Edgar Leonel Chion Chuc

Expediente 233/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
233/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Edgar Leonel Chion Chuc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 416/2023. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obran la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por ******************** autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente asunto, contra la sentencia definitiva firmada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. El expediente físico del juicio de amparo 233/2023. 2. El escrito de revisión y de expresión de agravios. 3. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 4. Dos legajos de constancias (uno de ellos confidencial). Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Fórmese el cuaderno de antecedentes, a fin de que se siga actuando en el mismo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente asunto, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en los autos del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a las partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del presente expediente, el escrito de expresión de agravios, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación y dos legajos de constancias (uno de ellos confidencial) remitidos para la sustanciación del presente juicio; al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En relación a lo anterior, y vista la certificación secretarial que a antecede, de la que se advierte que el veinte de enero del cursante se tuvo por recibido el expediente de amparo 1913/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán y este Juzgado Federal se avocó a su conocimiento. Ello, en cumplimiento al punto de acuerdo 219/2022 relativo a la Medida de equilibro de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán. Ya que se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En consecuencia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire, solicítese a la Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a efecto de que de no existir inconveniente alguno autorice el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 1913/2022, de su índice, a fin de que este Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, se encuentren en aptitud de tener la visualización de todas las actuaciones y constancias electrónicas del citado juicio de amparo. Notifíquese, y por lista al tercero interesado, de conformidad a lo acordado el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Enseguida, en continuación con el periodo probatorio, el Secretario hace constar que mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés se ordenó dar vista a las partes con el dictamen pericial de ********************, perito oficial en Materia de Documentoscopía, designada por parte de este órgano jurisdiccional, en relación con la prueba pericial en materia de Documentoscopía, anunciada en estos autos. Asimismo, en el acuerdo antes referido se ordenó dar vista a las partes con el oficio signado por el Apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a la información clínica del quejoso, en atención a su solicitud de que se juzgue con perspectiva de discapacidad, para que de estimarlo necesario, realizaran manifestaciones que a su interés legal convenga, sin embargo, no realizaron manifestación alguna. El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las documentales relativas Apoderado del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la prueba pericial en materia de Documentoscopía emitido por la perito oficial designada por parte de este órgano jurisdiccional; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar los formulados por la parte quejosa electrónicamente (auto de diez de abril de dos mil veintitrés), y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la parte quejosa y por precluido el derecho de las demás partes para tal efecto; por lo que se cierra dicha fase. Asimismo, se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordar, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 233/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************, contra actos del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en ésta ciudad y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El once de agosto de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en ésta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************, en la que señaló como autoridades responsables al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en ésta ciudad y otras autoridades. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo El doce de agosto de dos mil veintidós, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán de esta entidad; por lo cual, en auto de quince de agosto del citado año, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1913/2022-VI; se admitió a trámite; se ordenó dar la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, se pidió el informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y emplazar al tercero interesado. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, se admitió la ampliación de los conceptos de violación, por lo que se solicitaron los informes justificados de las autoridades responsables. Asimismo, seguido el procedimiento en sus trámites, la audiencia constitucional se inició el nueve de enero de dos mil veintitrés, en donde, se ordenó tramitar el incidente de objeción de documentos planteado por el quejoso********************, respecto del escrito de fecha seis de enero de dos mil diecinueve, presentado el ocho de febrero siguiente en el expediente natural; por lo que se suspendió la audiencia para su reanudación una vez substanciado dicho incidente. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. En cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en observancia al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo 1913/2023-VI del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente 233/2023-III. Finalmente, con esta fecha se terminó la substanciación del incidente de objeción de documentos planteado por el quejoso********************, y se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclaman actos de autoridad judicial por parte de un tercero extraño por equiparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADOS Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Actuario adscrito al Juzgado antes referido. Mérida, Yucatán La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, endosatario en procuración de ********************, en contra del aquí quejoso, así como todas las actuaciones posteriores, embargo, sentencia e inscripción o toma de razón de dicho embargo, remate y adjudicación del predio número ********************, de esta ciudad, inscrito a folio electrónico ********************, del Registro Público de la Propiedad. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio dependientes del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado Mérida, Yucatán La inscripción o toma de razón del embargo trabado sobre el inmueble antes referido, en cumplimiento a la orden judicial mediante oficio ******************** de treinta de agosto de dos mil dieciocho. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, Juez y Actuaria del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora las pruebas documentales públicas que remitió la segunda de las precitadas responsables; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado Demanda mercantil. El siete de octubre de dos mil dieciséis, ********************, por conducto de sus endosatarios en procuración ********************, demandó a ********************, en su calidad de deudor principal, el pago de $********************.******************** (********************pesos ********************/1******************** moneda nacional) derivado de un pagaré, intereses moratorios y, gastos y costas (fojas 1 a 3 del legajo I). Auto de exequendo. Por auto de doce de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en ésta ciudad radicó el asunto bajo el expediente ********************, admitió a trámite la demanda en la vía ejecutiva mercantil y ordenó turnar el expediente al Actuario correspondiente, a fin de que se requiriera de pago a la parte demandada y en caso de que se negara a pagar, se embargaran bienes suficientes, y hecho esto, se emplazara a la demandada (fojas 7 y 8 del legajo I). Diligencia requerimiento de pago, embargo y emplazamiento (acto reclamado). El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se dejó citatorio a la parte quejosa, a fin de que esperara al veintidós siguiente; así, derivado de que no esperó en el día y hora fijados, el actuario entendió la diligencia con ******************** quien señaló se empleado del demandado, a quien se le requirió el pago y ante su negativa de pagar y de designar bienes para garantizar el pago, la parte actora realizó el señalamiento de embargo del bien inmueble en donde se constituyó, acto seguido se realizó designación de depositario y, finalmente, por conducto de se emplazó a juicio al quejoso ******************** (fojas 33 a 38). Seguido el procedimiento en sus trámites el veintiuno de enero de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a********************, al pago de la suerte principal e intereses, en tanto se le absolvió al pago de gastos y costas (fojas51 a 60 del legajo I). Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve,********************, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva (fojas 61 y 62 del legajo I); la cual se proveyó por el juez del conocimiento en el sentido de que no se admitía dicho medio de impugnación al no resultar apelable conforme a la cuantía del asunto (foja 63). Mediante oficio ********************, la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, informó al juzgado responsable que en atención al oficio ********************, quedó tomada razón del embargo con número de inscripción ********************, del predio marcado con el número ******************** (foja 80). Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Estudio del incidente de objeción de documentos El quejoso********************, por escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintidós (fojas 42 a 46), promovió el incidente de objeción de documentos, respecto del escrito de seis de enero de dos mil diecinueve, presentado el ocho de febrero siguiente en el expediente natural (foja 61 del legajo I), en el que obra la firma, al parecer, del aquí quejoso, a través del cual hizo valer apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento de origen. En audiencia constitucional de nueve de enero de dos mil veintitrés se dio cuenta con dicho escrito y, conforme lo dispone el artículo 122 de la Ley de Amparo, se suspendió dicha actuación. Una vez desahogado el trámite correspondiente, en audiencia de esta fecha, tuvo continuación la audiencia constitucional, en la que se tuvo por desahogada la única prueba que sustenta el incidente en comento, esto es, el dictamen pericial en documentoscopia de ********************, perito oficial nombrada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, basta imponerse del dictamen para advertir que el mismo cumple con los requisitos formales, es decir, la perito expuso el método, técnica, materia de la prueba y atendió al cuestionario propuesto por el quejoso; asimismo, contienen los razonamientos conforme al cual la perita basa su opinión, que la llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con el documento materia de la prueba, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión que concluyó con los puntos siguientes: "PRIMERA.- NO PRESENTA SIGNOS DE ALTERACIÓN, EL DOCUMENTO MOTIVO DE ESTUDIO "ESCRITO" DE FECHA SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE EL CUAL SE UBICA A FOJA 61 ANVERSO Y REVERSO, DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ********************, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL EN EL ESTADO; LO ANTERIOR POR EL ESTUDIO DOCUMENTOSCÓPICO REALIZADO Y PLASMADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE. SEGUNDA.- SI FUE ELABORADO EN DIVERSOS TIEMPOS, EL DOCUMENTO MOTIVO DE ESTUDIO "ESCRITO", DE FECHA SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EL CUAL SE UBICA A FOJA 61 ANVERSO Y REVERSO, DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL ********************, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO SEGUNDO MERCANTIL DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL EN EL ESTADO; LO ANTERIOR POR EL ESTUDIO DOCUMENTOSCÓPICO REALIZADO Y PLASMADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE." En ese sentido, de conformidad con lo que disponen los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, con la facultad que otorga dicha legislación a este juzgador para valorar el dictamen pericial con la más amplia libertad de la que goza este juzgado, se otorga valor probatorio pleno a dicha documental. Ahora bien, la finalidad de la prueba por parte del quejoso, fue la demostrar que el documento presentaba indicios de alteración y que por ello, se encontraba manipulado materialmente por abuso de firma en blanco, por lo que no reflejaba su voluntad; sin embargo, tal circunstancia no se demostró. En efecto, de las conclusiones de la perito oficial se aprecia que la experta concluyó que el escrito de seis de enero de dos mil diecinueve, NO PRESENTA SIGNOS DE ALTERACIÓN, en razón de que: - No se observa erizamiento de fibras, ni adelgazamiento del papel. - No se observa algún tipo de borradura o mancha en la confección del documento. - Se observan dos diferentes sistemas de impresión, siendo estos, láser (impresión) y matriz de punto (firma), pero no podía establecer el orden de elaboración del documento. En ese sentido, se aprecia que el objeto de la probanza no logró demostrar la pretensión de la quejosa, es decir que, el documento presentaba indicios de alteración y que por ello, se encontraba manipulado materialmente por abuso de firma en blanco, y por tanto no reflejaba su voluntad. Lo anterior se afirma, pues en relación a la ausencia de voluntad, no se aportó medio de prueba diverso que robusteciera el hecho de que el documento no fue suscrito por el quejoso********************, puesto que como se expuso, la pericial en documentoscopia no resultó apta y suficiente para demostrarlo. Por ello, es que se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, entendiendo por suscripción a la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas para identificar a la persona que suscribe, ya que, en un procedimiento en donde se cuestione dos elementos de suscripción, esto es, la huella dactilar y la firma autógrafa, basta que se acredite la veracidad de uno de ellos para otorgarle plena eficacia probatoria. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 6/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "RENUNCIA. CUANDO EL DOCUMENTO RESPECTIVO CONTENGA DOS ELEMENTOS DE SUSCRIPCIÓN, COMO SON LA HUELLA DACTILAR Y LA FIRMA AUTÓGRAFA, BASTA QUE SE ACREDITE LA VERACIDAD DE UNO DE ELLOS PARA DARLE PLENA EFICACIA PROBATORIA (ARTÍCULO 802 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012). Hechos: Los órganos colegiados contendientes llegaron a posturas contradictorias al analizar la eficacia probatoria de los elementos de suscripción del escrito de renuncia -huella dactilar y firma autógrafa-; así, el Pleno de Circuito concluyó que cuando en un escrito de renuncia coexistan una firma y una huella digital, bastará con que se acredite la falsedad de uno de éstos para que la documental pierda valor probatorio, ello con independencia de que subsista el otro signo distintivo; en contrapartida, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que para que se considere a alguien como autor de un escrito de renuncia, es suficiente que se demuestre la veracidad de la firma o la huella dactilar para que tal documento posea pleno valor probatorio. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de conformidad con el texto del artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, cuando el escrito de renuncia contenga dos elementos de suscripción, como son la firma o la huella digital, es suficiente que se acredite la veracidad de uno de ellos para que le sea atribuida la autoría al suscriptor. Justificación: El artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, establece que se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, entendiendo por suscripción a la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. Así, es jurídicamente válido concluir que cuando en una contienda en materia de trabajo se ofrezca como prueba la renuncia y dicho documento contenga los dos elementos de suscripción, esto es, la huella dactilar y la firma autógrafa, basta que se acredite la veracidad de uno de ellos para otorgarle plena eficacia probatoria, pues el texto de la ley aplicable en esos casos así lo exige. Ello al margen de que no se acredite la autenticidad del otro signo distintivo. Consecuentemente, al no demostrarse que el quejoso no es el autor del escrito cuestionado, resulta infundado el incidente de incidente de objeción de documentos planteado. SEXTO. Causales de improcedencia. Este juzgador, estima que la parte quejosa presentó su demanda de amparo fuera de los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo y por tanto, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, al consentir tácitamente los actos reclamados. Al respecto el numeral invocado dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino solo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. (...)" Dicho precepto dispone que el juicio de amparo será improcedente cuando no se promueve dentro de los plazos previstos para ello. Así, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para promover el juicio de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. En ese sentido, respecto a los actos reclamados relativo al emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por ********************, endosatario en procuración de ********************, en contra del aquí quejoso, así como todas las actuaciones posteriores, embargo, sentencia e inscripción o toma de razón de dicho embargo, remate y adjudicación del predio número ********************, de esta ciudad, inscrito a folio electrónico ********************, del Registro Público de la Propiedad, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ahora bien, aunque la fecha señalada por el quejoso en su demanda respecto a la relativa en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado, o bien de la notificación de la resolución o acuerdo, constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito, lo cierto es que ello está condicionado a que no exista prueba en contrario que desvirtué la fecha señalada por el quejoso. En ese sentido, aunque el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento ocho de agosto de dos mil veintidós, cuando fue informado que el inmueble ubicado con el número ********************, de esta ciudad, se encontraba embargado ordenado por el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, lo cierto es que de las documentales que aportó dicha la responsable, se desvirtúa dicha fecha de conocimiento. Lo anterior es así, pues se aprecia que mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso******************** presentó el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil ******************** (fojas 61 y 62), con lo cual se aprecia, que éste tenía conocimiento de la existencia del procedimiento de origen, al menos desde la fecha de presentación de dicho medio de impugnación y no así, en la fecha que expuso tuvo conocimiento del mismo, es decir, el ocho de agosto de dos mil veintidós. Consecuentemente, como la demanda de amparo se presentó físicamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el once de agosto de dos mil veintidós, se concluye que la acción constitucional se ejerció extemporáneamente. Por otra parte, no se desatiende que la parte quejosa solicitó a este órgano jurisdiccional se juzgara con perspectiva de discapacidad, y que para demostrar lo anterior, se debía recabar información a la Directora del Hospital General Regional Número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de acreditar que el quejoso presenta una discapacidad visual. Asimismo, que obra la ejecutoria de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el recurso de queja ********************, en contra del proveído de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en donde la Superioridad, determinó que se debía analizar, si el quejoso estaba en una condición o diversidad funcional que le generara una desventaja o vulnerabilidad procesal dentro del juicio de amparo y, por otro lado, si se vulneraron derechos fundamentales en el juicio mercantil de origen. Así pues, para establecer lo anterior, de las documentales remitidas por parte del apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, recibidas mediante oficio de nueve de febrero de dos mil veintitrés, se informó que el resumen médico del quejoso se advierte que el ********************. Ahora bien, conforme a dichos padecimientos, este órgano jurisdiccional no aprecia que en el presente juicio de amparo, el quejoso se encontrara en una desventaja procesal que le impidiera el acceso a una justicia efectiva en igualdad de condiciones. En principio se afirma, ya que aunque se encuentra bajo tratamiento de sus padecimientos a los cuales acude regularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que no se aprecia alguna condición o sanción procesal que pudiera evidenciar que estuvo en desventaja respecto de las partes en el presente juicio de amparo, o de alguna circunstancia que impidiera hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia; máxime que durante la tramitación del presente juicio de amparo, ha estado asistido por su abogado autorizado ********************, quien ha actuado en el presente procedimiento en defensa de sus intereses. Por otra parte, en lo que respecta al procedimiento de origen, en donde en la presente instancia constitucional se reclama el emplazamiento y todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, así como las consecuencias inherentes al embargo del inmueble ubicado en el predio número ********************, de esta ciudad, inscrito a folio electrónico ********************, del Registro Público de la Propiedad, tampoco se aprecia que durante su tramitación, se observe alguna actuación que le impidiera defender sus intereses. Ello se afirma, ya que conforme a las constancias que aportó el juzgado responsable se aprecia que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del veintidós de agosto de dos mil dieciocho (fojas 35 y 36 del legajo I), en tanto, que el escrito de apelación, en contra de la sentencia definitiva fue presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve (foja 61 y 62 de legajo I), esto es, con anterioridad a los padecimientos que le fueron diagnosticados en el año dos mil veinte, tal y como se expuso en párrafos precedentes. Consecuentemente, si dichas actuaciones se verificaron cuando el quejoso se encontraba sano, ya que tales padecimientos surgieron con posterioridad, es claro que no se advertía que el juzgador tuviera que realizar algún ajuste en el procedimiento, o bien, algún ajuste procesal, pues se reitera el quejoso en ese momento se encontraba sano. Por tal motivo, si con motivo de dichas actuaciones, el quejoso consintió la existencia de los actos reclamados cuando no contaba con dichos padecimientos, ello no impide que en el caso, se actualice la causa de improcedencia artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues como expuso en párrafos precedentes, el quejoso tuvo conocimiento de la existencia de los actos aquí reclamados al momento de comparecer al juicio de origen al presentar el escrito de ocho de febrero de dos mil diecinueve en donde interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva (fojas 61 y 62 de legajo I). Consecuentemente, y tomando en consideración que la condición de salud del quejoso no afectó sus derechos fundamentales en el presente juicio de amparo y tampoco se aprecia que ello aconteciera en el procedimiento de origen, conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra los actos de las autoridades responsables, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Martin Placito Cambero, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.

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