Édgar Jaramillo Benitez
Expediente 814/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Édgar Jaramillo Benitez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se advierte que mediante determinación de ocho de junio de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito, se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, declinando competencia a favor del Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, en turno. Que luego de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), se advierte que fue al Juzgado Tercero de Distrito en aquella localidad, a quien correspondió el conocimiento de ese asunto y en proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, se avocó al conocimiento de asunto radicándolo con el número 840/2023. Como el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. II. Valoración documental. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude dicho numeral. En atención a lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a la DESTRUCCIÓN del presente cuaderno. De acuerdo al numeral 34 del propio Acuerdo General, en la carátula del expediente insértese la leyenda "Destruible" mediante uso de sello y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico. Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a ocho de junio de dos mil veintitrés. I. Se remite expediente. Agréguese el oficio 24500/2023 signado de manera electrónica con evidencia criptográfica por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual, inserta el proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, demanda de amparo promovida por Ranuel Jaramillo Benítez, mediante la cual promueve juicio de amparo en favor de Edgar Jaramillo Benítez, contra actos del Director del Centro Federal número 14 "C.P.S. Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango y los autos originales del juicio de amparo 438/2023, constante de treinta y un fojas útiles; acúsese recibo. II. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ranuel Jaramillo Benítez, mediante la cual promueve juicio de amparo en favor de Edgar Jaramillo Benítez, contra actos del Director del Centro Federal número 14 "C.P.S. Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango. III. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 814/2023. IV. Decisión sobre la instancia. 1. Incompetencia. Ahora, de la revisión de la demanda de cuenta, se advierte que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer de la presente demanda, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se expondrán. Tiene aplicación en la especie la jurisprudencia que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución es de mayor importancia, dado que la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, en razón de que no solamente es declarativa, sino también constitutiva, habida cuenta que define cuál juzgador es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución; así, de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un juzgador tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. Ésta se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y se encuentra relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Tales criterios se encuentran en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también por acuerdos generales, el número de tribunales colegiados, unitarios de circuito y juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Se debe tener presente, además, el contenido del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará a los informes de las autoridades señaladas como responsables; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Las formas del orden jurídico a que se refiere el artículo 107, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran previstas en el artículo 37 de la Ley de amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Ahora, del análisis del precepto invocado, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que son: a) La primera se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el último supuesto, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, se tiene que la primera parte del artículo en mención hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. Un criterio que interpreta el citado precepto es el realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." La anterior tesis interpreta que el motivo para establecer como competente al juez de Distrito en donde materialmente se realice, trate de realizarse o se haya ejecutado el acto reclamado, es porque redunda en beneficio de una impartición pronta y expedita de la justicia, dado que si conoce del presente asunto el juez que radica en el lugar donde tendrá ejecución o haya tenido ejecución el acto reclamado, contará con más facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas, sino especialmente en lo relativo al cumplimiento de los fallos que se dicten en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar este juzgado. Es por ello que es juez competente para conocer de un asunto, aquél que ejerza jurisdicción en el ámbito espacial donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que resulta evidente que es ahí, donde se encuentran los elementos necesarios para establecer la litis entre las autoridades y el promovente, y en aras de respetar los derechos de defensa de éste y otorgarle las mayores facilidades para llevarla al cabo. Establecido lo anterior, conviene señalar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló estar interno en el Centro Federal número 14 "C.P.S. Durango" con residencia en Gómez Palacio, Durango y que con motivo del traslado a dicho centro penitenciario se le suspendió el suministro de su tratamiento a los padecimientos que presenta. Además, al plasmar sus generales textualmente manifiesta que actualmente se encuentra privado de su libertad en el interior del Centro Federal de Readaptación Social 14 "C.P.S. Durango", en Gómez Palacio, Durango, lugar donde este órgano de control constitucional no ejerce competencia. Se afirma lo anterior, en atención a que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que, en lo que interesa, dispuso lo siguiente: "PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones; SEGUNDO.- El artículo 17 constitucional establece, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; TERCERO.- El artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, VI, XX y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y los límites territoriales de los Circuitos en que se divida el territorio de la República Mexicana, así como el número, delimitación territorial y en su caso, especialización por materia, de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de Distrito en cada uno de los mencionados Circuitos. Asimismo, que cada uno de los circuitos comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada distrito deberá establecerse cuando menos un juzgado; CUARTO.- Con motivo de la creación de Órganos Jurisdiccionales y su especialización, la creación de nuevos Distritos Judiciales y su delimitación territorial por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la creación de Centros Regionales Auxiliares, y toda vez que el acuerdo general 11/2011 derogado por el Acuerdo General 17/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ha sido reformado en múltiples ocasiones, se hace evidente la necesidad de emitir uno nuevo que los sustituya y actualice. En consecuencia, con fundamento en las citadas disposiciones constitucionales y legales, este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente: ACUERDO PRIMERO.- El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: [.] .VIII.- OCTAVO CIRCUITO: Estado de Coahuila de Zaragoza y los municipios de General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo del Estado de Durango. [.] ...XXV.- VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: Estado de Durango, con excepción de los municipios de General Simón Bolivar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, San Juan de Guadalupe, San Luís del Cordero, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. SEGUNDO.- Cada uno de los circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito que a continuación se precisan: [.] VIII.- OCTAVO CIRCUITO: 1.- Cinco Tribunales Colegiados Especializados: uno en Materia Civil y del Trabajo y dos en materias Penal y Administrativa, con residencia en Torreón; un Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo y uno en Materias Administrativa y Civil con sede en Saltillo. 2.- Tres Tribunales Unitarios dos con sede en Torreón y uno con sede en Saltillo, Coahuila. 3.- Nueve Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza: dos con residencia en Saltillo, uno con sede en Piedras Negras, dos con residencia en Monclova y cuatro en La Laguna, con sede en Torreón. [.] ...XXV.- VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO: 1.- Dos Tribunales Colegiados con residencia en Durango. 2.- Un Tribunal Unitario con sede en Durango. 3.-Tres Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre." De lo anterior se desprende que los Tribunales que tienen jurisdicción territorial en el Municipio de Gómez Palacio, Durango, son los del Octavo Circuito, con residencia en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza. Entonces, al existir la certeza de que los efectos del acto reclamado tienen ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Gómez Palacio, Durango; por ende, es competente el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en aquella localidad. Bajo esa perspectiva, es de considerarse que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda recibida, por lo que declina la misma a favor del Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en turno, lugar donde tiene ejecución el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021191, cuyo contenido es el siguiente: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Consecuentemente, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase vía oficio la demanda de amparo, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 438/2023 del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante la empresa de paquetería "Estafeta" al Juzgado de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza, en turno, para el efecto de que resuelva si acepta o no la competencia declinada en su favor e informe lo anterior a este juzgado federal, para proveer lo que en derecho corresponda. Solicítese el acuse de estilo respectivo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. V. Firma del presente acuerdo. Se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, serán firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica y en casos extraordinarios, previa justificación, se podrá utilizar la firma autógrafa, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. VI. Digitalización e incorporación de constancias físicas al expediente electrónico. En términos del artículo 263, fracción II y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los documentos recibidos físicamente deberán ser digitalizados e incorporados al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) por la persona funcionaria pública a la que sea encomendada esa labor; en el entendido que las constancias físicas deberán coincidir con las integradas al expediente electrónico. Notifíquese. Así acordó y firma la licenciada Ruth Haggi Huerta García, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, ante el licenciado Tito Alejandro Rubín Reyes, secretario quien autoriza y da fe.- Doy fe.
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