Edgar Ulises Alcantar Sepulveda
Expediente 935/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Edgar Ulises Alcantar Sepulveda
Actuaciones
- Principal
CUENTA. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la demanda de amparo promovida por Edgar Ulises Alcantar Sepulveda, José Antonio García Mendosa, Hugo Cezar Aguirre Veisa, Ricardo Mendoza Lozuna, Sergio de Jesús Mendes Hernández, Pedro Gustavo Holez García, Misael Vidal Zamudio y Julio César Salgado Miranda, con registro 5953. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de marzo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Ulises Alcantar Sepulveda, José Antonio García Mendosa, Hugo Cezar Aguirre Veisa, Ricardo Mendoza Lozuna, Sergio de Jesús Mendes Hernández, Pedro Gustavo Holez García, Misael Vidal Zamudio y Julio César Salgado Miranda, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 occidente, con domicilio en El Salto, Jalisco. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 935/2018, que por su orden le corresponde, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. COMPETENCIA. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que se tiene como actos reclamados los siguientes: Falta de proporcionar a los quejosos calzado deportivo, zapatos y ropa deportiva, así como la falta de atención médica y la solicitud que hacen los quejosos respecto a que se les proporcionen los alimentos adecuados en base a estudios nutritivos y cantidad suficiente. De los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco. Ahora bien, en términos de los artículos 37, párrafo primero y 48, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional carece de la competencia legal para conocer de la demanda de referencia. En efecto, en el numeral 37 invocado se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1. Será competente el juez de Distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales es que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, pero el primero de los supuestos sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; y el segundo alude a que la ejecución pueda realizarse o se realice en más de un Distrito. En cambio, la tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito donde se haya presentado la demanda. De esto, podemos concluir que la intención del legislador, al fijar la competencia de los jueces de Distrito en función de la ejecución material del acto reclamado, o bien, a elección del promovente cuando carezca de esa ejecución (donde presente la demanda), fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de Distrito, al más cercano, lo que varía atendiendo a si está en los dos primeros supuestos, donde se busca la defensa inmediata contra el acto de autoridad, a fin de detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a la ley de la materia, o bien, acercar el juicio constitucional al lugar en que el gobernado decida presentar la demanda, tratándose de actos que no requieran ejecución material. Bajo este contexto, es claro que se actualiza la primera hipótesis de competencia prevista en el arábigo 37 de la Ley de Amparo, esto es, es competente el Juez de Distrito del lugar en que los actos reclamados tengan ejecución, siendo éste Zapopan, Jalisco; y, por ende, en razón del territorio, este tribunal federal es legalmente incompetente para conocer de la demanda de cuenta. Lo anterior, considerando que el lugar donde se están ejecutando los actos reclamados es en el municipio denominado El Salto, Jalisco; además, los actos que se reclaman son de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquellos, pues lo que pretenden los quejosos de mérito al promover el amparo es recibir calzado deportivo, zapatos y ropa deportiva, así como la atención médica y una dieta alimenticia adecuada, de manera que las consecuencias de la decisiones que se efectúen, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentren internos. Tiene aplicación por su idea jurídica substancial la tesis II.2º.P.16 k (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página 2093, del Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por los quejosos, es competencia del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Jalisco; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia planteada. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a los quejosos, para el efecto de que estos reciban de manera inmediata la atención médica integral necesaria para el restablecimiento de su salud médica, así como también para que reciban una dieta alimenticia adecuada, garantizando en todo momento su integridad física (salud y vida), debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Para lo cual gírese oficio al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco quien deberá prever de manera urgente sobre la suspensión de plano decretada en favor de los quejosos, con las condiciones que garanticen su salud, lo que deberá justificar bajo su más estricta responsabilidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 158 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen sobre el cumplimiento dado a esta medida suspensiva, debiendo remitir las constancias relativas, apercibida que en caso de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Toda vez que los quejosos no designaron representante común, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, éste juzgado designa como tal a Edgar Ulises Alcantar Sepulveda, sin perjuicio que el juez al que este juzgado declinó la competencia, una vez pronunciado sobre la misma, pueda designar a algún otro, o bien, lo designen los propios quejosos; por tanto, dado que señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar de su reclusión y manifiestan que se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente", ubicado en El Salto, Jalisco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con residencia en Zapopan en Turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho centro penitenciario, y notifique únicamente al representante de los referidos quejosos, la presente determinación, informándole la suspensión de plano decretada por este Juzgado Federal. Lo anterior, no obstante que los quejosos solicitan que dicha notificación se les practique a cada uno e ellos, por los motivos expuestos en su demanda, pero no ha lugar a proveer tal petición, pues éste juzgado considera que el aquí nombrado como su representante, sí puede hacer del conocimiento de los demás quejosos de este determinación, en las áreas comunes con que cuenta el Centro Federal de Readaptación Social en el que se encuentran internos. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. En particular, en conformidad con el principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 constitucional, comuníquese vía correo electrónico el presente oficio al director del citado centro penitenciario, a efecto de que pueda acatar de inmediato la suspensión decretada y certifíquese su recepción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
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