Edgar Ricardo Gómez Ildefonso
Expediente 249/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Edgar Ricardo Gómez Ildefonso
Actuaciones
- Principal
...agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Subadministradora en suplencia por ausencia de la Administradora******************** ambas de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "3"******************** con sede en la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria******************** por el cual informa la imposibilidad legal que le asiste para cobrar de la multa impuesta al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México.****************************************Atento a lo anterior******************** fórmese el cuadernillo correspondiente con el oficio de mérito y esta determinación******************** el cual será glosado al expediente principal sin ulterior proveído en el momento procesal oportuno******************** y toda vez que el original del juicio de amparo en que se actúa se encuentra resguardado en el Centro de Manejo Documental y Digitalización******************** ubicado en Lerma******************** Estado de México******************** solicítese vía electrónica******************** los autos principales del juicio de amparo **************************************** promovido por ******************** por su propio derecho******************** en contra de actos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y de otras autoridades******************** mediante vale escaneado del formato único de préstamo******************** dirigiendo la solicitud a la cuenta de correo electrónico de solicitudescat@correo.cjf.gob.mx.****************************************Finalmente******************** una vez que sea remitido el aludido expediente******************** se acordará lo conducente con relación a la comunicación de mérito
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 11/febrero/2020, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: " Ciudad de México; once de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el delegado de la autoridad responsable, Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el cual y en atención al requerimiento formulado en autos, informa los actos que ha realizado con motivo de la resolución dictada por el Presidente del Tribunal Universitario de la citada institución en el expediente R-19/379, respecto de la restitución inmediata ahí ordenada en el goce de los derechos escolares de Paulina Portillo Hernández. Acorde con el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten como pruebas de su intención las documentales que remite, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional. Por otro lado, de conformidad con en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, con la documentales de cuenta, dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; las cuales se deja a disposición en la correspondiente mesa de trámite para su consulta. Ahora, tomando en cuenta el contenido de las pruebas documentales mandadas agregar al presente juicio, es menester precisar que las únicas personas que tienen acceso a esa información son aquellas que tienen el carácter de parte en el proceso constitucional en que se actúa. Asimismo, en razón de que solo las partes tienen derecho a consultar las actuaciones, máxime que en el presente expediente no existe tercero interesado y, en el caso concreto, las mismas son de relevancia para realizar el pronunciamiento respectivo; se da a conocer a la parte quejosa las constancias mandadas agregar en párrafos precedentes. Sin embargo, considerando la naturaleza del acto reclamado y la especificidad del caso concreto, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a una adecuada defensa, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se permite a las partes el acceso a las constancias remitidas por la responsable que se ordenaron agregar en autos únicamente para su consulta; sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 26/2015 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, materia común, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Asimismo, apoya lo anterior el hecho de que los presupuestos previstos en la fracción IV del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no pueden considerase como una regla absoluta como se desprende de la jurisprudencia y tesis aislada que se transcriben a continuación: Jurisprudencia P./J. 45/2007, visible en la página 991, del tomo XXVI, del mes de diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN. En términos de las fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan causado estado, como las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, mientras no sea adoptada la decisión definitiva, constituyen información reservada. No obstante la imposibilidad de acceder a dicha información no puede considerarse como una regla absoluta, porque en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una excepción a la regla general, privilegiando la transparencia y difusión de la información respectiva. Tesis 1ª.XXXVII/2006, visible en la página 650, del tomo XXIII, del mes de febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTÍCULOS 2o., 7o., 13, 14, 18, 19 Y 43 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTES EN 2004, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Los citados preceptos, al establecer la facultad de los particulares titulares de la información que obra en poder de las autoridades para delimitar o determinar la parte que puede ser de conocimiento público, con el objeto de no poner en riesgo información relativa a secretos industriales o aspectos técnicos, entre otros y evitar con ello que se les perjudique en el desarrollo de su actividad y fin, no violan las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dada la función y objetivo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de transparentar y publicitar todos los actos de las autoridades federales, así como garantizar el derecho a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución Federal, dicho ordenamiento debe buscar un equilibrio entre los principios contenidos en este precepto y aquellos que prevé el citado numeral 16, pues estimar lo contrario -que la información en la que tienen injerencia particulares y que obra en resguardo de las autoridades federales no puede ser proporcionada para consulta de otros gobernados- equivaldría a hacer nugatorio el derecho a la información y contravenir el propio fin para el cual fue creada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Es por ello que en forma sui géneris se establecen los mecanismos para lograr el propósito de la indicada Ley y, a su vez, se garantiza a los particulares titulares de información en que interviene el Gobierno Federal, que no se trastoquen sus derechos públicos subjetivos. Por último, a fin de notificar el presente proveído a la parte quejosa, se habilitan días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Ma. Esther Prado Olvera, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.".
- Principal
* Agréguese a sus autos los oficios de cuenta, signados por las autoridades recurrentes, por los cuales, interponen recurso de revisión, en consecuencia, agréguese una copia de los oficios de cuenta a los presentes autos y distribúyase las demás entre las partes. Ahora bien, dentro del término de **** días contados a partir del día siguiente al que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito en turno.
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