Edgar Jaramillo Benitez

Expediente 1174/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1174/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Edgar Jaramillo Benitez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa, a quien se considera podría causarle algún perjuicio, no combatió la determinación de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, a través de la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues por auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión de plano (punto vigésimo primero, fracción lIl, párrafo segundo y Cuarto). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la depuración del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Director General, la Encargada del Departamento de Servicios Médicos y el Comandante adscrito a la Dirección de Seguridad, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, por medio del cual rinden informe justificado y remiten copia certificada del subestudio de medicina general de trece de septiembre de dos mil diecinueve a nombre del quejoso. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que el peticionario de amparo reclama: La abstención de brindarle atención médica y tratamiento. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable en su informe justificado y aquellas que adjuntó a su informe de cumplimiento a la suspensión, se advierte que el trece de septiembre de dos mil diecinueve, las autoridades responsables proporcionaron a Edgar Jaramillo Benítez la atención médica que requería conforme a la valoración médica que en esa fecha proporcionó el galeno de guardia, que además fue observada según se aprecia de la copia certificada de la hoja de enfermería. Constancias a las que se otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo anterior denota que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los razonamientos jurídicos siguientes. En primer orden conviene establecer que el artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esa tesitura, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, en el entendido que se restablecerán las cosas al estado que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y, si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. En este sentido, el quejoso adujo en su demanda que las responsables habían sido omisas proporcionarle atención médica y tratamiento, pero de las constancias de referencia se advierte que el trece de septiembre de dos mil diecinueve, le brindaron la atención médica requerida, así como el tratamiento indicado. De ahí que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando a la fecha de presentación de la demanda, existía violación al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso que al agraviado, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían por tratarse de actos omisivos, los de obligar a las autoridades a respetar el derecho a la salud consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, que brindaran la atención médica y tratamiento, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que los actos de autoridad reclamados ya no agravian al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se hubiese concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal a su favor. Sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad.". Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) háganse las anotaciones respectivas; asimismo, comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con diez minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y por conducto del defensor de oficio designado.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Se agrega diligencia. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes la diligencia a través de la cualde José Luis Guadalupe Cofrtez, Defensor Público adscrito al Juzgado Tercero de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, por medio de la cual comparece a aceptar y protestar el cargo defensor del peticionario de amparo. En consecuencia, se tiene al citado profesionista como defensor del quejoso Edgar Jaramillo Benitez, para los efectos del presente juicio de amparo; en tal virtud, ésta y las subsecuentes notificaciones de carácter personal deberán de atenderse con el citado profesionista; salvo que este juzgado determine que deban entenderse con el directo impetrante. Notifíquese y personalmente al defensor público del quejoso.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Se rinde informe de cumplimiento a la suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Director de Administración en suplencia del Director General, el Comandante adscrito a la Dirección de Seguridad y Titular de las Áreas de Custodia y Guarda, y la Doctora de Guardia en ausencia de la Encargada del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual en atención al proveído de diecisiete de septiembre pasado exhiben copia certificada de un subestudio y una hoja de enfermería a nombre del peticionario de amparo, ambos de fecha trece del presente mes y año, ello como complemento a su informe cumplimiento a la suspensión de plano; se tiene por cumplido el requerimiento de mérito e insubsistente el apercibimiento con que fueran conminadas las responsables. Se ordena dar vista. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el informe de mérito. Reserva notificación personal. Una vez que obren la totalidad de los informes, notifíquese el presente auto en forma personal a la parte quejosa. Notifíquese.

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