Edgar Omar Méndez Gutiérrez

Expediente 796/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
796/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Edgar Omar Méndez Gutiérrez
  • Edgar Omar Méndez Gutiérrez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 20, 21, 22 y 23, todos del Capítulo Sexto y 34 del Capítulo Décimo Segundo, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente (en los casos aplicables) y en los libros de control electrónicos respectivos; asimismo, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en términos del considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    Se tiene por el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 73/2023, orden 89/2023, de nuestro índice, remitido para emplazar y notificar de manera personal al tercero interesado José Hernández Molina, el auto admisorio de dieciséis de marzo de la presente anualidad. Dese de baja y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista al tercero interesado Juan José Hernández Molina, con el informe con justificación que rindió la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas. Finalmente, glósese el oficio 5591/2023, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Equipo de Investigación y Litigación C-IV, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que devuelve el administrador de Correos de México, con la leyenda "Rehusado la autoridad que cita no se encuentra en Palacio de Justicia"; al efecto, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que por dicha autoridad en auto de dieciséis de marzo del año en curso, se desechó. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    ... Consecuentemente, al realizar una valoración entre lo resuelto por este juzgado y las actuaciones practicadas en cumplimiento al fallo protector, con fundamento en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado, sin que esto califique la constitucionalidad de la respuesta dada a la quejosa, ya que eso en todo caso, sería materia de estudio en diverso juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por los quejosos, en el sentido de que la sentencia dictada por este juzgado, no debe tenerse por cumplida, ya que la autoridad responsable Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, tuvo por cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1548/18-19-01-5-OT, sin tomar en cuenta los incrementos salariales. Sin embargo, a consideración de lo manifestado por los quejosos, este juzgador estima que la sentencia dictada por este juzgado, si se encuentra cumplida, principalmente porque en los considerandos que forman esta sentencia, no se entró al estudio del monto de la pensión, ni tampoco se analizó los incrementos salariales e inclusive la parte quejosa, señaló como acto reclamado los acuerdos de cuatro, cinco ocho y once de agosto de dos mil veintidós donde la Sala Regional de Justicia Administrativa en Chiapas, determina que la sentencia dictada en ese juicio administrativo se encontraba cumplida y ordenaba el archivo como asunto totalmente concluido. Por tal razón, la sentencia constitucional dictada por este juzgado, al integrar la Litis a resolver, no se ocupó de analizar, aspectos que no fueron reclamados por el quejoso, por tal razón le fue concedido el amparo y protección al quejoso a efecto de la responsable dejara sin efecto los autos mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de dos de abril de dos mil diecinueve, y se analizara previamente los argumentos presentados por la parte quejosa y finalmente resolviera si se encontraba o no cumplida la sentencia dictada en el juicio de nulidad 1548/18-19-01-5-OT, de ahí que se estime que, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para pronunciarse respecto a temas que no fueron abordados en la sentencia constitucional, ya que sus efectos se concretan únicamente a que la responsable se pronuncie respecto a los argumentos del quejoso, mas no a la determinación que finalmente, adopte la autoridad responsable, pues respecto a este punto, en la sentencia dictada en este juicio se le indicó a la parte quejosa, que existe un nuevo medio de defensa. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: ". DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento.." De ahí que se tenga por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; tomando en cuenta lo anterior, dese vista a las partes, para los efectos del artículo 201, de la Ley de Amparo; y, en su oportunidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, ordénese el archivo del expediente, como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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