Edgar Omar Méndez Gutiérrez

Expediente 1069/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1069/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Edgar Omar Méndez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; en tal virtud, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase al Suplente del Titular de la Presidencia y Secretario Auxiliar de Amparos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; y, Actuaria de su adscripción, residentes en esta ciudad, rindiendo informe con justificación; al efecto, agréguense a los presentes autos para que obren como en derecho corresponda. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza jurídica, las documentales que anexa la Junta responsable, por conducto del suplente de su presidente, consistentes en copias certificadas relativas al auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral J/O/951/2018, de su índice. Ahora, visto el estado de autos, de los cuales requieren ser analizados todos los datos que se desprenden del presente juicio de amparo y que sirven para obtener una completa interpretación de la voluntad de la parte quejosa y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda, concatenando a la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; se advierte que el treinta de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Edgar Omar Méndez Gutiérrez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal. Actos seguido, en proveído de treinta de agosto de dos mil dieciocho, por una parte se desechó, y por otra, se admitió a trámite la demanda de garantías, únicamente respecto al acto reclamado consistente en la omisión de emitir el acuerdo de radicación por medio del cual la Junta responsable señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J/O/951/2018, ordenándose emplazar a las partes, donde se le requirió el informe con justificación correspondiente a las autoridades responsables. Ahora, la Junta responsable, al rendir su informe con justificación y con el oficio de cuenta remitió copias certificadas relativas al expediente laboral J/O/951/2018, de su índice, de las que se advierte el auto de once de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual ordenó admitir la demanda laboral y señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral de referencia; documentales, que adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad legalmente autorizada para ello. De lo anterior, se advierte que en el presente juicio de garantías, se actualiza una cesación de efectos en el acto reclamado por el inconforme, pues si en la demanda de amparo se reclama la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas responsable, en admitir la demanda y señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones en el juicio laboral J/O/951/2018; al tiempo que, la Junta responsable acreditó ante esta Potestad Federal, haber emitido el auto de radicación de once de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual ordenó admitir la demanda laboral y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por tanto, resulta claro que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer el juicio, en relación con el numeral 63, fracción V, del ordenamiento citado. Ello en virtud que, si durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, la Junta responsable acreditó haber emitido el auto de radicación en el juicio laboral J/O/951/2018, de su índice, hace que exista una cesación de los efectos del acto reclamado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al haberse destruido en forma total e incondicional la omisión impugnada, por la actuación de la Junta responsable. En virtud de lo anterior, al materializarse la cesación de los efectos del acto reclamado, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; al haber cesado los efectos del acto reclamado y consumado las afectaciones que hubiera podido tener en su esfera jurídica el solicitante de la protección constitucional. Sin soslayar que a nada conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno puedan desvirtuar la causal de improcedencia citada, como tampoco dar vista a la parte quejosa, como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, ya que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, siendo ésta, las once horas con veinticinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Visto el escrito de demanda promovido, resulta pertinente considerar lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, ante todo, la obligación de examinar el libelo de garantías, para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano o parcialmente, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.Ahora, respecto de los actos reclamados precisados con antelación en los incisos b) y c), se advierte de manera manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al resultar actos futuros, probables e inciertos.Se asevera lo anterior porque en principio, los actos inminentes son aquellos respecto de los cuales prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que, por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Así, el agravio que hace permisible la acción de amparo debe ser directo, es decir de realización presente, cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasada, cuando dichos efectos ya han concluido; o bien, que ese agravio sea inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado; por tanto, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. Bajo esta tesitura, resulta posible establecer que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que la responsable ha sido omisa y retardado la admisión de la demanda laboral que promovió ante ella y que por ende, a la fecha de presentación de dicha demanda, no existía certeza respecto de los actos controvertidos por la parte quejosa, es decir, las omisiones de la responsable en ordenar emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, ni las violaciones al procedimiento en el dictado del laudo, toda vez que, si bien el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda; y por ende, ordene el emplazamiento correspondiente a la parte demandada. Lo cierto es que, en el dispositivo 879 de la norma legal señalada, establece que, si la Junta nota alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días, acuerdo que deberá notificarse personalmente al actor, de ahí que no necesariamente en el auto de radicación deba procederse como lo enuncia la parte quejosa; es decir, que se fije fecha y hora y se ordene el emplazamiento de la parte demandada en el Juicio Ordinario Laboral de origen; por tanto, las omisiones referidas por la impetrante no le causaban un agravio directo, al momento en que instó el presente juicio. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar en el presente juicio de garantías, por lo que hace a los actos señalados en los incisos b) y c) señalados con antelación. Por ende, al advertirse que el juicio laboral de origen se encuentra en una etapa en la que puede radicarse o no admitirse la demanda, es dable entonces establecer que el presente juicio de amparo se limitará a tal tópico, en función del acto reclamado consistente en la omisión de radicar la demanda laboral de origen.Ahora, por lo que hace al acto precisado por esta autoridad en el inciso a), con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV; de la Constitución Federal, 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por Edgar Omar Méndez Gutiérrez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otra autoridad.Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado.Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración.En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, último párrafo, del punto Vigésimo primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se negó la medida cautelar; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión definitiva y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Toda vez que, el presente se formó por duplicado y separado; procédase a la destrucción de aquél, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción II, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial.

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