Edgar Lopez Sanchez
Expediente 950/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edgar Lopez Sanchez
Actuaciones
- Principal
AUTO DE DESECHAMIENTO CAUSO ESTADO Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de cinco de octubre de dos mil veintiuno; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACION DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Cuaderno principal Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d), porque la demanda fue desechada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó SOLICITUD DEL QUEJOSO Agréguese el escrito del quejoso mediante el cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda; entonces, hágase saber a la parte quejosa que quedan a su disposición las documentales, con motivo de las pruebas aportadas en el presente juicio de amparo, que fueron exhibidas por ésta al presentar su demanda. Para lo cual deberá comparecer personalmente a este juzgado, previa identificación oficial vigente y constancia que obre en autos, para lo cual, deberá programar su cita en términos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del micro sitio "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para consultar expedientes e ingreso al órgano jurisdiccional. Por lo que, en conformidad con lo previsto por el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, requiérasele para que en el término de NOVENTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Ahora con relación a su petición de autorizar a María Fernanda Aguilar Miguel, se le tiene por autorizado con el cúmulo de facultades que provee el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, lo cual se constató por este juzgado. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. . DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello Notifíquese por lista
- Principal
RADICACIÓN Con la demanda de amparo promovida por Edgar López Sánchez, y anexos que acompaña, fórmese el amparo correspondiente y regístrese con el número 950/2021. DESECHAMIENTO DE PLANO El quejoso, en esencia reclama que la autoridad responsable José Eleazar Flores González, con calidad de agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Robo de vehículos (OCRA) de Puebla, no realiza las acciones legales correspondientes para restituirlo en los derechos que le asisten en calidad de víctima del delito del robo de los dos vehículos de su propiedad que identifica con los datos siguientes: Marca: Freightliner, tipo Tractor, modelo 2008, color blanco, placas de circulación 42AKL del servicio público federal, número de serie 3AKJA6CG58DZ82925, motor 06R0984986. Marca Utility, tipo caja seca modelo 2008, de color blanco, con placas de circulación 959UE6 del servicio público federal, serie 1UYVS25318P575629, sin número de motor, dentro de la carpeta de investigación FGEP/EAT/FEIDAI/RVEHICULOS-I/0011858/2021. Eso se entiende del análisis integral de la demanda, pues si bien en el apartado específico al acto reclamado alude a que el agente del Ministerio Público señalado como responsable condicionó, verbalmente, la entrega de esos vehículos al pago de los derechos de depósito -piso- y de grúa por arrastre, lo cierto es que no relata el momento especifico de ello, sino que en el punto cuatro de antecedentes refiere que en la diligencia de veinte se septiembre de dos mil veintiuno se determinó la devolución mediante oficio UIERV/2054/2021, previo pago de derechos al encargado de las grúas; sin embargo, del texto del citado oficio no se observa tal condicionamiento, de modo que el hecho de que en la página web oficial de la Fiscalía se indiquen requisitos para la entrega de automotores, ello no permite suponer que existió el mandamiento verbal que supone el quejoso. En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 99, fracción III, párrafo último, de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, el quejoso dice que fue aplicada esa porción de ley en el ofició oficio UIERV/2054/2021, por que no se le exentó del pago de los derechos de depósito -piso- y arrastre de grúas; sin embargo, contrario a tal manifestación, el oficio no condiciona la entrega al pago previo del importe por los conceptos antes aludidos, sino que en ese documento se observa que el representante social se dirigió al encargado del corralón "Grúas Cielo", para que entregara al quejoso el automotor que ahí se menciona con motivo del levantamiento del aseguramiento dentro de la carpeta de investigación FGEP/EAT/FEIDAI/RVEHICULOS-I/001858/2021 y que se abstuviera de re victimizarlo. Esto es, no se condicionó la entrega a la previa realización de pago alguno. Por tanto, del estudio integral de la demanda de amparo, analizada con sus documentos, no se advierte la existencia de una orden verbal que el quejoso pudiera demostrar en audiencia constitucional, sino que se refiere a la emisión de un oficio en el cual no se condicionó la entrega del vehículo al pago previo del importe de los conceptos depósito y arrastre de grúa, por ende, no se advierte el acto concreto de aplicación en perjuicio respecto del artículo reclamado. Lo que se advierte en el punto cinco de antecedentes es que el encargado de las grúas se negó a entregar el vehículo o los vehículos, pese a la orden ministerial. Es por ello, que este juzgado identifica como acto reclamado la omisión ministerial de realizar las acciones necesarias y completas para restituir al quejoso en los derechos que le asisten como víctima del delito de robo de vehículos, como es la reparación del daño y permitirle el uso y disfrute de esos bienes. Omisión respecto de la cual el juicio de amparo indirecto es improcedente de manera notoria y manifiesta, ya que se actualiza la causal de improcedencia prevista prevista en el artículo XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos, 16, 20, apartado C, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75, de la Ley de Amparo. Como preámbulo, este juzgado destaca que para resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó, entre otros, los temas siguientes: I. La etapa de investigación -inicial y complementaria- en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del juez de control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público. De ello, destaca que la Primera Sala observó que uno de los párrafos del artículo 16 constitucional, con motivo de las reformas de junio de dos mil ocho que implementaron el sistema de justicia penal acusatorio, se prevé que existencia de los jueces de control resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, de las solicitudes de distintos actos y garanticen los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos; el párrafo es del texto siguiente: ".Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." En esa ejecutoria también se ocupó de la tarea de los jueces de Control en todas las fases desde la investigación hasta antes de iniciar juicio; para ello, identificó que el legislador permanente estableció en su exposición de motivos de la reforma aludida, que los jueces de Control también deben conocer las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. La Primer Sala destacó que los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales y que por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. De igual manera dijo que el juez de Control tiene dos principales funciones, una de carácter cautelar y otra de cognición. Las primeras implican, entre otra, garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas, versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes. Todo ello puede observarse en la transcripción conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis citada: II. La figura del juez de control 54.- Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto de la Constitución Federal, la figura del juez de control, en los siguientes términos: "Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." 55.- En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente: "Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho." 56.- Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: "Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, se coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del Ministerio Público, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos. (.) Otra atribución del juez de control sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios generales del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en la minuta, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados. (.) Por lo que estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora y determinan procedente incluir jueces de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, órdenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del Ministerio Público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial." 57.- Como puede observarse, la Norma Suprema prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial. Además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. 58.- A su vez, el legislador permanente estableció en su exposición de motivos, que los jueces de control también deben conocer las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento y suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados, resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos. También les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil -sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones-, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada Poder Judicial. 59.- Ciertamente, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales. Por ello, el juez de control ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia; garantizándoles una respuesta pronta e inmediata, bajo las reglas del control judicial, sobre aquellas diligencias, actos procesales o comportamientos de las agencias formales del sistema de justicia penal que pongan en peligro o lesionen los derechos constitucionales de los sujetos procesales. 60.- En ese contexto, el juez de control tiene dos principales funciones de carácter cautelar y de cognición. Las primeras son las de vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta; además de garantizar los derechos fundamentales del inculpado y de la víctima. Las segundas versan sobre determinaciones concretas a pretensiones específicas de las partes, como el momento del dictado del auto de vinculación a proceso o bien al determinar la sentencia de un procedimiento abreviado. Así, los jueces de control estarán fáctica y jurídicamente más cercanos a la investigación de lo tradicional, para vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en la etapa de investigación, a fin de que se sujeten a reglas más exigentes desde el punto de vista jurídico, lógico y de respeto a los derechos humanos. Con base en lo anterior, este juzgado observa que quedó definido por la Primera Sala que durante la investigación inicial, complementaria y etapa intermedia, existe una jurisdicción que se debe ejercer ante el juez de Control, pues éste tiene la obligación de velar por los derechos de las víctimas, quienes le deberán formular sus solitudes y aquél tendrá la obligación de resolver de manera ágil y rápida, desde luego, de manera fundada y motivada y conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, entre ellos los principios que lo rigen, como es el de contradicción e igualdad de las partes. Es aquí en donde yace el obstáculo para la procedencia del juicio de amparo, pues en el sistema constitucional mexicano existe una jurisdicción ordinaria que tiene, entre otros fines, el de definir e identificar los derechos de las víctimas u ofendidos y velar porque estos sean respectados dentro del sistema penal acusatorio. De manera que el juez constitucional de amparo no podría abordarlos de primera mano, sin que previamente estén definidos o incluso rechazados por la autoridad judicial competente. Si este órgano jurisdiccional analizara el planteamiento del quejoso en cuanto a que el Ministerio Público no lo restituye en el goce del derecho de víctima, específicamente en la reparación del daño al no materializar la devolución de sus vehículos, este juzgado infringiría los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, que se prevén en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, La fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben presentar de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción el cual consiste en el derecho de las partes, en conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. En el caso, la parte quejosa reclama que el agente del ministerio público no lo restituye en sus derechos de víctima pues ha dado una orden de entrega y el representante de las grúas se niega a acatarlas, pues exige el pago de sus derechos de depósito y de arrastre de grúa; entonces, el derecho de todos esos contendientes, tendrán que definirse de manera rápida y ágil, ante el juez de control, en donde se discutirá si el oficio UIERV/2054/2021 debe ejecutarse o no, tal cual está redactado; o si es necesario que se defina que será previo pago de los derechos; o que las unidades deben entregarse sin pago de esos derechos, pero queda a cargo del estado liquidarlos al prestador del servicio. Por tanto, el cuestionamiento de la legalidad de la actuación ministerial en cuanto a no vigilar que se materialice la reparación del daño en favor del quejoso con calidad de víctima, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente, porque, tal como lo identificó la Primera Sala, la actuación ministerial en la fase de investigación, no es autónoma, sino que está sujeta a la vigilancia del Juez de Control, quien a petición de parte interesada, resolverá de manera ágil y rápida en relación con respecto al respeto de los derechos de víctima u ofendido, en una audiencia en la que todas las partes involucradas podrán conocer, controvertir o confrontar sus argumentos en cuanto a los motivos expresados en la petición y la postura ministerial, y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. Aspectos que en términos de la Ley de Amparo no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del acto reclamado, implicaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el espíritu contenido en el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación los artículos 16, 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 75, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo respecto de los actos y omisión reprochadas al agente del Ministerio Público. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene por señalas las listas de publicación de acuerdos de este juzgado para oír y recibir notificaciones y se tiene autorizado para esos efectos al profesionista que refiere en su demanda. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 222 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a la parte quejosa, para que de ser posible, realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por lista.
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