Edgar Rodríguez Lara y Otros.
Expediente 1762/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1762/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/12/2018
Partes del expediente
- Edgar Rodríguez Lara y Otros.
- Gabino Flores López y Otros.
- Edgar Rodríguez Lara
Actuaciones
- Principal
iii) Toluca, Estado de México; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta, a través del cual los quejosos Edgar Rodríguez Lara, Gabino Flores López y Leodegario Bonifacio Martínez, solicitan la devolución de los documentos exhibidos con su escrito inicial de demanda. En atención a su solicitud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvanse al promovente los documentos exhibidos y, en su lugar déjese copia certificada de los mismos, previa comparecencia y firma que obre en autos; asimismo, se tienen por autorizados a las personas referidas para los efectos precisados. En el entendido que quién se presente a recogerlos, deberá exhibir copia de su identificación para ser certificada por el secretario. Notifíquese.
- Principal
III-Toluca, Estado de México; once de diciembre de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Edgar Rodríguez Lara, Gabino Flores López y Leodegario Bonifacio Martínez, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1762/2018-III Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que de una lectura integra al escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en los acuerdos décimo tercero y décimo cuarto en los cuales la responsable los requirió para que dentro del plazo de diez días, exhibieran documentos para acreditar el interés que protegen en el juicio, así como no se acordó favorable córreles traslado de la demanda ya que no habían sido señalados como demandados por la parte actora, dentro del expediente 428/2017; con lo que se les genera un perjuicio en su calidad de terceros extraños a juicio. Ahora, para efectos del amparo, por persona tercera extraña a juicio debe entenderse aquel individuo que sin ser parte material en un procedimiento respectivo resiente una afectación en su esfera jurídica con la ejecución de las resoluciones dictadas dentro de aquél. En ese sentido, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, particularidades diversas que los distinguen, pues mientras en el primer supuesto su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, el segundo es aquella persona que es sujeto de la relación procesal, por ser demandado, pero no fue emplazado o fue emplazado incorrectamente. En la especie, los quejosos se ostentan como personas terceras extrañas en estricto sentido, pues aducen que no son parte en el juicio 428/2017, del control del Tribunal Unitario Agrario Veinticuatro donde se ventilan asuntos relativos a sus propiedades en el poblado de San Jerónimo Ixtapantongo, municipio de Ixtlahuaca, Estado de México; empero, se les previno para que acreditaran con documento idóneo el interés que protegen en el juicio, así como el hecho de que no se les corrió traslado de la demanda por no haber sido señalados como demandados, lo cual les genera agravio. Ahora, si los quejosos se ostentan como terceros extraños en virtud de una afectación a sus bienes, es necesario probar su interés jurídico con la demostración plena que tiene una afectación a su esfera jurídica, pues de lo contrario, carecerán de un agravio personal directo que apoye dicha afectación para que sea susceptible de ser protegida a través del juicio de amparo. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la ley de la materia, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir que, como requisito para la procedibilidad del mismo, debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, que un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal se vea afectado por un acto de autoridad, ocasionándole un perjuicio a su titular. Así, el interés jurídico resulta de la unión de las siguientes condiciones. Un interés reconocido y tutelado por la ley, y Esta protección legal se resuelva en la actitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. El interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por esa razón, el peticionario de amparo debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se acredita, el juicio de amparo resulta improcedente. Establecido lo anterior, debe decirse que la afectación al interés jurídico es un presupuesto indispensable para lograr la procedencia del juicio de amparo; de tal manera que si lo reclamado es los acuerdos décimo tercero y décimo cuarto en los cuales la responsable los requirió para que dentro del plazo de diez días, exhibieran documentos para acreditar el interés que protegen en el juicio, así como no se acordó favorable córreles traslado de la demanda ya que no habían sido señalados como demandados por la parte actora, dentro del expediente 428/2017, para justificar esa afectación o perjuicio, es necesario que, quien pide amparo demuestre que la afectación a su esfera jurídica, es decir, que tenga un acto jurídico válido como causa generadora de ese derecho alegado. Lo que no lesiona ningún derecho sustantivo de los quejosos, pues carecen de agravio personal y directo para promover la acción constitucional, habida cuenta que los actos reclamados no les causan agravio material en su esfera jurídica, pues en el expediente de origen únicamente se les requirió para que acreditaran el interés con el que comparecían a dicho juicio y no acordar favorable correrles traslado de la demanda por no haber sido señalados por la actora como demandados; sin embargo es evidente que el acto que aquí reclama no les causa un agravio personal y directo, pues no se vulnera su esfera jurídica, ya que no se está dilucidando alguna cuestión de la propiedad o posesión del inmueble, ni se advierte algún uso de la fuerza pública parar entrar a su domicilio o algún otro acto de molestia similar, o se niegue intervención en el juicio. Pues únicamente se les previno para demostrar con documento idóneo su interés jurídico en el juicio, lo que no debe confundirse con una determinación como a manera de ejemplo, pudiera ser una resolución en la que se determine no ha lugar a darles intervención en el juicio, y el segundo acto es consecuencia del primero, es decir si no han acreditado ese interés y no fueron señalados por el actor no hay motivo legal para córreles traslado al juicio cuando no son parte, y de igual forma no les perjudica pues no se advierte una determinación en definitiva sobre su personalidad. Además, se robustece la idea de que no les genera perjuicio el hecho de que señalaran: más adelante con fecha veintiuno de noviembre del año que transcurre los suscritos dimos cumplimiento a la prevención decretada en la audiencia de fecha seis de noviembre esto en el expediente 428/20117 De lo que se advierte dieron cumplimiento incluso a lo que les molestaba y ya tienen el carácter de terceros En otras palabras, la sola emisión del acto reclamado no genera una afectación real, actual y directa en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues la materialización de esa determinación está condicionada a que los promoventes cumplan o no con lo solicitado en el procedimiento de origen y, en su caso, la afectación a un derecho sustantivo de los quejosos; por tanto, se estima que respecto del acto reclamado, la parte quejosa carece de una afectación personal y directa Así, es válido concluir que el quejoso no ha sufrido algún real y actual menoscabo en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1o. y 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe declararse improcedente. Por ello, es de considerar que no se demostró el presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, exigido por el artículo 6° de la Ley de Amparo, el que dispone que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, y dado que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda promovida por Edgar Rodríguez Lara, Gabino Flores López y Leodegario Bonifacio Martínez, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, por notoriamente improcedente. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Félix Olivares Gutiérrez, Vicente Antonio Aurelia y Odila Jaimes Aguirre. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente a los quejosos
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