Edgar Pérez Caro

Expediente 1118/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1118/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Edgar Pérez Caro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, mediante el cual informa que el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del estado de Zacatecas exhibió un cheque número 0001183, a favor de Edgar Pérez Caro, por la cantidad de $776,119.53 (setecientos setenta y seis mil, ciento diecinueve con cincuenta y tres centavos), como pago de la condena establecida en la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, de dichas copias certificadas, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama la omisión de la Secretaría de Finanzas de exhibir la cantidad condenado al Ayuntamiento del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas dentro del juicio laboral 108/2016 y la omisión de asegurar el cumplimiento de la resolución correspondiente a dicho juicio. Sin embargo, el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, adjuntó copia certificada del oficio PF/2333/2023 signado por el Subprocurador Fiscal de la Secretaria de Finanzas del estado de Zacatecas, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento hecho por el Tribunal Laboral dentro del expediente 108/2016 le remitió el cheque 0001183, por la cantidad de $ 776,119.53 (setecientos setenta y seis mil, ciento diecinueve con cincuenta y tres centavos), a favor de Edgar Pérez Caro, mismo que fue recibido por este último el quince de noviembre del año en curso. Por tanto, al haberse cumplido el requerimiento emitido por el Tribunal Laboral, y al haber sido exhibido el cheque y entregado a la parte actora en el juicio natural, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular y en consideración a la etapa en que se encuentre dentro del procedimiento laboral, conforme se indica en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De ahí que, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a éste el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse emitido convenio entre las partes y sentencia definitiva, no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie se ha actualizado la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés); por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente. ...

  2. Principal

    .... Zacatecas, Zacatecas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, firmada por Nora Mijares Alba, Síndico Municipal de Juan Aldama, Zacatecas, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), en relación con el 11, de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado al presente juicio de amparo con el carácter de tercero interesado; y como domicilio para tal fin el que señala en su ocurso, y por así solicitarlo la promovente, se tiene como autorizados de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la ley reglamentaria en consulta a los licenciados Martín Balderas Lugo (2006769), Amparo Cornejo Álvarez (1952284) y Liliana Torres Gutiérrez (8645214), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente a Melissa Balderas Cornejo, Jorge Arturo Villagrana Salazar y Norma Verónica Cruz Carrillo. Finalmente, dese vista al tercero interesado en comento con el informe justificado que obra en autos para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. ...

  3. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cincuenta y cinco minutos de este día, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; no obstante, se advierte que en proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, con el que se ordenó dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. A fin de dar tiempo a que transcurra el término de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido de tales constancias, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese. ...

  4. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas; sin perjuicio de hacer relación nuevamente en el desahogo de la audiencia respectiva. Con su contenido, dese vista a las partes, para que en el término de ocho días manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como prueba de la referida autoridad la constancia que adjunta; pruebas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogada, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Dado su volumen fórmese un tomo de pruebas. Notifíquese. ...

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