Edgar Rafael Camacho Vásquez

Expediente 1554/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1554/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Edgar Rafael Camacho Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    (55) Visto el estado procesal que guardan los autos del cuadernillo 1027/2012-55 correspondiente a la quejosa ******************** se advierte que ha transcurrido el término concedido a la promovente del amparo en proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 243 a 245) a fin de que recogiera el título de crédito expedido a su favor, sin que se pronunciara al respecto. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante notificación personal requiérase nuevamente a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, se constituya en la unidad administrativa situada en Avenida Jesús García Corona, número ciento cuarenta (140), planta baja, colonia Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en un horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes, con la finalidad de que le sea entregado el título de crédito expedido a su favor, con la cual la autoridad responsable pretende dar por cumplido los extremos del fallo protector. En el entendido que, la etapa de cumplimiento de la sentencia ejecutoria, NO EXIME A LA PARTE QUEJOSA DE IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, mediante los actos o promociones que tiendan a promover su ejecución o revelen un interés en que el mismo se lleve a cabo, ya que finalmente la parte solicitante del amparo es la directamente beneficiada de la protección constitucional. Asimismo, es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados en forma indefinida, ya que esto, ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose con esto el espíritu del artículo 17 de la Constitución, que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, por lo que en caso de ser omisa la parte quejosa al requerimiento aquí solicitado, o bien, no manifestar el impedimento que tenga para ello, su conducta omisiva será tomada en consideración y se realizará el pronunciamiento respectivo únicamente con las constancias que obran en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase al Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que: 1.- Remita las copias certificadas de las constancias con las que acredite haber realizado la entrega del título de crédito expedido a favor de la aquí quejosa ********************. Lo anterior, en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, o bien, informe las circunstancias por las cuales no se haya llevado a cabo la entrega de la documental en comento. Igualmente, requiérase en su carácter de superior jerárquico de la autoridad vinculada al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del mismo término, acredite ante este Órgano Jurisdiccional que, a la brevedad posible de que se le notificó el presente auto, ordenó a su subordinado que cumpliera con lo requerido en el presente auto. Apercibidas las autoridades que, de no cumplir con lo que se les requiere, se les impondrá a cada autoridad una multa de CIEN VECES el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 238, párrafo primero, y 258, todos de la Ley de Amparo y en atención a lo dispuesto por el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; en el entendido de que si un superior jerárquico no da cumplimiento al requerimiento que se le hace, incurre en las mismas responsabilidades de la autoridad directamente requerida, y que no obstante de que los titulares que ostentan los puestos de la autoridad directamente requerida y de su superior jerárquico dejen sus cargos, seguirán siendo responsables del incumplimiento de la sentencia ejecutoria. Aunado a lo anterior, hágase saber a las autoridades requeridas que, de conformidad con el artículo 195 de la Ley de Amparo, el acatamiento extemporáneo e injustificado de la sentencia, no las exime de responsabilidad pero podrá ser valorado como atenuante para la imposición de la sanción penal que corresponda. De igual forma, dígase a las autoridades requeridas que, tal como se encuentra establecido en los artículos 193, párrafo segundo, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considerará como incumplimiento de sentencia todo retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales que realicen, o de cualquiera otra conducta que intervenga en el trámite relativo. Por el contrario, se entenderá cumplida la ejecutoria cuando lo esté en su totalidad, sin excesos ni defectos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de no actuar conforme a lo aquí requerido, las autoridades de referencia podrán incurrir en los delitos previstos en los artículos 262, fracción V, y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, para cuya comisión se establece: Para el primero una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Para el segundo una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa, de conformidad con lo ordenado en auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo en unión de la Secretaria Leticia Durán Góngora, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, en atención al, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, para que en auxilio de las labores del Juzgado, requiera a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se haga, comparezca debidamente identificada al local que ocupa dicho órgano jurisdiccional y ratifique la firma estampada en el escrito "24937", Apercibida. Asimismo, para efecto de que lo diligencie en sus términos envíese de manera electrónica la promoción registrada con el número "24937" y copia del presente proveído.

  3. Principal

    PERSONAL... Vistos los autos del juicio en que se actúa, ha causado estado la determinación que se indica, archívese este expediente como asunto concluido. En razón de que en el expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, deberá presentarse en el local de este juzgado a recibirlos, dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente.

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