Edgar Raul Cruz Torres
Expediente 1063/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2018
Partes del expediente
- Edgar Raul Cruz Torres
Actuaciones
- Principal
IV)Toluca, Estado de México; tres de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase al quejoso las constancias que solicita y, en su lugar déjese copia simple por ser un asunto concluido. En el entendido, que quien se presente a recogerlas deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se obtiene que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obra una constancia original exhibida por el quejoso, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase de su conocimiento que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger el documento adjuntado a su demanda de amparo, debiéndose dejar copia simple del mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo, éste podrá ser destruido junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. De igual forma, se comunica a la parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
IV) Toluca, Estado de México; dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Raúl Cruz Torres, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Morelos, Estado de México y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 1063/2018-IV. Improcedencia. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en: La autorización, permiso y/o licencia que otorgaron y ejecutaron en la construcción y paso de la red de drenaje que pasa en el inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, del Barrio Segundo, Localidad San Marcos Tlazalpan, Municipio de Morelos, Estado de México. Así, en el particular se actualiza la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.". Ahora, el principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. En este contexto, como en el caso a estudio, el quejoso reclama en este juicio de amparo la autorización, permiso y/o licencia que otorgaron y ejecutaron en la construcción y paso de la red de drenaje que pasa en el inmueble ubicado en calle sin nombre, sin número, del Barrio Segundo, Localidad San Marcos Tlazalpan, Municipio de Morelos, Estado de México, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El Título V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece la función mediadora-conciliadora y calificadora de los Ayuntamientos, y en su artículo 154, establece: "Artículo 154. Contra los actos y resoluciones administrativos que dicten o ejecuten las autoridades competentes, en aplicación del presente ordenamiento, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México." En efecto, los artículos 187 y 229, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, estatuyen: "Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal." "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; ." En tal sentido, en los dispositivos legales transcritos se observa que el recurso administrativo de inconformidad y el Juicio Contencioso Administrativo, proceden contra actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal. Se afirma lo anterior, en atención a que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé en su artículo 229, como ya se dijo, el Juicio Contencioso Administrativo, el cual procede en el caso que nos ocupa, dado que fue emitido por autoridades dependientes del Ayuntamiento de Morelos, Estado de México, órgano dependiente del Poder Ejecutivo de esta entidad. Sobre este tenor, se colige que el acto reclamado, debió combatirse a través del recurso de inconformidad ante la propia autoridad o juicio contencioso administrativo, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto reclamado puede ser combatido mediante el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio contencioso administrativo, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, lo que evidencia que la parte quejosa previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Al quedar actualizada la causal de improcedencia advertida por este órgano jurisdiccional procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Edgar Raúl Cruz Torres, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Morelos, Estado de México y otras autoridades, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, por así haberlo solicitado el agraviado. Autorizados. En otro orden, en atención al contenido de la certificación de cuenta y por no encontrase registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tienen por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edgar Ocampo Hernández, Serafín Montiel Fermín, Isidra Monroy Sánchez, Oscar González González y Haismani Moreno Vázquez. Habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las demás partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y por lista al quejoso.
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