Edgar Leonides Castillo Quiam

Expediente 735/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
735/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
29/01/2016

Partes del expediente

  • Edgar Leonides Castillo Quiam

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Edgar Leonides Castillo Quiam (fojas 15 a 22), para el efecto de que el Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, hiciera lo siguiente: "El Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, dentro del ámbito de su competencia, emita de manera inmediata el acuerdo que legalmente corresponda respecto a la solicitud de trámite 23140004676, atendiendo para ello las consideraciones aquí expuestas; determinación que con la misma prontitud deberá hacer saber al quejoso Edgar Leónides Castillo Quiam, para los efectos legales consiguientes.". II. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil quince, la sentencia en comento causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable en comento, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo (fojas 28 a 29). III. El trece de enero de dos mil quince se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, oficio DRAN.Q.ROO/JUR-12/0031/2016, signado por el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad (foja 32), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil quince, remitió lo siguiente: Copia certificada de la cédula de publicación en estrados de doce de enero de dos mil dieciséis. Copia certificada del oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 de doce de enero del año en curso, dirigido a Margarita Canul Manzon y/o Edgar Leonides Quiam. Oficio DRAN.Q.ROO/JUR-11/0030/2016 de doce de enero del año en curso, dirigido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". V. Luego, por acuerdo de quince de enero de dos mil dieciséis (foja 39), se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, hiciera valer lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que informó la autoridad responsable Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, haciendo uso de ese derecho por medio del escrito de cuenta, de cuyo contenido se proveerá más adelante. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado por el cual se concedió el amparo, se determinó que la autoridad responsable transgredió el derecho fundamental previsto por el artículo 17 constitucional, en relación al diverso numeral 56 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, trascendiendo a la esfera jurídica del quejoso para que éste ejerciera sus derechos en la forma y plazo legal. Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de la concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en México, Distrito Federal: El Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, dentro del ámbito de su competencia, emitiera de manera inmediata el acuerdo que legalmente correspondiera respecto a la solicitud de trámite 23140004676, atendiendo para ello las consideraciones aquí expuestas; determinación que con la misma prontitud debería hacer saber al quejoso Edgar Leónides Castillo Quiam, para los efectos legales consiguientes. Entonces, tenemos que la autoridad responsable, el doce de enero de dos mil dieciséis, emitió el oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 mediante el cual dio contestación a la solicitud de adopción de dominio pleno de la parcela 58 Z1 P1/1 del ejido de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de la siguiente forma: ".Con fundamento en el artículo Octavo de la Constitución Política Mexicana, me permito hacer de su conocimiento, que por motivo de su solicitud de Adopción de Dominio Pleno de la parcela 58 Z1 P1/1 del ejido Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, ya fue remitida el día 28 de noviembre de 2014 a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, para que realicen la calificación respectiva de su solicitud conforme al artículo 16 fracción IV inciso e) del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y hasta el día de hoy, dicha dirección no ha remitido calificación positiva, por lo que no es posible emitir el título de propiedad correspondiente a la parcela." De igual forma, la autoridad responsable hizo saber a la parte quejosa el contenido del citado oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016, mediante cédula de publicación de estrados de doce de enero de dos mil dieciséis (foja 33). Esto es, la autoridad responsable cumplió con el efecto del fallo protector al haber emitido de manera inmediata el acuerdo que legalmente correspondió respecto a la solicitud de trámite 23140004676, ello a través del oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 de doce de enero del presente año, en el sentido de que la solicitud de adopción de dominio plena de la parcela 58 Z1 P1/1 del ejido de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fue remitida a la Dirección General del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, para la calificación respectiva, cuyo contenido fue notificado por medio de cédula de publicación en estrados de la misma fecha. Sin que se inadvierta que tanto el oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 de doce de enero del presente año, como la cédula de publicación en estrados de la data en cita, se encuentran dirigidos a Margarita Canul Manzon, pues ello no obsta para tener por cumplido el fallo protector, toda vez que el quejoso Edgar Leonides Castillo Quiam manifestó desde su escrito inicial de demanda que a petición expresa de Margarita Canul Manzon, solicitó la expedición del título de propiedad correspondiente a la parcela marcada con el número 58 Z1 P1/1, ante el Registro Agrario Nacional Delegación Quintana Roo. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Edgar Leonides Castillo Quiam, mediante el cual realiza manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, específicamente que la autoridad responsable no ha resuelto si es procedente o no la expedición del título de origen parcelario que solicitó, así como que las cédulas de publicación en estrados no están consideradas como forma de notificación en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Al respecto, dígasele que de lo expuesto en este proveído se advierte que la autoridad responsable se pronunció con plenitud de jurisdicción respecto al acuerdo correspondiente a la solicitud de trámite 23140004676, por lo cual se tuvieron por satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. En ese sentido, si los efectos de la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional van encaminados a que la autoridad responsable emitiera de manera inmediata el acuerdo que legalmente correspondiera respecto a la solicitud de trámite 23140004676, en consecuencia es éste el alcance constitucional de la sentencia concesoria de amparo. Por tanto, en el caso concreto, debe decirse que la autoridad responsable mediante oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 y cédula de publicación en estrados, ambos de doce de enero del presente año, cumplió con los efectos de la concesión del amparo al dar contestación a la solicitud de trámite 23140004676 y darla a conocer a la parte quejosa. De modo que, la legalidad o ilegalidad de las consideraciones contenidas en el citado oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016, así como los fundamentos legales en los que se sustenta no fueron materia de análisis de la constitucionalidad del presente juicio de amparo y, por tanto, no pueden examinarse en la presente determinación, pues en todo caso, de estimar la parte quejosa que con la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se incurrió en una violación a sus derechos fundamentales, procedería el juicio de amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.16/2013(10a), del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2001, DE LOS PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. De las jurisprudencias y tesis aisladas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno del Alto Tribunal se advierte, por una parte, que para entender la lógica y congruencia del procedimiento para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es necesario distinguir el cumplimiento básico, para lo que existen caminos precisos que deben seguirse, del cumplimiento defectuoso, que se produce cuando habiéndose dado el básico puede suceder que haya tenido las irregularidades de ser defectuoso o excesivo, dándose también los medios procesales específicos a los que debe acudirse, no debiendo mezclarse los correspondientes a la primera situación con los relativos a la segunda, pues además de producirse inseguridad jurídica, puede darse indefensión para alguna de las partes o contradicción en las decisiones, cuando se acude simultáneamente a dos medios de defensa, correspondientes a las dos situaciones descritas. Así, atendiendo a las anteriores precisiones, el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que concede la protección constitucional es el siguiente: 1. Cuando la sentencia de amparo causa ejecutoria, la autoridad judicial debe vigilar su cumplimiento. 2. Una vez que cause ejecutoria el fallo constitucional, la autoridad jurisdiccional requerirá a la autoridad o autoridades responsables el cumplimiento respectivo; si no se logra éste, se requerirá al superior inmediato de la autoridad o autoridades responsables y, en su caso, al superior de éste, en términos del artículo 105, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo. 3. Si después del requerimiento a la autoridad responsable, en caso de que no tenga superior jerárquico, o después de haber requerido sucesivamente a sus dos superiores (si existieran) no se logra el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad jurisdiccional deberá, de oficio o a instancia de parte, abrir el incidente de inejecución de sentencia, en el que -en virtud de no haberse cumplido la sentencia que otorgó la protección constitucional- acordará remitir los autos, tratándose de juicios de amparo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respecto de los juicios de amparo del conocimiento de los Juzgados de Distrito o de los Tribunales Unitarios de Circuito, al Colegiado correspondiente, en términos del punto quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001 mencionado, para efectos de que este órgano colegiado determine si debe aplicarse el referido artículo constitucional, y de concluir en sentido afirmativo, remitirá los autos a la Suprema Corte con la resolución respectiva. 4. Si durante el trámite ante el Colegiado o ante la Corte, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 5. Si no demuestra haber cumplido, el Pleno del Máximo Tribunal emitirá resolución en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo y/o con los que siendo superiores de ellos no lograron que se diera el cumplimiento. 6. En el supuesto de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen el acatamiento de la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario o el presidente del Colegiado, según corresponda, dictará un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo que de no desahogarla dentro de determinado plazo, se resolverá si se dio o no cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con que se cuente. 7. Una vez cumplido el requerimiento o vencido el plazo otorgado, de no haberse desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario o el Colegiado, éste funcionando en pleno, dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidirá si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 8. Si se concluye que no se ha cumplido con la sentencia de amparo y se advierte que la autoridad o autoridades responsables o sus superiores no pretenden eludirlo, se seguirá el trámite previsto en los puntos 2 a 5; si se pretende eludir el cumplimiento se iniciará el trámite mencionado en los puntos 3 a 5 anteriores. 9. Por el contrario, si se determina que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenarse la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que pueda hacer valer el medio de defensa procedente. 10. Para efectos del punto 7, el juzgador de amparo se limitará, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional (juicio de amparo directo), a determinar si se dejó sin efectos y si se emitió otro que atienda la sentencia de amparo y, cuando el acto reclamado sea uno de autoridad no jurisdiccional (juicio de amparo indirecto), analizará no solamente si la autoridad o autoridades responsables lo revocaron o no, sino también si los efectos que de él pudieron derivarse se cumplieron plenamente. 11. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario o del Colegiado correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diversos medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: 11.1 Que considere que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en forma básica, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que podrá promoverse dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que declara cumplida la ejecutoria de amparo y su materia consistirá en determinar si dicho auto fue dictado conforme al punto 10; de aquélla conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito, cuando el auto de cumplimiento haya sido dictado por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario de Circuito; en cambio, si fue dictado por un Colegiado, de la inconformidad conocerá la Suprema Corte. Cuando se declare fundada la inconformidad se seguirá el trámite previsto en el punto 9 precedente. 11.2 Que considere que si bien se dio cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, en cuyo caso procederá el recurso de queja contemplado en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, según sea el caso, el que podrá interponerse dentro del plazo de 1 año a partir del día siguiente al en que las partes hayan tenido conocimiento de los actos que entrañen esos vicios, y cuya materia es determinar si la responsable cumplió con exactitud lo ordenado, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional, o si aquélla nulificó totalmente los efectos del acto reclamado en amparo indirecto. Contra lo resuelto por el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario en este medio de defensa procederá el recurso de "queja de queja" o re-queja, previsto en el artículo 95, fracción V, de la Ley citada, de la que conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito; en cambio, si la resolución del recurso de queja por exceso o defecto es emitida por un Colegiado, procederá la "queja de queja" o re-queja, siempre y cuando en el asunto del cual derive se haya determinado la inconstitucionalidad de una ley o se hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional y, además, se hagan valer argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, relacionados con la materia de constitucionalidad. 11.3 Que considere que habiéndose otorgado un amparo para efectos, en el que se dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o se dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieren lugar a la protección constitucional, de estimarse que se incurrió en una nueva violación de garantías procederá un nuevo amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada. 11.4 Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar, en cuyo caso podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado establecido en el artículo 108, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Al resolverse el incidente podrá suscitarse alguno de los siguientes supuestos: a) que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo determine que no existe repetición del acto reclamado, en cuyo caso la parte interesada podrá promover inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación; de ésta conocerá la Suprema Corte cuando la resolución que determine que no hay repetición de acto reclamado sea dictada por un Tribunal Colegiado, y si es emitida por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario, de ella conocerá el Colegiado correspondiente el cual, en caso de determinar que es fundada, es decir, que existe repetición del acto reclamado, remitirá los autos a la Corte, para la aplicación del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) que se determine que sí existe repetición del acto reclamado, entonces, se remitirán los autos, tratándose de los asuntos del conocimiento de un Juzgado de Distrito o de un Tribunal Unitario a un Colegiado, para que determine si es el caso de aplicar el artículo constitucional antes citado (en caso de que determine que sí, remitirá los autos al Alto Tribunal para esos efectos), en cambio, si la determinación de que existe repetición del acto reclamado se dicta en los juicios de amparo del conocimiento de los Colegiados, éstos resolverán colegiadamente y su Presidente remitirá los autos a la Corte para esos mismos efectos. 12. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso considera que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado y, por lo mismo, incurrieron en la misma violación que se cometió en el acto que fue materia del anterior amparo, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente el incidente de repetición del acto reclamado, para lo cual se seguirá el trámite referido en el punto 11.4." (énfasis añadido). Ahora, por cuanto a que las cédulas de publicación en estrados no están consideradas como forma de notificación en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, debe decirse que en la ejecutoria de amparo sólo se estableció que la autoridad responsable debía hacer saber al quejoso el acuerdo que legalmente correspondiera respecto a la solicitud de trámite 23140004676, pero no se trazó lineamiento alguno en torno a la forma de aquella comunicación, menos si debía o no estar presente en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; de ahí que el aspecto ahora expuesto por el quejoso no está vinculado con algún lineamiento específico detallado en la ejecutoria sino en todo caso el medio de comunicación y su forma llevada a cabo constituye un tópico desvinculado de la ejecutoria. Habida cuenta que el quejoso conoció el contenido del oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 al momento en que le fue notificado el auto de quince de enero del año en curso (foja 38) por el cual se le dio vista con las constancias que remitió la autoridad responsable con motivo del cumplimiento a la sentencia amparadora, circunstancia que pone de manifiesto que -incluso- el quejoso tuvo conocimiento del acuerdo recaído al multireferido oficio de doce de enero del presente año. Por tal motivo, devienen inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa por lo que ve al pronunciamiento de la autoridad responsable, no ha resuelto si es procedente o no la expedición del título de origen parcelario que solicitó, así como que las cédulas de publicación en estrados no están consideradas como forma de notificación en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Pues, se insiste, tales tópicos no son materia de análisis de la presente determinación en la que debe resolverse únicamente sobre el cumplimiento de los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. En ese contexto, como se dijo ya, los efectos de la ejecutoria de amparo quedaron satisfechos en los términos expuestos en este proveído. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 201, fracción I, y 202, del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa, por el término de quince días, a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del numeral 196 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Reynaldo Piñón Rangel, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado Javier Pérez Santamaría, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el tres de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintinueve de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El veintisiete de noviembre de dos mil quince, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Edgar Leonides Castillo Quiam (fojas 15 a 22), para el efecto de que el Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, hiciera lo siguiente: "El Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, dentro del ámbito de su competencia, emita de manera inmediata el acuerdo que legalmente corresponda respecto a la solicitud de trámite 23140004676, atendiendo para ello las consideraciones aquí expuestas; determinación que con la misma prontitud deberá hacer saber al quejoso Edgar Leónides Castillo Quiam, para los efectos legales consiguientes.". II. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil quince, la sentencia en comento causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable en comento, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo (fojas 28 a 29). III. El trece de enero de dos mil quince se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, oficio DRAN.Q.ROO/JUR-12/0031/2016, signado por el Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad (foja 32), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de veintinueve de diciembre de dos mil quince, remitió lo siguiente: Copia certificada de la cédula de publicación en estrados de doce de enero de dos mil dieciséis. Copia certificada del oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 de doce de enero del año en curso, dirigido a Margarita Canul Manzon y/o Edgar Leonides Quiam. Oficio DRAN.Q.ROO/JUR-11/0030/2016 de doce de enero del año en curso, dirigido al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". V. Luego, por acuerdo de quince de enero de dos mil dieciséis (foja 39), se dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, computado legalmente, hiciera valer lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo que informó la autoridad responsable Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, haciendo uso de ese derecho por medio del escrito de cuenta, de cuyo contenido se proveerá más adelante. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado por el cual se concedió el amparo, se determinó que la autoridad responsable transgredió el derecho fundamental previsto por el artículo 17 constitucional, en relación al diverso numeral 56 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, trascendiendo a la esfera jurídica del quejoso para que éste ejerciera sus derechos en la forma y plazo legal. Por lo anterior, derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de la concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Marina, con residencia en México, Distrito Federal: El Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, dentro del ámbito de su competencia, emitiera de manera inmediata el acuerdo que legalmente correspondiera respecto a la solicitud de trámite 23140004676, atendiendo para ello las consideraciones aquí expuestas; determinación que con la misma prontitud debería hacer saber al quejoso Edgar Leónides Castillo Quiam, para los efectos legales consiguientes. Entonces, tenemos que la autoridad responsable, el doce de enero de dos mil dieciséis, emitió el oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 mediante el cual dio contestación a la solicitud de adopción de dominio pleno de la parcela 58 Z1 P1/1 del ejido de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, de la siguiente forma: ".Con fundamento en el artículo Octavo de la Constitución Política Mexicana, me permito hacer de su conocimiento, que por motivo de su solicitud de Adopción de Dominio Pleno de la parcela 58 Z1 P1/1 del ejido Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, ya fue remitida el día 28 de noviembre de 2014 a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, para que realicen la calificación respectiva de su solicitud conforme al artículo 16 fracción IV inciso e) del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y hasta el día de hoy, dicha dirección no ha remitido calificación positiva, por lo que no es posible emitir el título de propiedad correspondiente a la parcela." De igual forma, la autoridad responsable hizo saber a la parte quejosa el contenido del citado oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016, mediante cédula de publicación de estrados de doce de enero de dos mil dieciséis (foja 33). Esto es, la autoridad responsable cumplió con el efecto del fallo protector al haber emitido de manera inmediata el acuerdo que legalmente correspondió respecto a la solicitud de trámite 23140004676, ello a través del oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 de doce de enero del presente año, en el sentido de que la solicitud de adopción de dominio plena de la parcela 58 Z1 P1/1 del ejido de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, fue remitida a la Dirección General del Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, para la calificación respectiva, cuyo contenido fue notificado por medio de cédula de publicación en estrados de la misma fecha. Sin que se inadvierta que tanto el oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 de doce de enero del presente año, como la cédula de publicación en estrados de la data en cita, se encuentran dirigidos a Margarita Canul Manzon, pues ello no obsta para tener por cumplido el fallo protector, toda vez que el quejoso Edgar Leonides Castillo Quiam manifestó desde su escrito inicial de demanda que a petición expresa de Margarita Canul Manzon, solicitó la expedición del título de propiedad correspondiente a la parcela marcada con el número 58 Z1 P1/1, ante el Registro Agrario Nacional Delegación Quintana Roo. En tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Edgar Leonides Castillo Quiam, mediante el cual realiza manifestaciones respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, específicamente que la autoridad responsable no ha resuelto si es procedente o no la expedición del título de origen parcelario que solicitó, así como que las cédulas de publicación en estrados no están consideradas como forma de notificación en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Al respecto, dígasele que de lo expuesto en este proveído se advierte que la autoridad responsable se pronunció con plenitud de jurisdicción respecto al acuerdo correspondiente a la solicitud de trámite 23140004676, por lo cual se tuvieron por satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo. Cabe destacar que cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. En ese sentido, si los efectos de la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional van encaminados a que la autoridad responsable emitiera de manera inmediata el acuerdo que legalmente correspondiera respecto a la solicitud de trámite 23140004676, en consecuencia es éste el alcance constitucional de la sentencia concesoria de amparo. Por tanto, en el caso concreto, debe decirse que la autoridad responsable mediante oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 y cédula de publicación en estrados, ambos de doce de enero del presente año, cumplió con los efectos de la concesión del amparo al dar contestación a la solicitud de trámite 23140004676 y darla a conocer a la parte quejosa. De modo que, la legalidad o ilegalidad de las consideraciones contenidas en el citado oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016, así como los fundamentos legales en los que se sustenta no fueron materia de análisis de la constitucionalidad del presente juicio de amparo y, por tanto, no pueden examinarse en la presente determinación, pues en todo caso, de estimar la parte quejosa que con la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se incurrió en una violación a sus derechos fundamentales, procedería el juicio de amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.16/2013(10a), del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. EVOLUCIÓN A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 9/2001, DE LOS PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. De las jurisprudencias y tesis aisladas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno del Alto Tribunal se advierte, por una parte, que para entender la lógica y congruencia del procedimiento para el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es necesario distinguir el cumplimiento básico, para lo que existen caminos precisos que deben seguirse, del cumplimiento defectuoso, que se produce cuando habiéndose dado el básico puede suceder que haya tenido las irregularidades de ser defectuoso o excesivo, dándose también los medios procesales específicos a los que debe acudirse, no debiendo mezclarse los correspondientes a la primera situación con los relativos a la segunda, pues además de producirse inseguridad jurídica, puede darse indefensión para alguna de las partes o contradicción en las decisiones, cuando se acude simultáneamente a dos medios de defensa, correspondientes a las dos situaciones descritas. Así, atendiendo a las anteriores precisiones, el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria de amparo que concede la protección constitucional es el siguiente: 1. Cuando la sentencia de amparo causa ejecutoria, la autoridad judicial debe vigilar su cumplimiento. 2. Una vez que cause ejecutoria el fallo constitucional, la autoridad jurisdiccional requerirá a la autoridad o autoridades responsables el cumplimiento respectivo; si no se logra éste, se requerirá al superior inmediato de la autoridad o autoridades responsables y, en su caso, al superior de éste, en términos del artículo 105, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo. 3. Si después del requerimiento a la autoridad responsable, en caso de que no tenga superior jerárquico, o después de haber requerido sucesivamente a sus dos superiores (si existieran) no se logra el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la autoridad jurisdiccional deberá, de oficio o a instancia de parte, abrir el incidente de inejecución de sentencia, en el que -en virtud de no haberse cumplido la sentencia que otorgó la protección constitucional- acordará remitir los autos, tratándose de juicios de amparo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y respecto de los juicios de amparo del conocimiento de los Juzgados de Distrito o de los Tribunales Unitarios de Circuito, al Colegiado correspondiente, en términos del punto quinto, fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2001 mencionado, para efectos de que este órgano colegiado determine si debe aplicarse el referido artículo constitucional, y de concluir en sentido afirmativo, remitirá los autos a la Suprema Corte con la resolución respectiva. 4. Si durante el trámite ante el Colegiado o ante la Corte, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 5. Si no demuestra haber cumplido, el Pleno del Máximo Tribunal emitirá resolución en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo y/o con los que siendo superiores de ellos no lograron que se diera el cumplimiento. 6. En el supuesto de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen el acatamiento de la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario o el presidente del Colegiado, según corresponda, dictará un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo que de no desahogarla dentro de determinado plazo, se resolverá si se dio o no cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con que se cuente. 7. Una vez cumplido el requerimiento o vencido el plazo otorgado, de no haberse desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario o el Colegiado, éste funcionando en pleno, dictará un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidirá si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 8. Si se concluye que no se ha cumplido con la sentencia de amparo y se advierte que la autoridad o autoridades responsables o sus superiores no pretenden eludirlo, se seguirá el trámite previsto en los puntos 2 a 5; si se pretende eludir el cumplimiento se iniciará el trámite mencionado en los puntos 3 a 5 anteriores. 9. Por el contrario, si se determina que la sentencia de amparo se cumplió, deberá ordenarse la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que pueda hacer valer el medio de defensa procedente. 10. Para efectos del punto 7, el juzgador de amparo se limitará, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional (juicio de amparo directo), a determinar si se dejó sin efectos y si se emitió otro que atienda la sentencia de amparo y, cuando el acto reclamado sea uno de autoridad no jurisdiccional (juicio de amparo indirecto), analizará no solamente si la autoridad o autoridades responsables lo revocaron o no, sino también si los efectos que de él pudieron derivarse se cumplieron plenamente. 11. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario o del Colegiado correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diversos medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: 11.1 Que considere que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en forma básica, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que podrá promoverse dentro de los 5 días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que declara cumplida la ejecutoria de amparo y su materia consistirá en determinar si dicho auto fue dictado conforme al punto 10; de aquélla conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito, cuando el auto de cumplimiento haya sido dictado por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario de Circuito; en cambio, si fue dictado por un Colegiado, de la inconformidad conocerá la Suprema Corte. Cuando se declare fundada la inconformidad se seguirá el trámite previsto en el punto 9 precedente. 11.2 Que considere que si bien se dio cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, en cuyo caso procederá el recurso de queja contemplado en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, según sea el caso, el que podrá interponerse dentro del plazo de 1 año a partir del día siguiente al en que las partes hayan tenido conocimiento de los actos que entrañen esos vicios, y cuya materia es determinar si la responsable cumplió con exactitud lo ordenado, cuando el acto reclamado sea un laudo o resolución jurisdiccional, o si aquélla nulificó totalmente los efectos del acto reclamado en amparo indirecto. Contra lo resuelto por el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario en este medio de defensa procederá el recurso de "queja de queja" o re-queja, previsto en el artículo 95, fracción V, de la Ley citada, de la que conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito; en cambio, si la resolución del recurso de queja por exceso o defecto es emitida por un Colegiado, procederá la "queja de queja" o re-queja, siempre y cuando en el asunto del cual derive se haya determinado la inconstitucionalidad de una ley o se hubiere establecido la interpretación directa de un precepto constitucional y, además, se hagan valer argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, relacionados con la materia de constitucionalidad. 11.3 Que considere que habiéndose otorgado un amparo para efectos, en el que se dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o se dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieren lugar a la protección constitucional, de estimarse que se incurrió en una nueva violación de garantías procederá un nuevo amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada. 11.4 Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución, ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar, en cuyo caso podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado establecido en el artículo 108, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Al resolverse el incidente podrá suscitarse alguno de los siguientes supuestos: a) que el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo determine que no existe repetición del acto reclamado, en cuyo caso la parte interesada podrá promover inconformidad dentro de los 5 días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación; de ésta conocerá la Suprema Corte cuando la resolución que determine que no hay repetición de acto reclamado sea dictada por un Tribunal Colegiado, y si es emitida por un Juez de Distrito o un Tribunal Unitario, de ella conocerá el Colegiado correspondiente el cual, en caso de determinar que es fundada, es decir, que existe repetición del acto reclamado, remitirá los autos a la Corte, para la aplicación del artículo 107, fracción XVI, constitucional; b) que se determine que sí existe repetición del acto reclamado, entonces, se remitirán los autos, tratándose de los asuntos del conocimiento de un Juzgado de Distrito o de un Tribunal Unitario a un Colegiado, para que determine si es el caso de aplicar el artículo constitucional antes citado (en caso de que determine que sí, remitirá los autos al Alto Tribunal para esos efectos), en cambio, si la determinación de que existe repetición del acto reclamado se dicta en los juicios de amparo del conocimiento de los Colegiados, éstos resolverán colegiadamente y su Presidente remitirá los autos a la Corte para esos mismos efectos. 12. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso considera que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado y, por lo mismo, incurrieron en la misma violación que se cometió en el acto que fue materia del anterior amparo, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente el incidente de repetición del acto reclamado, para lo cual se seguirá el trámite referido en el punto 11.4." (énfasis añadido). Ahora, por cuanto a que las cédulas de publicación en estrados no están consideradas como forma de notificación en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, debe decirse que en la ejecutoria de amparo sólo se estableció que la autoridad responsable debía hacer saber al quejoso el acuerdo que legalmente correspondiera respecto a la solicitud de trámite 23140004676, pero no se trazó lineamiento alguno en torno a la forma de aquella comunicación, menos si debía o no estar presente en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; de ahí que el aspecto ahora expuesto por el quejoso no está vinculado con algún lineamiento específico detallado en la ejecutoria sino en todo caso el medio de comunicación y su forma llevada a cabo constituye un tópico desvinculado de la ejecutoria. Habida cuenta que el quejoso conoció el contenido del oficio DRAN/QROO/JUR-10/2016 al momento en que le fue notificado el auto de quince de enero del año en curso (foja 38) por el cual se le dio vista con las constancias que remitió la autoridad responsable con motivo del cumplimiento a la sentencia amparadora, circunstancia que pone de manifiesto que -incluso- el quejoso tuvo conocimiento del acuerdo recaído al multireferido oficio de doce de enero del presente año. Por tal motivo, devienen inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa por lo que ve al pronunciamiento de la autoridad responsable, no ha resuelto si es procedente o no la expedición del título de origen parcelario que solicitó, así como que las cédulas de publicación en estrados no están consideradas como forma de notificación en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Pues, se insiste, tales tópicos no son materia de análisis de la presente determinación en la que debe resolverse únicamente sobre el cumplimiento de los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. En ese contexto, como se dijo ya, los efectos de la ejecutoria de amparo quedaron satisfechos en los términos expuestos en este proveído. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 201, fracción I, y 202, del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa, por el término de quince días, a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del numeral 196 de la ley de la materia.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como del estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, que concedió el amparo y protección de la Justica Federal a la parte quejosa, sin que hayan hecho valer el recurso en comento; se declara que la resolución dictada en este asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente den cumplimiento a la sentencia; con independencia de ello, requiérasele a su superior jerárquico para que ordene cumplir con dicha ejecutoria de amparo, ambos apercibidos con multa en caso de no acatar lo anterior y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y su consignación.

  4. Principal

    SE RESUELVE: PRIMERO.- La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a la parte quejosa respecto del acto que reclama a las autoridades responsables y por los motivos expuestos en el cuarto punto considerativo, y para los efectos precisados en el considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO.- se hace constar que la publicación de la presente resolución se hará con supresión de datos sensibles de las partes."

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