EDGAR IVÁN AGUILERA GARCÍA y Otros.

Expediente 708/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
708/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2023

Partes del expediente

  • EDGAR IVÁN AGUILERA GARCÍA y Otros.
  • Edgar Iván Aguilera García
  • J. R. A. L.

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados a la responsable, de conformidad con el criterio de valoración documental emitido por el Consejo de la Judicatura Federal de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el cuaderno original de dicho incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al carecer de relevancia jurídica; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 21 del citado acuerdo general. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado el legajo formado con las constancias remitidas por el Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; en consecuencia, devuélvanse a la referida autoridad sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dicho legajo.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo ********************-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************por sí y en representación de los menores de edad ******************** contra actos de la Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************por sí y en representación de los menores de edad ********************, contra las ordenes de restricción y protección, presentación, comparecencia, detención y/o arraigo dictadas en su contra, así como su ejecución, que atribuyó al Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo El veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, por razón de turno, se recibió la demanda en el Juzgado Cuarto de Distrito; por lo cual, en auto de treinta de noviembre siguiente, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número ******************** y se admitió la demanda; previo diferimiento rendido el informe justificado, se turnó para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, y continúe con la eventual cumplimentación y archivo definitivo. Así, mediante auto de uno de marzo de dos mil veintitrés, se recibió el juicio amparo ******************** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, por lo que se formó expediente ********************-III, y se turnó para dictar sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Acuerdos Generales 8/2013 y 53/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Circuito y de los Juzgados de Distrito y fecha de inicio de funcionamiento de este tribunal federal, respectivamente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTO RECLAMADO Juez Sexto De Oralidad Familiar Del Primer Departamento Judicial Del Estado De Yucatán Titular Del Centro De Justicia Para La Mujer De La Fiscalía General De Justica En El Estado De Yucatán Fiscal General Del Estado De Yucatán Director De Investigación Y Atención Temprana De La Fiscalía General Del Estado De Yucatán Director De La Policía Estatal De Investigación Secretario De Seguridad Pública Del Estado De Yucatán Subsecretario De Seguridad Pública Del Estado De Yucatán Mérida, Yucatán. Las ordenes de restricción y protección, presentación, comparecencia, detención y/o arraigo dictadas en su contra, así como su ejecución. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado (ordenes presentación, comparecencia, detención y/o arraigo) Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables señalaron: N° AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJA 1 Juez Sexto De Oralidad Familiar Del Primer Departamento Judicial Del Estado De Yucatán NIEGA 134 2 Titular Del Centro De Justicia Para La Mujer De La Fiscalía General De Justica En El Estado De Yucatán NIEGA 140 - 141 3 Fiscal General Del Estado De Yucatán NIEGA 138-139 4 Director De Investigación Y Atención Temprana De La Fiscalía General Del Estado De Yucatán NIEGA 136 - 137 Las autoridades responsables señaladas en el cuadro que antecede, negaron la existencia de los actos que se le reclaman, y dado que la parte quejosa no desvirtuó con medio de prueba idóneo las negativas formuladas por las autoridades responsables, no obstante que le correspondía la carga de la prueba, dichos actos deben considerarse inexistentes. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas con antelación. CUARTO. Certeza de los actos reclamados (orden de protección) Es cierto el acto reclamado a la titular del Juez Sexto De Oralidad Familiar Del Primer Departamento Judicial Del Estado De Yucatán pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. También es cierto el acto reclamado al Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado y de las constancias que adjuntó se constata que dictó el auxilio inmediato respecto a las medidas de protección dictadas en el expedientillo ********************. Se corrobora de las constancias que agregó a las cuales se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 179 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2 de este último ordenamiento. QUINTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Respecto a la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintidós dictada en la orden de protección ******************** por la Juez Sexto De Oralidad Familiar Del Primer Departamento Judicial Del Estado De Yucatán y al Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la consumación irreparable del acto reclamado. Lo anterior, ya que en la mencionada resolución, la autoridad responsable otorgó las medidas de protección por la vigencia de treinta días, esto es, del veintiséis de octubre al veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, sin que de las constancias anexadas por la Juez responsable se advierta que se hayan prorrogado, conforme lo permite el artículo 51, párrafo segundo, fracción II, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán, el cual dispone: "Artículo 51. Órdenes de emergencia Las órdenes de emergencia son las órdenes de protección otorgadas por la autoridad jurisdiccional que, por la naturaleza de las condiciones de la víctima, se requieren expedir con urgencia. Las órdenes de emergencia son independientes de cualquier tipo de proceso jurisdiccional y se sujetarán a lo siguiente: I. Las órdenes de emergencia tendrán una temporalidad no mayor de setenta y dos horas y deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. II. Las órdenes de emergencia podrán prorrogarse por la autoridad jurisdiccional, cuando la víctima, su representante legal o el Ministerio Público soliciten una orden de protección cautelar o definitiva, y hasta en tanto no se determinen éstas. III. Cuando la víctima, su representante legal o el Ministerio Público, en su caso, soliciten a la autoridad jurisdiccional prórroga para solicitar una orden cautelar, acompañarán su solicitud con la demanda respectiva en materia familiar o la solicitud de audiencia de formulación de imputación, los cuales incluirán la solicitud de imposición de una orden cautelar. IV. El juez, una vez recibida la solicitud de prórroga, la autorizará sin mayor trámite y proveerá lo necesario para que en un plazo que no exceda de diez días, contados a partir de la prórroga, se otorgue o rechace la orden cautelar respectiva. El juez podrá acortar los plazos señalados en la ley procesal para poder expedir la orden cautelar en el plazo establecido en este párrafo. V. En materia penal, los solicitantes de la prórroga no podrán, bajo ninguna circunstancia, describir hechos o hacer solicitudes que impliquen que el juez de control tenga un conocimiento del caso previo a la audiencia. Será causa de responsabilidad del fiscal, solicitar la prórroga de la orden de urgencia y no solicitar la orden cautelar en la audiencia respectiva. VI. Cuando se pretenda el otorgamiento de la orden definitiva sin la pretensión de un proceso jurisdiccional, el solicitante deberá señalarlo así al juez al momento de solicitar la orden de emergencia, la cual resolverá en términos de este artículo, y citará a la audiencia a que se refiere el artículo 54 de esta ley para resolver sobre la procedencia de la orden de protección definitiva. VII. El juez o tribunal decidirá la procedencia o no de la orden de emergencia en audiencia privada con el solicitante, para lo cual será suficiente la solicitud y las evidencias ofrecidas en esta. En ningún caso será necesario el desahogo de pruebas periciales o de cualquier otra naturaleza que impliquen una victimización secundaria de la víctima o una demora o aplazamiento en el otorgamiento de la orden." [Énfasis añadido] Por lo antes expuesto, se advierte que al haber fenecido la vigencia de la indicada medida cautelar, durante la tramitación de este sumario constitucional, indudablemente se consumaron irreparablemente sus consecuencias, es decir, produjeron todos sus efectos. De este modo, ya no es factible su análisis constitucional atento a que de concederse la protección del amparo no podrían repararse las violaciones alegadas, en virtud de que las prohibiciones, restricciones o limitaciones dirigidas al quejoso tuvo una vigencia temporal (hasta el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós), ocasionando con ello que los actos reclamados hayan producido todos y cada uno de sus efectos y consecuencias materiales, de ahí que no puedan ser restituidas las cosas al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Esto es así, por la simple y llana razón de que la afectación derivada de las prohibiciones decretadas en la resolución reclamada, no podría repararse aun cuando se otorgara la protección constitucional, pues sería materialmente imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada por haberse consumado de manera irreversible, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir a la quejosa ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle el tiempo de sesenta días, durante el cual se encontraba obligada a no realizar las conductas que se le prohibieron. Ilustra lo expuesto en lo conducente, la jurisprudencia que se invoca: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". Los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo además en el numeral 63, fracción V, del propio cuerpo de normas. El sobreseimiento decretado impide analizar los conceptos de violación alegados. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo que conforme al artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 62 y 63, 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************por sí y en representación de los menores de edad ********************, respecto al acto reclamado atribuido a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expresadas en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán; uno de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo ***********************/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número **********************/2023-III; acúsese recibo. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que ******************** por sí y en representación de los menores de edad ******************** y ******************** reclama del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y otras autoridades, lo siguiente: Las ordenes de restricción y protección, presentación, comparecencia, detención y/o arraigo dictadas en su contra, así como su ejecución. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Audiencia constitucional. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en el expediente electrónico de este asunto obra el acta de audiencia constitucional de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés celebrada por la Juez del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, la cual fue llevada a cabo posterior al levantamiento del acta de recepción de expedientes en este Juzgado de dieciséis de febrero de la presente anualidad. Sin embargo, al haber sido celebrada con fecha posterior al levantamiento del acta de recepción ya citada y al ser ya un asunto de conocimiento de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se regulariza el procedimiento y se fijan como nuevas fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sin que haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm , con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Vista al Ministerio Público. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Tercero Interesado. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, se reconoce a ********************, el carácter de tercero interesada. Reguardo de legajos y anexos: Toda vez que la autoridad responsable JUEZ SEXTO DE ORALIDAD FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN anexó a su informe copia certificada del expedientillo formado con motivo de las medidas de protección con número ******************** de su índice, constante de cincuenta y cuatro fojas, fórmese el LEGAJO I con dichas constancias, sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa anexa a su demanda, para ser relacionadas y tomadas en consideración en la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el quince de diciembre de dos mil veintidós, se resolvió negar la suspensión del acto reclamado. Representante especial de los menores. Por otra parte se reconoce el carácter del Asesor Jurídico federal ********************, como representante especial de los menores de edad de identidad reservada ******************** y ********************. Domicilio y autorizados del representante especial. Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito con número de registro 34028 y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************; y únicamente para oír notificaciones e imponerse se los autos, en los términos de la última parte del segundo párrafo del artículo mencionado a ******************** e ********************, toda vez que los primeros nombrados acreditaron encontrarse autorizados para ejercer la profesión de Licenciados en Derecho; y los restantes por así haberlo solicitado el compareciente. Autorización electrónica a representante especial. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que los usuarios "******************** y********************los cuales se encuentran registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza a los usuarios en mención para tener acceso para consultar el presente expediente, así como para promover en el mismo en línea o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Asimismo, se accede únicamente para el acceso al expediente electrónico a los usuarios "********************, "******************** y "********************". Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Autorizados de la parte quejosa. Por otra parte, respecto de la parte quejosa se tiene como autorizados en términos restringidos a ******************** y ********************, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del citado precepto legal, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Medio para oír y recibir notificaciones, así como autorización electrónica de la parte quejosa. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que el usuario "********************se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, se autoriza a los usuarios en mención para tener acceso para consultar el presente expediente en línea y recibir notificaciones vía electrónica, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado, para que proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Del mismo modo, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Efectivo apercibimiento a la parte tercera interesada. Por otra parte, toda vez que se advierte que la tercero interesada ******************** no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de treinta de noviembre del año próximo pasado, en autos del expediente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán con sede en esta ciudad, en el sentido de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el cual se le notificó por lista de estrados el siete de diciembre de dos mil veintidós previo aviso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, y por tanto, hágase a la aludida parte tercera interesada, ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Igualmente, se comisiona a la Secretaria Sofía Stael Chan Nahuat, para que auxilie en la práctica de las notificaciones personales a las partes. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por medio de lista a la parte tercero interesada y por oficio al representante especial ********************

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