Edgar Rodriguez Vazquez

Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
633/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Edgar Rodriguez Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso Edgar Rodríguez Vázquez no recurrió el auto de desechamiento dictado por este juzgado el veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Esto, debido a que fue notificado por medio de exhorto el uno de septiembre del año en curso, por lo que dicho plazo transcurrió del cinco al nueve de septiembre del presente año. Sentado lo anterior, se declara que el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    Téngase recibido el oficio 24773/2022, enviado vía interconexión y firmado electrónicamente por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto E-245/2022-III-A, derivado del juicio de amparo en que se actúa, en el que se le solicitó notificar al quejoso ********************, el auto de veintitrés de agosto del año en curso; en atención a su contenido, se ordena agregar en autos para que obre como corresponda. Finalmente, hágase la anotación que corresponda en el libro de gobierno relativo, respecto a la diligenciación de la comunicación oficial que nos ocupa.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio número 18621/2022, firmado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual, en desahogo del requerimiento formulado en memorial 15771/2022 de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, remite las constancias solicitadas; libelo que se ordena agregar en autos para los efectos legales a que haya lugar. En atención a las consideraciones vertidas por la autoridad oficiante en el comunicado que se atiende, así como en el diverso 16115/2022, este juzgado asume el conocimiento del juicio de amparo y acepta la competencia declinada. Acúsese recibo a la autoridad oficiante. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, se formaron los expedientes impreso y electrónico, radicándose éstos con el número 633/2022. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. El citado precepto 113, del cuerpo normativo en cita, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De ello se sigue que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, y admitir a trámite demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia de que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e "indudable", cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVI, Julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito inicial de demanda de amparo se colige que la parte quejosa señaló como actos reclamados lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. A.- SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. Se le reclama las retenciones o descuentos a mi sueldo o pago, lo cual es ilegal e inconstitucional ya que conforme a los artículos 1º, 3º, 4º, 6º, 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123 constitucionales, que protegen el derecho de las personas a un núcleo de protección mínima que les garantice una subsistencia digna y autónoma, además no están autorizados por alguna ley, por lo que son nulos, no permitidos, no los autoriza alguna ley interna o externa. Descuentos que ejecutan, ordenan y solicitan se realicen, así mismo ordenan a sus órgano y directores lo ordenen y realicen, ya que al entregar el numerario percepción de mi salario vienen reflejados dichos descuentos y se me entrega una cantidad irrisoria después de dichos descuentos. A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, reclamó que efectué los descuentos de mi salario que el mismo y la misma secretaría ordene, enviando las nóminas y recibos donde figuran los descuentos, por lo que el presente amparo es con el efecto de que ya no se continué realizando dichos descuentos anticonstitucionales, por lo que pido ya no entregue los descuentos ni los realice, debiendo depositar el sueldo íntegro y completo que me corresponda por ley como y trabajador. Por lo que me han afectado en mi esfera patrimonial y personal y he sido molestado en mis derechos y persona al realizar descuentos a mi salario los cuales se ven reflejados en los talones que anexo, privándome de mis derechos fundamentales de audiencia y legalidad y propiedad." Asimismo, en escrito aclaratorio refirió bajo protesta de decir verdad, textualmente lo siguiente: ".Vengo precisando que sí celebre contratos o convenios con alguna institución financiera que pudiera originar las retenciones o descuentos que aduzco aparecen en los recibos." Ahora bien, el juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior se advierte que una autoridad, para efectos del juicio de amparo, es el órgano público que emite, ordena, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omite un acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. Sobre ese punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis P. XXVII/97, que puede ser consultada en la página 118, del tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199459, en la que definió lo que en la corriente institucional administrativa debe considerarse, para efectos del amparo, como autoridad, en los términos siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a. /J. 164/2011, localizable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo 18/02/24 son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, para dar mayor claridad a lo expuesto, cabe señalar que, entre los particulares y el Estado, o alguno de sus órganos, se pueden establecer dos tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) Las de supra a subordinación, que surgen entre un particular y el Estado o alguno de sus órganos, y tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad con que actúa el ente público; se trata de actos unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, sin la necesidad de acudir ante los tribunales jurisdiccionales y al margen del consenso de la voluntad del afectado; es decir, derivan de facultades de decisión reconocidas en la ley, por lo cual emanan del ejercicio de una potestad administrativa que es irrenunciable, que se traduce en auténticos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la causa de ese imperio; así que al realizar tales actos, el Estado o alguno de sus órganos lo hacen en ejercicio de su poder imperativo, a través de actos que de manera unilateral modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas; y, b) Las de coordinación, que son los vínculos que entablan por una diversidad de causas, una persona física o moral y el Estado o alguno de sus órganos, que se caracterizan por tratarse de actos que se despliegan en un plano de igualdad, de tal manera que el órgano público, al intervenir en tales actos, se despoja de su imperio y actúa en su faceta de derecho privado, tal y como lo hace un particular, lo que destaca la bilateralidad en el funcionamiento de esas relaciones; de ahí que cualquier controversia que se suscite en esos términos debe ser resuelta por los tribunales jurisdiccionales establecidos legalmente, dado que las actuaciones del ente público no pueden considerarse como actos de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y del Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, ambos con sede en Culiacán, Sinaloa, la orden, solicitud y ejecución de la retención o descuentos a su sueldo que aparecen en el comprobante de pago 221104370, los cuales se advierten fueron realizados con motivos de créditos que contrató con diversas empresas particulares, tal como lo reconoció en su escrito aclaratorio. Máxime que señala como tercero interesado a la empresa "Total Credit, S.A. de C.V.", de tal manera que los descuentos reclamados derivan de un contrato o crédito celebrado con la citada persona moral, y no devienen arbitrarios por parte de las autoridad responsables que señala en su libelo de demanda. Por tanto, es claro que dichas dependencias no actúan como autoridades para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, los descuentos reclamados no son combatibles a través del juicio constitucional, sino que se está en presencia de reclamo que tiene que ver con la relación laboral que existe entre la quejosa como trabajador del Gobierno del Estado de Sinaloa, en su carácter de patrón, particularmente los descuentos y/o deducciones que se aplican a su salario; por lo que el ente que fue señalado como autoridad responsable sólo actúa en su función de patrón, por lo que se encuentra en un plano de igualdad con el quejoso, sin la posibilidad de actuar con imperio; por lo que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia. Lo que se constata del contenido del artículo 113 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, que expresamente dispone: "Corresponde al Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y resolución de los conflictos que se susciten entre las entidades públicas y sus trabajadores o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas". En ese contexto, es evidente que la relación jurídica surgida entre la parte trabajadora y la dependencia pública para la que presta sus servicios no corresponde al ámbito de supra subordinación, sino que se trata de una relación laboral de coordinación. Al respecto, es ilustrativa, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia VII.2o.C. J/28, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 2360, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Civil, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 168203, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad". Lo anterior, al margen de que pudiese actualizarse además la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso otorgó su consentimiento para que la señalada como responsable efectuara descuentos vía nómina con motivo de los créditos a que se alude en su escrito aclaratorio de demanda de amparo, de modo que no puede ahora desconocer los efectos de la conducta que exteriorizó de manera libre y espontánea ante la señalada como responsable. No obstante lo anterior, previo cumplimiento de las reglas y presupuestos correspondientes, quedan a salvo sus derechos de inconformarse ante las autoridades comunes de la materia que conozcan de la relación laboral entre la quejosa y las señaladas como autoridades responsables, para que haga valer las violaciones o incumplimientos que reclama en su demanda. En consecuencia, se reitera, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, con apoyo en lo establecido en su diverso ordinal 113, SE DESECHA DE PLANO EL PRESENTE JUICIO. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado Hugo Quintero Ortega, quien tiene su cédula profesional 9862265, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, por así haberlo solicitado, y únicamente para oír y recibir notificaciones por no contar con dicho requisito Juan Luis Astengo Urtusuastegui, Gabriela López Placencia, Manuel Enrique Toledo Soto y Valeria Guadalupe Lizárraga Aguilar. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, se le tiene señalando el correo Juan-au72@hotmail.com, asimismo, el número telefónico 6671-05-85-56, como medios de comunicación no procesales. NOTIFICACIÓN QUEJOSO POR EXHORTO. Ahora bien, toda vez que el quejoso Edgar Rodríguez Vázquez, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones calle Mariano Escobedo 361 oriente, colonia Centro, planta alta, en Culiacán, Sinaloa. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los arábigos 26, fracción I, inciso c), 27, fracción Il, y 116 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento primeramente invocado, se ordena girar atento exhorto vía electrónica, a: Juez de Distrito en turno, en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán. A fin de que en auxilio y por comisión de las labores de este órgano jurisdiccional, le notifique personalmente el presente proveído y lo requiera para señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal se les practicaran por lista. Se faculta a la autoridad requerida para que lleve a cabo la diligencia incluso en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Sin que resulte necesario el ACUSE DE RECIBO, toda vez que al realizarse el envío electrónico de la comunicación oficial de referencia, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes generará la papeleta de turno y este juzgado tendrá conocimiento de a quién corresponderá conocer del presente exhorto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."

  4. Principal

    Téngase recibido el oficio 529-III-CECPA-DAB- (IIM)-20570, signado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, autoridad indicada como superior jerárquico de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Ciudad de México, en el cual manifiesta que mediante oficio 529-III-CECPA-DAB- (CADM)-20239, conminó a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en Ciudad de México, a cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, por lo que se tiene por satisfecho el requerimiento formulado en proveído de siete de junio del año en curso. Memorial y anexo que se agrega para que obre como corresponda.

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