Edgar Ladislao Morales Tobías

Expediente 476/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
476/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
26/11/2015

Partes del expediente

  • Edgar Ladislao Morales Tobías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo dictado en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por último, en términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver: 1. Copia certificada de las constancias que integral el expediente ***, remitida por el 1. Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio de cuenta signado por la 1. Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de octubre de dos mil quince, remite copias certificadas de la diligencia de trece de octubre de dos mil quince, desahogada dentro del expediente laboral 531/2010, de su índice. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes y se admiten como pruebas de la responsable 1. Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, la siguiente: Copia certificada de la diligencia de trece de octubre de dos mil quince, desahogada dentro del expediente laboral 531/2010, de su índice. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado de autos y las constancias que remitió por la 1. Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, adjuntas al oficio de cuenta, se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. De la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO A fin de evidenciar que se actualiza el motivo de improcedencia invocado, es oportuno destacar que el análisis íntegro de la demanda revela que el quejoso acudió a este juicio de garantías señalando como acto reclamado la retención y retardo indebido de la tramitación de la ejecución del laudo en el juicio laboral 531/2010, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada; es decir, la falta de ejecución del auto de diez de julio del año en curso, dictado dentro del referido juicio, mediante la respectiva diligencia de requerimiento de pago y embargo a bienes de la patronal. Ahora bien, del oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable, así como de las documentales que adjuntó a su informe justificado, las cuales gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que en cumplimiento al auto dictado el diez de julio del año en curso, dentro en el juicio laboral 531/2010, del índice de la 1. Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, el trece de octubre de la presente anualidad, la 2. Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo a bienes en contra de la parte demandada en el juicio de origen Instituto de la Cultura de Baja California, a fin de dar continuidad a la ejecución del laudo pronunciado en dicho procedimiento. En esas condiciones, llevada a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo a bienes de la parte demandada en el juicio de origen, se torna indudable la continuidad del procedimiento de ejecución del laudo, por lo que resulta evidente que han cesado los efectos de los actos de omisión atribuidos a las autoridades responsables y actualizándose con ello, de forma manifiesta e indubitable, la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, y resultando procedente sobreseer el presente juicio en el juicio respecto de los actos atribuidos a dichas autoridades. Funda lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en febrero de 1998, Tomo VII, página 210, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por tanto, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con once minutos del trece de noviembre de dos mil quince.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 531/2010, hasta el proveído de siete de septiembre del año en curso, en tanto que de lo manifestado por el quejoso en el escrito inicial de demanda se advierte que se señalaron las catorce horas del trece de octubre de dos mil quince, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en ejecución de laudo, cuya omisión se reclama en la instancia constitucional. En consecuencia, a efecto de verificar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, informe si a la fecha se ha llevado a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral 531/2010, debiendo remitir copia íntegra de las actuaciones que acrediten su dicho; lo anterior, toda vez que dicha información resulta necesaria para resolver el presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido o no manifestar el impedimento legal que le asiste para ello, se hará acreedora a una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En relatadas condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, señalando como nueva fecha para su celebración las nueve horas con once minutos del trece de noviembre de dos mil quince.

  4. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el 2. Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

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