Edgar Roberto Monsivais Medina
Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Edgar Roberto Monsivais Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Téngase recibido el oficio signado por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia en Delitos Contra la Familia de la Región Sur, con sede en esta ciudad, a través del cual pretende rendir informe justificado; comunicado que en atención a su contenido y a lo acordado el veintiocho de octubre del año en curso únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda.
- Incidental
Visto el estado de los autos y a fin de ordenar el destino del incidente de suspensión en que se actúa, se estima necesario remitirse a los autos del juicio de amparo 360/2022, del cual deriva la presente incidencia, mismo que se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para quien esto provee, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del cual se desprende que en auto de la fecha en que se actúa se ordenó el archivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es depurable, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. Por otro lado, en atención al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que deriva. Por otra parte, se advierte que en proveído de veinticinco de mayo del año en curso, el quejoso Edgar Roberto Monsiváis Medina, exhibió billete de depósito N 883573, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de cumplir con la garantía que se le fijó para que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue concedida. Tomando en consideración lo anterior, así como lo determinado en las líneas que anteceden, en sentido de que el original de la incidencia en que se provee es depurable y que lo fallado en el juicio de origen causó estado en la data en que se actúa; con fundamento en lo establecido por el artículo décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se previene a la parte quejosa para que acuda a este juzgado federal, dentro del plazo de noventa días naturales, con documentación oficial que la identifique plenamente, a recoger el billete de referencia. Asimismo, formúlese apercibimiento a la peticionaria del amparo en el sentido de que de no presentarse a recoger el billete de mérito en el lapso de dos años, éste prescribirá a favor del erario federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación, que a letra dice Los depósitos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal constituidos en dinero o en valores, inclusive los intereses que en su caso generen, prescribirán a favor del Fisco Federal en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente pudo exigirse su devolución por el depositante.; los cuales se computarán a partir del cinco de octubre de dos mil veintiuno, esto es, el día en que se ordenó el archivo en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que en diligencia de veintisiete de los cursantes, compareció ante este juzgado el quejoso a fin de ratificar el escrito de desistimiento presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de octubre del año en curso. En razón de lo anterior, y tomando en consideración que el veintiuno de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario, y toda vez que al desistirse ha cambiado el estado procesal del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al directo agraviado desistiendo de la demanda que dio origen a este juicio, por así convenir a sus intereses. Por lo que, de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Amparo, se deja sin efecto legal el sobreseimiento de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, y como consecuencia, SE SOBRESEE en el presente juicio. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2.a/J.33/2000, de rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA." Así como la jurisprudencia 2a./J. 82/2016 que dice: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. No obsta a lo anterior, la circunstancia de que en el presente asunto ya se haya emitido una determinación en torno al acto reclamado, toda vez que, como lo establece el citado numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, el quejoso conserva su derecho para desistirse de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y por su parte el órgano de control constitucional que esté conociendo del amparo, o en su caso de la revisión, tiene el deber ineludible de aceptar esa renuncia, con la única condición de que la referida sentencia no haya causado ejecutoria. Por lo antes anotado, la presente resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es DESTRUIBLE, a partir de los tres años del presente acuerdo de archivo. Finalmente, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I, inciso a) del artículo 18, invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en el referido incidente. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
Téngase recibido el oficio signado por la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el diecinueve de los cursantes, se dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado al quejoso Edgar Roberto Monsivais Medina, por el hecho constitutivo del delito de violencia familiar y lesiones dolosas agravadas por relación familiar, calificadas por haberse cometido con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241 Bis y 241 bis C, Fracción II, así como los diversos 135, 136, fracción I, 138, 139, fracción I, párrafo segundo y 140, todos del Código Penal vigente del Estado de Sinaloa, en agravio del orden de la familiar y la salud personal de Alma Rosa Monsiváis Medina, quedando firme en la misma data, de conformidad con el artículo 412 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, se advierte que en la demanda de amparo que dio origen a este juicio, Edgar Roberto Monsivais Medina hizo consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: la posible orden de aprehensión librada en mi contra, con la que se pretende privarme de la libertad personal en una causa penal cuyo número de expediente es 5/2021, por el delito de violencia familiar y donde se señala como ofendida a mi hermana la C. Alma Rosa Monsiváis Medina." El suscrito juzgador estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Del aludido numeral se desprende la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo, al quedar sustituido por otro cuya sola existencia introdujo un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y que provoca que las posibles violaciones cometidas en este deban estimarse irreparablemente consumadas por no poder decidir en el procedimiento constitucional de que se trate, sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente. Ese cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En la especie el quejoso reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra por la Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en la causa penal 5/2021 de su índice, por el delito de violencia familiar y lesiones dolosas agravadas por relación familiar, calificadas por haberse cometido con ventaja, previsto y sancionado por los artículos 241 Bis y 241 bis C, Fracción II, así como los diversos 135, 136, fracción I, 138, 139, fracción I, párrafo segundo y 140, todos del Código Penal vigente del Estado de Sinaloa, en agravio del orden de la familiar y la salud personal de Alma Rosa Monsiváis Medina. Lo que se corrobora del contenido del oficio remitido por la aludida autoridad judicial responsable y las pruebas documentales y disco compacto que acompañó al mismo -los cuales cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que fueron emitidos por una autoridad legalmente facultada para ello-. Lo que pone de manifiesto el cambio en la situación jurídica del justiciable, que torna improcedente el análisis de las determinaciones que inicialmente fueron reclamadas en el presente juicio de amparo. Esto es así, toda vez que la orden de aprehensión (que motivó este juicio de amparo) fue sustituida en virtud de la emisión de la sentencia condenatoria, propiciando que sea ahora esa nueva determinación, es decir, la sentencia condenatoria, la que se traduce en un acto de molestia para el quejoso y no la referida orden de aprehensión, cuyas posibles violaciones -en caso de que hubieran existido- deben considerarse irreparablemente consumadas, puesto que esa decisión jurisdiccional es la que actualmente rige el procedimiento natural. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Así como la tesis aislada II.2o.P.20 P (10a.), que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, se SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, y se dejan sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación en la especie la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 9/98, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- De igual manera, brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Finalmente, hágase saber a las partes que los criterios invocados en el presente auto no contravienen lo previsto en el artículo sexto transitorio del Decreto que se expidió la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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