo de dos mil veintiuno, pues manifiesta que el ocho de marzo de del año en curso, se publicó en boletín judicial, el acuerdo del cual deriva el acto materia de reclamo. Por tanto, este juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea. Al respecto, los artículos 17, 18 y 61 fracciones XIV, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Los preceptos legales transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo, será de quince días, el que se contará, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie, como se dijo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, en su capítulo de acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad hacerse sabedor del mismo el pasado diez de marzo de dos mil veintiuno, pues manifiesta que el ocho de marzo de del año en curso, se publicó en boletín judicial, el acuerdo del cual deriva el acto materia de reclamo. Manifestación a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2°, párrafo segundo. Por tanto, si la parte quejosa estuvo en posibilidad de inconformarse con el mismo, a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedora, esto es, desde el once de marzo de dos mil veintiuno, resulta evidente que el término de quince días con el que contó la parte promovente para presentar juicio de amparo transcurrió en exceso, al haber presentado su escrito de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el nueve de abril de dos mil veintiuno, por tanto, el término de quince días trascurrió del once al seis de abril del presente año, sin contar los días inhábiles, por tanto dicho plazo de quince días le feneció el seis de abril del año en curso. Luego, es evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa, se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que resulta, que transcurrió en exceso el plazo de los quince días hábiles con el que legalmente contaba para la presentación de la demanda de amparo, por lo que la misma fue hecha en forma extemporánea. En consecuencia, si de las manifestaciones vertidas por la parte promovente se advierte que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue el diez de marzo de dos mil veinte, es inconcuso que tales manifestaciones entrañan en una confesión espontánea, que por esa razón tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que la demanda que nos ocupa resulta extemporánea, por no haber sido presentada dentro del término de quince días que al efecto establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y que, por tanto, da lugar a que se actualice de manera notoria e indudable la improcedencia del juicio en términos del multicitado artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Por todo lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18, 107, fracción II y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Edgar Jesús Montejano Martínez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; determinación que se toma, además, en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Señalamientos de autorizados y domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier López López, Nuria Jackelyn Rabay Lomelin y Blanca Emilia Manzo Sanz, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los de nombre Almara Denisse Valenzuela Villa e Alejandro Limón Olague. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico. En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    a las nueve horas del veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se hace constar que en virtud de que la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al quejoso, el auto de fecha doce de abril de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio de amparo 233/2021, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, a doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta, promovida por Edgar Jesús Montejano Martínez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad y de otra autoridad, por considerarlos violatorios de lo previsto en los artículos 1°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 233/2021-C. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, fracción XIV, en ese sentido, se procede a realizar un análisis de tales aspectos. En el caso, la parte quejosa acude a esta autoridad jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados destacados, consistentes en: "De los actuarios el indebido emplazamiento al Juicio Ordinario Civil de prescripción de mala fe, tramitado bajo el índice 1002/2020 promovido por MARIA GUADALUPE LOURDES MALDONADO LOPEZ y del Juez la omisión de ordenar que el emplazamiento se haya realizado en la forma establecida por la ley y el tramite del juicio, así como todo lo actuado, destacando para los efectos de los artículos 17, 18 y 21 de la Ley de Amparo que conocí de la existencia del juicio v sus posibles consecuencias bajo protesta de decir verdad, EL PASADO 10 DE MARZO DE 2021, en virtud de que el día 08 de marzo de 2021 se publicó en boletín judicial el acuerdo de contestación de demanda, en virtud de que la C. MARIA CITLALI BELTRAN FIGUEROA presentó demanda de Juicio Sumario de Desahucio en contra de la C. MARIA GUADALUPE LOURDES MALDONADO LOPEZ, toda vez que "CITLALI", bajo protesta de decir verdad, mediante carta poder otorgada por el suscrito, realizó un contrato de arrendamiento en fecha 15 de octubre de 2016, con la C. MARIA GUADALUPE LOURDES MALDONADO LOPEZ, respecto del inmueble ubicado en Blvd. Vista Dorada, Privada Chalco número 6133 interior 48 del Fraccionamiento Las Villas Tijuana, del cual tengo la posesión jurídica y material, misma que fue debidamente emplazada en forma personal a dicho juicio radicado ante el juzgado Noveno de lo Civil de este partido judicial, bajo el número de expediente 1493/2020, por tanto la C. MARIA GUADALUPE LOURDES MALDONADO LOPEZ presentó su escrito de contestación de demanda en el citado juicio y dentro del cuerpo del mismo, manifestó haber presentado una demanda de prescripción positiva de mala fe, respecto del bien inmueble anteriormente descrito, por lo tanto ese día, es decir, el día 10 de MARZO DE 2021 fue que me hizo sabedor del juicio interpuesto." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, hacerse sabedor del acto reclamado el diez de marzo de dos mil veintiuno, pues manifiesta que el ocho de marzo de del año en curso, se publicó en boletín judicial, el acuerdo del cual deriva el acto materia de reclamo. Por tanto, este juzgado de Distrito considera que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea. Al respecto, los artículos 17, 18 y 61 fracciones XIV, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Los preceptos legales transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo, será de quince días, el que se contará, a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En la especie, como se dijo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, en su capítulo de acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad hacerse sabedor del mismo el pasado diez de marzo de dos mil veintiuno, pues manifiesta que el ocho de marzo de del año en curso, se publicó en boletín judicial, el acuerdo del cual deriva el acto materia de reclamo. Manifestación a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2°, párrafo segundo. Por tanto, si la parte quejosa estuvo en posibilidad de inconformarse con el mismo, a partir del día siguiente en que haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedora, esto es, desde el once de marzo de dos mil veintiuno, resulta evidente que el término de quince días con el que contó la parte promovente para presentar juicio de amparo transcurrió en exceso, al haber presentado su escrito de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el nueve de abril de dos mil veintiuno, por tanto, el término de quince días trascurrió del once al seis de abril del presente año, sin contar los días inhábiles, por tanto dicho plazo de quince días le feneció el seis de abril del año en curso. Luego, es evidente que la presentación de la demanda que nos ocupa, se realizó fuera del término de quince días que al efecto prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, lo que resulta, que transcurrió en exceso el plazo de los quince días hábiles con el que legalmente contaba para la presentación de la demanda de amparo, por lo que la misma fue hecha en forma extemporánea. En consecuencia, si de las manifestaciones vertidas por la parte promovente se advierte que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue el diez de marzo de dos mil veinte, es inconcuso que tales manifestaciones entrañan en una confesión espontánea, que por esa razón tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que la demanda que nos ocupa resulta extemporánea, por no haber sido presentada dentro del término de quince días que al efecto establecen los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, y que, por tanto, da lugar a que se actualice de manera notoria e indudable la improcedencia del juicio en términos del multicitado artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Por todo lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, 18, 107, fracción II y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Edgar Jesús Montejano Martínez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; determinación que se toma, además, en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Señalamientos de autorizados y domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier López López, Nuria Jackelyn Rabay Lomelin y Blanca Emilia Manzo Sanz, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los de nombre Almara Denisse Valenzuela Villa e Alejandro Limón Olague. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a los actuarios de este Juzgado, para que notifiquen el presente proveído, así como las subsecuentes actuaciones que se dicten dentro del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico. En atención al Acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los diversos Acuerdos Generales Conjuntos 1/2009 y 1/2015, ambos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al contenido del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.

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