Edgar Juarez Vaquero
Expediente 206/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 44 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 15/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edgar Juarez Vaquero
- EDGAR JUAREZ VAQUERO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Visto el estado de los presentes autos, se aprecia que mediante oficio 22512/2018 se remitió vía estafeta al Juez Penal de Huauchinango, Puebla, copias certificadas deducidas de la causa penal 255/2013 de su índice, mismas que remitió en apoyo a su informe justificado; en tales condiciones, mediante telegrama oficial urgente que al momento se gire, requiérase al juez penal responsable para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo de las constancias antes citadas, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada dentro recurso de inconformidad 12/2018 y el expediente de amparo 206/2017 de este juzgado; de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo; acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada y devuélvase el presente asunto al archivo. Finalmente, glósese a los presentes autos, el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior, a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso del inconforme XXXpor el que interpone recurso de inconformidad contra el acuerdo de trece de junio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente vigente, remítase el original del escrito de inconformidad, así como el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Atento lo anterior, fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente con las constancias necesarias y distribúyanse entre las partes copias simples de la inconformidad interpuesta.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que trascurrió el plazo otorgado a las partes el cinco de junio del año en curso, sin que realizaran alguna manifestación; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. En la sentencia se concedió el amparo para que la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de apelación 340/20216. 2. En su lugar, emita otra, en la cual, parta de lo sostenido en este fallo con relación a que el juez responsable varió la litis al analizar la causa de pedir del procesado. 3. Resuelva con plenitud de jurisdicción la solicitud del impetrante, a partir del contenido del artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, aplicable al caso, debiendo tomar en consideración, para resolver lo pedido: a) La complejidad del caso. b) La actividad procesal del interesado, y c) La conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso, 4. Así mismo, evalúe la actividad del juez en torno al desahogo de las pruebas ofrecidas por el impetrante, de acuerdo a los razonamientos vertidos en este fallo y concluya si se justifica o no su actuación. 5. Notifique dicha resolución al quejoso y a su defensor." Ahora bien, de las constancias que remitió la sala responsable, se advierte que en resolución de uno de junio de este año, dictada en el toca de apelación 340/2016, realizó lo siguiente: A. Dejó sin efecto la resolución reclamada, así como las diversas de tres y veintiocho de mayo de esta anualidad, con las que pretendió acatar el fallo. B. Precisó que juez responsable varió la litis al analizar la causa de pedir del procesado. C. Con plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud del impetrante, a partir del contenido del artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, aplicable al caso, confirmando la resolución interlocutoria apelada, para lo cual tomó en consideración, para resolver lo pedido: a) La complejidad del caso. Señaló que la causa penal que se sigue contra el quejoso Edgar Juárez Vaquero, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos robo de vehículo de motor agravado y robo agravado, en agravio, el primero, de Juan Carlos Ortiz Ángeles y, el diverso, de Rubén Ortiz Ángeles y Filogonio Rosales Gárnica, es compleja, porque la naturaleza de ambos delitos es dolosa, esto es, el activo previó como posible el resultado típico y quiso o aceptó la realización del hecho, el cual fue instantáneo. Además, porque se imputa al indiciado haberlo cometido con violencia y en coparticipación con más de dos personas (circunstancias agravantes al tipo) y ambos delitos están considerados como graves, en la época que se suscitaron los hechos. Igualmente, dado los hechos sujetos a investigación; que la causa se instruya a cuatro indiciados más; la cantidad y dificultad de las pruebas que los coprocesados han promovido, mismas que inciden en que la resolución de la causa que se instruye a Edgar Juárez Vaquero no se haya resuelto, pues aunque la incidencia objeto del recurso de apelación únicamente haya sido promovida por el aquí quejoso, las pruebas que sus coprocesados han promovido tienen relación con el incidentista, las víctimas y, por supuesto, con el esclarecimiento de los hechos. Por todo lo anterior, consideró, se justifica el tiempo transcurrido para resolver la primera instancia y justifica la prolongación de la prisión preventiva a que ha estado sujeto Edgar Juárez Vaquero. b) La actividad procesal del interesado. Indicó que el quejoso Edgar Juárez Vaquero, en ejercicio de su derecho de defensa, en la ampliación del término constitucional, ofreció interrogatorio a Edgar Ismael Amador Sarmiento, que se desahogó el treinta y uno de enero de dos mil catorce. También, en la etapa de instrucción se ofrecieron: documental pública y presuncional legal y humana; interrogatorio a Edgar Juárez Vaquero, que se desahogó el dieciséis de octubre de dos mil catorce; careos entre el indiciado con los agraviados Juan Carlos Ortiz Ángeles y Filogonio Rosales Gánica, así como interrogatorios que se formularían a éstos (que aún no se han desahogado); careos entre el sujeto activo y los oficiales aprehensores Jesús Rubén Flores Ramos, Edilberto Navarro Ramos, Edgar Javier Sánchez Vázquez y Filemón Salgado Castellanos, desahogados el veintiséis de enero de dos mil dieciséis; así como interrogatorios a los policías citados (que aún no se han desahogado); testimonios a cargo de Cointa Vaquero Quiroz y Salvador Vaquero Ruiz, desahogados el dieciséis de octubre de dos mil catorce; los estudios de dinámica familiar y clínicos criminológicos que se practicaron al aquí procesado, obtenidos en veinte de marzo de dos mil catorce; y, documental consistente en cartas que avalan su buena conducta, exhibidas el diecisiete de febrero de dos mil catorce. Como se aprecia, señaló, esta actividad procesal de Edgar Juárez Vaquero, aunada a la complejidad del asunto, justifican el plazo transcurrido en el proceso penal que se le instruye, pues se ha privilegiado su derecho a ofrecer y desahogar medios de prueba que, a su juicio, favorecen su defensa, y al haberse ofrecido once medios de prueba, los que en su mayoría se desahogaron antes de que promoviera la incidencia revisada, considera que la actividad procesal del interesado ha sido activa y si ha excedido el plazo de un año para ser juzgado, el mismo es razonable. También precisó que la prolongación de la prisión preventiva de Edgar Juárez Vaquero se justifica atendiendo que la conducta ilícita que se le imputa es considerada como delito grave; además, que se trata de una persona de veintiséis años de edad, en la época de comisión de los hechos, de estado civil soltero y de ocupación comerciante (desconociendo lo que comercia), corriéndose el riesgo de que en espera de la resolución definitiva, ante su eventual condena, se sustraiga a la acción de la justicia. De igual forma, estableció que si bien el procesado desde su declaración preparatoria hasta esa etapa procesal, no ha dejado de estar patrocinado, la actividad procesal de éstos no ayudó a que su procedimiento penal fuera ágil. c) La conducta de la autoridad judicial. Señaló que no está justificada la actuación del juez en relación a la postergación del desahogo de los careos a celebrarse entre el indiciado Edgar Juárez Vaquero, con los ofendidos Juan Carlos Ortiz Ángeles y Filogonio Rosales Gárnica y los interrogatorios que se formularían a éstos, ni la postergación de los interrogatorios que se formularían a los policías ministeriales Jesús Rubén Flores Ramos, Edilberto Navarro Ramos, Edgar Javier Sánchez Vázquez y Filemón Salgado Castellanos. Enseguida, evaluó la actividad del juez en torno al desahogo de las pruebas ofrecidas por el impetrante, de acuerdo a los razonamientos vertidos en el fallo. Determinó que no está justificada la postergación del desahogo de los careos a celebrarse entre el indiciado Edgar Juárez Vaquero, con los ofendidos Juan Carlos Ortiz Ángeles y Filogonio Rosales Gárnica, así como los interrogatorios que se formularían a éstos, ni la postergación de los interrogatorios que se formularían a los policías ministeriales Jesús Rubén Flores Ramos, Edilberto Navarro Ramos, Edgar Javier Sánchez Vázquez y Filemón Salgado Castellanos, porque el juzgador, aun contando con información proporcionada por vocal del Registro Federal de Electores, Junta Distrital Ejecutiva, respecto al domicilio que se encontró de los ofendidos, no ordenó la práctica de la notificación respectiva, y si bien con el resultado de las notificaciones judiciales, los informes rendidos por las autoridades administrativas y de la Policía Ministerial del Estado, estableció que se agotaron los medios legales a su alcance, para lograr la comparecencia de Juan Carlos Ortiz Ángeles y Filogonio Rosales Gárnica, pero a esa fecha ya se había resuelto la incidencia. Por último, concluyó que, dicho error por parte de la autoridad jurisdiccional, no es una causa suficiente para demostrar que existe una prolongación injustificada de la prisión preventiva, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente durante el procedimiento, es razonable el plazo transcurrido en el proceso penal instruido a Edgar Juárez Vaquero sin dictársele sentencia y se justifica la prolongación de la prisión preventiva dada la complejidad del asunto, la pluralidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos en la causa; aunado el constante cambio de la defensa del justiciable, por lo que, aún con la actuación equivocada de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, existen otros factores que contribuyeron a la prolongación del plazo transcurrido en el proceso penal instruido a Edgar Juárez Vaquero sin dictársele sentencia definitiva y no se puede resolver favorablemente la causa de pedir del justiciable, atendiendo a la naturaleza grave del delito que se le imputa y sus circunstancias personales. En el considerando identificado como IV, reiteró la evaluación de juez de origen, al precisar que NO está justificada la postergación del desahogo de los careos a celebrarse entre el indiciado Edgar Juárez Vaquero, con los ofendidos Juan Carlos Ortiz Ángeles y Filogonio Rosales Gárnica y los interrogatorios que se formularían a éstos, ni la postergación de los interrogatorios que se formularían a los policías ministeriales Jesús Rubén Flores Ramos, Edilberto Navarro Ramos, Edgar Javier Sánchez Vázquez y Filemón Salgado Castellanos. Ello, ya que el juzgador, aun contando con información respecto al domicilio que se encontró de los ofendidos, no ordenó la práctica de la notificación respectiva, y si estableció que se agotaron los medios a su alcance para lograr la comparecencia de Juan Carlos Ortiz Ángeles y Filogonio Rosales Gárnica, a esa data ya se había resuelto la incidencia en primera instancia. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, tampoco desahogó los interrogatorios a los oficiales aprehensores, fecha en la que ya se había resuelto la incidencia. Entonces, dada la irregularidad en el procedimiento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 301 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, hizo la correspondiente llamada de atención al juez de primera instancia Helmo Mayoral Bello, a efecto de que en casos futuros no incurra en las omisiones señaladas. Por lo que concluyó que dichos errores son insuficientes para concluir que existe una prolongación injustificada de la instrucción de la causa. D. Finalmente, notificó dicha resolución al quejoso y a su defensor. De las constancias que envió la sala, se advierte que el uno de junio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la interlocutoria reclamada y las diversas con las que pretendió acatar el fallo; precisó que juez responsable varió la litis al analizar la causa de pedir del procesado; y, con .plenitud de jurisdicción, resolvió la solicitud del impetrante, a partir del contenido del artículo 20, apartado A, fracción VIII, constitucional, aplicable al caso, tomando en consideración, para resolver lo pedido: a) la complejidad del caso; b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de la autoridad judicial y de otras que incidan en el proceso (evaluación en la actividad del juez en torno al desahogo de las pruebas ofrecidas por el impetrante, de acuerdo a los razonamientos vertidos en el fallo, concluyendo si se justifica o no su actuación). Por último, notificó dicha resolución al quejoso y a su defensor. Conforme a lo anterior, los efectos para los cuales se concedió el amparo fueron satisfechos por la autoridad responsable; sin que se advierta exceso o defecto en el cumplimiento, pues el director responsable resolvió la inconformidad interpuesta en la indagatoria de origen y verificó que la misma se notificara a las partes. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia y por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa; y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. También se indica que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Así mismo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del citado Acuerdo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
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