Edgar De Loza Checa
Expediente 279/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Edgar De Loza Checa
Actuaciones
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en su oportunidad envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d), del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, por haberse desechado la demanda de amparo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado Acuerdo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
AVISO Vista la demanda de amparo de cuenta en la que ****, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juzgado Civil de Primera Instancia de Chetumal Quintana Roo; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 279/2021. Ahora bien, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, es por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, conforme al planteamiento que a continuación se expone: El numeral en cita señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro del término legalmente establecido; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto reclamado, hecha al quejoso conforme a la ley que lo regule. Ahora, para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 del citado ordenamiento, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: quince días, regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición; Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará, acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, el acto reclamado en el presente juicio se ubica dentro de la regla general antes enunciada, en razón de que se hace consistir en lo siguiente: ****. En ese sentido, se tiene que la parte quejosa se duele de la sentencia interlocutoria dictada en el Incidente de Regulación de Costas Judiciales ****, misma que le fue notificada a la parte quejosa mediante estrados el veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Lo que constituye una confesión expresa que hace prueba plena, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ese modo, si en el caso particular existe la constancia de notificación por estrados que acredita que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha determinación a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo regule, en el caso, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo; por consiguiente, el término para promover la demanda de amparo, comenzó a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, esto es, del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno y concluyó el dieciséis de abril del mismo año, con descuento de los días inhábiles que mediaron en ese lapso de tiempo previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda constitucional se presentó el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, según se aprecia de la boleta de turno con sello de recepción que obra en la parte superior izquierda del ocurso de amparo, es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto a la fecha de presentación de la demanda, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17, de la ley de la materia. Es aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento veintiuno, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, respecto del acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria efirma antes FIEL; esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción XIX del numeral 2 del citado Acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil, así como un correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo, en caso de que este órgano constitucional lo estime necesario. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de la notificación que derive del presente acuerdo.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta en la que ****, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juzgado Civil de Primera Instancia de Chetumal Quintana Roo; se manda formar expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 279/2021. Ahora bien, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, es por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Previo a determinar la causal de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, conforme al planteamiento que a continuación se expone: El numeral en cita señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro del término legalmente establecido; el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto reclamado, hecha al quejoso conforme a la ley que lo regule. Ahora, para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 del citado ordenamiento, que establece lo siguiente: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto legal antes transcrito se desprende que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: quince días, regla general; Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición; Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará, acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo vigente, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, el acto reclamado en el presente juicio se ubica dentro de la regla general antes enunciada, en razón de que se hace consistir en lo siguiente: ****. En ese sentido, se tiene que la parte quejosa se duele de la sentencia interlocutoria dictada en el Incidente de Regulación de Costas Judiciales ****, misma que le fue notificada a la parte quejosa mediante estrados el veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Lo que constituye una confesión expresa que hace prueba plena, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ese modo, si en el caso particular existe la constancia de notificación por estrados que acredita que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicha determinación a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo regule, en el caso, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo; por consiguiente, el término para promover la demanda de amparo, comenzó a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, esto es, del veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno y concluyó el dieciséis de abril del mismo año, con descuento de los días inhábiles que mediaron en ese lapso de tiempo previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda constitucional se presentó el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, según se aprecia de la boleta de turno con sello de recepción que obra en la parte superior izquierda del ocurso de amparo, es evidente que la acción constitucional se instó fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente el acto a la fecha de presentación de la demanda, pues se hizo fuera del plazo de quince días previsto por el artículo 17, de la ley de la materia. Es aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento veintiuno, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, del Apéndice 1917-Septiembre 2011. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, respecto del acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en términos de la fracción XIX del numeral 2 del citado Acuerdo, se requiere a la parte quejosa para que proporcione un número de teléfono móvil, así como un correo electrónico, a fin de establecer el contacto respectivo, en caso de que este órgano constitucional lo estime necesario. Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de la notificación que derive del presente acuerdo.
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