Edgar Rafael Sánchez Doniz
Expediente 423/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 27 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 01/04/2019
Partes del expediente
- Edgar Rafael Sánchez Doniz
- Congreso del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Ensenada, Baja California, uno de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por Brian Torres Manzo, en su carácter de autorizado de la parte tercero interesada, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias simples de las constancias que indica.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Edgar Gilberto Sánchez Barajas, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 22 vuelta), mediante el cual solicita se dicte auto en el que se declare que ha fenecido el término concedido a las partes para que interpongan recurso de inconformidad y se gire oficio al 5. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, a efecto de hacer de su conocimiento dicha circunstancia; atento a lo anterior, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en el proveído de diecisiete del mes y año que transcurre (fojas 320 y 321), en el que se tuvo por consentido el cumplimiento dado al fallo protector y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido; circunstancia que se ordenó hacer del conocimiento de la autoridad responsable que refiere mediante oficio 18842/2016.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis (fojas 297 a 301), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
A las nueve horas del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 423/2015-única; a los terceros interesados Angelina López Chacón y Abraham Sandoval Pinedo; en cumplimiento al auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con folio 7147 (fojas 276 a 282), la autoridad responsable 5. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al 5. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "[.] La aprobación, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el cual se reformó el artículo 34 del Código Penal para el Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el 28 de junio de 2013; con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el auto de veintidós de julio de dos mil quince, pronunciado en la causa penal 516/2014 instruida en contra del quejoso por su probable participación en la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones por culpa, por medio del cual se fijó a éste último el monto que debía exhibir para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución [.]" Ahora bien, mediante resolución de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el veintisiete de abril siguiente, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la responsable, Juez Segundo de lo Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California: a) Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso el artículo 34 del Código Penal para el Estado de Baja California, lo cual obliga a no aplicarle la norma en el caso concreto y en el futuro, en lo que concierne exclusivamente a la forma de calcular la reparación del daño causado a la víctima u ofendido en tratándose de los delitos de lesiones y homicidio, por cuanto hace al concepto de indemnización en caso de muerte del trabajador a que se refiere el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo (daño moral); y, por ende, b) Deje insubsistente el auto de veintidós de julio de dos mil quince, pronunciado en la causa penal 516/2014, por medio del cual fijó al quejoso el monto que debía exhibir para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución; y, c) En su lugar, siguiendo las directrices trazadas en la parte considerativa de esta sentencia, dicte otro por el cual fije el monto de la reparación del daño por el delito de homicidio atribuido, tomando como base el doble de la tabulación prevista por la Ley Federal del Trabajo en lo atinente al concepto de gastos funerarios (daño material), y, por lo que se refiere a la indemnización en caso de muerte del trabajador (daño moral), se ciña a la cantidad precisada por la legislación laboral, es decir, al equivalente al importe de cinco mil días de salario [.]" "[.] Adicionalmente, debe precisarse que el principio de relatividad de las sentencias de amparo, parcialmente subsistente en la Ley de Amparo en vigor, impide que éstas puedan tener como efecto obligar a la autoridad legislativa ordinaria a expedir una ley o armonizar un ordenamiento a una reforma constitucional, esto es, a legislar, por lo que la presente concesión no impone obligación especial a las mismas, habida cuenta que los efectos generales de una resolución que declara inconstitucional una norma se surten, previo procedimiento establecido para las declaratorias generales de inconstitucionalidad. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con folio 7147 (fojas 276 a 282), la autoridad responsable 5. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, informó que procedió en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con la copia certificada del proveído de tres de mayo del presente año (fojas 278 a 282), emitido dentro de la causa penal 516/2014 de su índice; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el 5. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, mediante auto de tres de mayo del presente año (fojas 278 a 282), emitido dentro de la causa penal 516/2014 de su índice, dejó insubsistente el proveído de veintidós de julio de dos mil quince, y emitió uno nuevo en los términos precisados en el fallo protector, esto es, fijó el monto de la reparación del daño por el delito atribuido, tomando como base el doble de la tabulación prevista por la Ley Federal del Trabajo, en lo atinente al concepto de gastos funerarios (daño material), y por lo que se refiere a la indemnización en caso de muerte del trabajador (daño moral), fijó la cantidad precisada por la legislación laboral, es decir, al equivalente al importe de cinco mil días de salario. De lo anterior es dable identificar que la autoridad responsable acató el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo pues dejó insubsistente el acto reclamado y desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el artículo 34 del Código Penal para el Estado de Baja California, al no aplicarle la norma en el caso concreto. De ahí que al haber dejado insubsistente la autoridad responsable 5. Juez Segundo de lo Penal, con residencia en esta ciudad, el acuerdo materia del acto reclamado, y al haber emitido uno nuevo subsanando las deficiencias destacadas en el fallo protector, se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. Por lo que, en las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por Edgar Gilberto Sánchez Barajas, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 22 vuelta), mediante el cual solicita se declare cumplida la ejecutoria emitida en el presente asunto; en atención a ello, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ordenó la readscripción y designó como titular de este órgano jurisdiccional a la licenciada Marisela Reyes Calderón, con efecto a partir del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.
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