Edgar Jaramillo Benítez
Expediente 820/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Edgar Jaramillo Benítez
Actuaciones
- Principal
I. Se recibe oficio. Agréguese el oficio remitido por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón Coahuila, en el que transcribe el acuerdo de catorce de este mes y año, por medio del cual informa que se determinó aceptar la competencia declinada por este juzgado. II. Archivo. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. III. Valoración del expediente. Este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de seis meses, por encontrarse en el supuesto a que se refiere la fracción I, inciso a) del artículo 19 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, dado que carece de relevancia documental y no encuentra en las hipótesis contempladas en los numerales 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, por lo que en términos del artículo 9 del referido Acuerdo General, resguárdese en este órgano jurisdiccional por el referido plazo, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio 16622/2023 signado por la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual, inserta el proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, relativa a la demanda de amparo promovida por ****, mediante la cual promueve juicio de amparo en favor de Edgar Jaramillo Benítez, contra actos del Director del Centro Federal número 14 "C.P.S. Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango y los autos originales del juicio de amparo 851/2023 de su índice, constante de veinte fojas útiles; acúsese recibo. II. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ranuel Jaramillo Benítez, mediante la cual promueve juicio de amparo en favor de Edgar Jaramillo Benítez, contra actos del Director del Centro Federal número 14 "C.P.S. Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango. III. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 820/2023. IV. Decisión sobre la instancia. 1. Incompetencia. Ahora, de la revisión de la demanda de cuenta, se advierte que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la presente demanda, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Tiene aplicación en la especie la jurisprudencia que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución es de mayor importancia, dado que la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, en razón de que no solamente es declarativa, sino también constitutiva, habida cuenta que define cuál juzgador es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución; así, de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un juzgador tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. Ésta se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y se encuentra relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también por acuerdos generales, el número de tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Se debe tener presente, además, el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará a los informes de las autoridades señaladas como responsables; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Las formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstas en el artículo 37 de la Ley de amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del análisis del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) La primera se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, se tiene que la primera parte del artículo en mención hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. Un criterio que interpreta el citado precepto es el realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. La anterior tesis interpreta que el motivo para establecer como competente al juez de Distrito en donde materialmente se realice, trate de realizarse o se haya ejecutado el acto reclamado, es porque redunda en beneficio de una impartición pronta y expedita de la justicia, dado que si conoce del presente asunto el juez que radica en el lugar donde tendrá ejecución o haya tenido ejecución el acto reclamado, contará con más facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas, sino especialmente en lo relativo al cumplimiento de los fallos que se dicten en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar este juzgado. Es por ello que es juez competente para conocer de un asunto, aquél que ejerza jurisdicción en el ámbito espacial donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que resulta evidente que es ahí, donde se encuentran los elementos necesarios para establecer la litis entre las autoridades y el promovente, y en aras de respetar los derechos de defensa de éste y otorgarle las mayores facilidades para llevarla al cabo. Establecido lo anterior, conviene señalar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló estar interno en el Centro Federal número 14 "C.P.S. Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango y que con motivo del traslado a dicho centro penitenciario se le suspendió el suministro de su tratamiento a los padecimientos que presenta. Además, al plasmar sus generales textualmente manifiesta que actualmente se encuentra privado de su libertad en el interior del Centro Federal de Readaptación Social 14 "C.P.S. Durango", en Gómez Palacio, Durango, lugar donde este órgano de control constitucional no ejerce competencia. Se afirma lo anterior, en atención a que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que, en lo que interesa, dispuso lo siguiente: "PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones; SEGUNDO.- El artículo 17 constitucional establece, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; TERCERO.- El artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, VI, XX y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y los límites territoriales de los Circuitos en que se divida el territorio de la República Mexicana, así como el número, delimitación territorial y en su caso, especialización por materia, de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de Distrito en cada uno de los mencionados Circuitos. Asimismo, que cada uno de los circuitos comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada distrito deberá establecerse cuando menos un juzgado; CUARTO.- Con motivo de la creación de Órganos Jurisdiccionales y su especialización, la creación de nuevos Distritos Judiciales y su delimitación territorial por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la creación de Centros Regionales Auxiliares, y toda vez que el acuerdo general 11/2011 derogado por el Acuerdo General 17/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ha sido reformado en múltiples ocasiones, se hace evidente la necesidad de emitir uno nuevo que los sustituya y actualice. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase vía oficio la demanda de amparo, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 851/2023 del índice Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en turno, para el efecto de que resuelva si acepta o no la competencia declinada en su favor e informe lo anterior a este juzgado federal, para proveer lo que en derecho corresponda. Solicítese el acuse de estilo respectivo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. Notifíquese.
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