Edgar Jaramillo Benitez
Expediente 548/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/05/2019
Partes del expediente
- Edgar Jaramillo Benitez
- Edgar Jaramillo Benitez y Otros.
Actuaciones
- Principal
V. Toluca, Estado de México a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, enviado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por medio cual el Secretario Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, hace del conocimiento el auto de siete de los cursantes, en el que acusa recibo del oficio por el cual se le envió el juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno e informa que aceptó la competencia planteada por este órgano; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
V) Toluca, Estado de México a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual solicita copia simple de diversas constancias que integran el presente sumario; por tanto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente bajo su costa la copia simple que solicita, previa comparecencia que por su recibo se deje para debida constancia legal. Notifíquese.
- Principal
V. Toluca, Estado de México a tres de mayo de dos mil diecinueve. RADICACION. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Jaramillo Benítez y Juan Carlos Arista Benítez, por propio derecho, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 548/2019-V. INCOMPETENCIA. Ahora, del análisis del libelo de demanda, se desprende que este Juzgado resulta legalmente incompetente para de la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por las razones que enseguida se precisan: En efecto, los quejosos señalan como autoridades responsables y acto reclamado: "III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable las siguientes: ORDENADORA: DE LA C. MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. EJECUTORA: EL C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. IV.- EL ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Como acto reclamado se señala: De la C. MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO reclamamos la SENTENCIA dictada dentro de los autos del TOCA PENAL 36/2019 de fecha CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE en la que CONFIRMA el AUTO de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve dictado en nuestra contra por el C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO dentro de los autos de la causa penal 89/2008, por los delitos de Delincuencia Organizada y otros. Del C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, reclamo la ejecución legal y material de la SENTENCIA dictada por la ordenadora dentro de los autos del TOCA PENAL 36/2019 de fecha CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE dentro de los autos del proceso penal 89/2008." (sic) El numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 29.- Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. (.)" En este orden de ideas, es evidente que este Juzgado resulta legalmente incompetente para conocer de actos emitidos por el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, y estima competente a un Tribunal Unitario del Segundo Circuito, de conformidad con lo dispuesto en el precepto legal transcrito en el párrafo que antecede. Esto es así, dado que con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador ordinario expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual, en su numeral 29, párrafo primero, que ha quedado transcrito, deja asentada la hipótesis que establece cuando conocerán dichos órganos de control constitucional de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de un similar; además, estatuye que el tribunal competente para conocer del asunto, será el más próximo a su residencia; circunstancia que, íntimamente relacionada con lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, arroja que el Tribunal Unitario de Circuito idóneo para conocer del asunto, lo será uno del mismo circuito, siempre y cuando no sea el único en su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 14/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 442, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS POR TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. PARA DETERMINARLA, DEBE APLICARSE LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013): Conforme al precepto citado, cuando en el juicio de amparo indirecto se impugnan actos o resoluciones de un Tribunal Unitario de Circuito, deberá conocer del asunto otro Tribunal de la misma naturaleza (jerarquía y circuito), si lo hubiera, o bien, el que se encuentre más próximo de aquel que haya emitido el acto reclamado, sin necesidad de fundar esa decisión en la aplicación supletoria del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la regla normativa que rige dicha competencia, se encuentra establecida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, en el que expresamente se indican los criterios que la definen: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad. Lo anterior, con independencia de que los actos o resoluciones reclamados pudieran o no tener ejecución material, toda vez que ello no fue considerado por el legislador como parámetro para delimitar la indicada competencia." Así como la tesis de Jurisprudencia número 1a./J. 15/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 441, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA. PARA DETERMINARLA DEBE APLICARSE LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013): Para determinar la competencia referida, debe estarse a la regla especial prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo, con independencia del lugar en que el promovente se encuentre recluido, toda vez que el numeral aludido prevé que la competencia recaerá en otro Tribunal Unitario del mismo circuito, si lo hubiera, o en el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado, sin tomar en consideración para ello el lugar en donde pudieran tener ejecución material los efectos del acto o resolución reclamada. Consecuentemente, al quedar delimitada por el legislador la citada competencia en sólo esos dos criterios: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad, se concluye que la tesis de jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), (1) de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO", es inaplicable cuando se reclaman actos o resoluciones emitidos por los Tribunales Unitarios de Circuito en esa clase de incidentes." En ese sentido, como el acto reclamado es atribuido al Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, remítase de inmediato la demanda de garantías y sus copias al Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común para lo que tenga a bien determinar, solicitando de manera atenta y respetuosa remita el acuse de recibo correspondiente. Con copia del escrito inicial de demanda y del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Onofre Ángeles y Karla Paulina Carmona Rivas, puesto que sí cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a los quejosos.
- Principal
V. (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México a tres de mayo de dos mil diecinueve. RADICACION. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Jaramillo Benítez y Juan Carlos Arista Benítez, por propio derecho, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito y otra autoridad; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 548/2019-V. INCOMPETENCIA. Ahora, del análisis del libelo de demanda, se desprende que este Juzgado resulta legalmente incompetente para de la misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por las razones que enseguida se precisan: En efecto, los quejosos señalan como autoridades responsables y acto reclamado: "III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad responsable las siguientes: ORDENADORA: DE LA C. MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. EJECUTORA: EL C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO. IV.- EL ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Como acto reclamado se señala: De la C. MAGISTRADA DEL TRIBUNAL UNITARIO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO reclamamos la SENTENCIA dictada dentro de los autos del TOCA PENAL 36/2019 de fecha CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE en la que CONFIRMA el AUTO de fecha catorce de febrero de dos mil diecinueve dictado en nuestra contra por el C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO dentro de los autos de la causa penal 89/2008, por los delitos de Delincuencia Organizada y otros. Del C. JUEZ TERCERO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, reclamo la ejecución legal y material de la SENTENCIA dictada por la ordenadora dentro de los autos del TOCA PENAL 36/2019 de fecha CINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE dentro de los autos del proceso penal 89/2008." (sic) El numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece: "Artículo 29.- Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. (.)" En este orden de ideas, es evidente que este Juzgado resulta legalmente incompetente para conocer de actos emitidos por el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, y estima competente a un Tribunal Unitario del Segundo Circuito, de conformidad con lo dispuesto en el precepto legal transcrito en el párrafo que antecede. Esto es así, dado que con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador ordinario expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual, en su numeral 29, párrafo primero, que ha quedado transcrito, deja asentada la hipótesis que establece cuando conocerán dichos órganos de control constitucional de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de un similar; además, estatuye que el tribunal competente para conocer del asunto, será el más próximo a su residencia; circunstancia que, íntimamente relacionada con lo previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, arroja que el Tribunal Unitario de Circuito idóneo para conocer del asunto, lo será uno del mismo circuito, siempre y cuando no sea el único en su jurisdicción. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 14/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 442, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS POR TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. PARA DETERMINARLA, DEBE APLICARSE LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013): Conforme al precepto citado, cuando en el juicio de amparo indirecto se impugnan actos o resoluciones de un Tribunal Unitario de Circuito, deberá conocer del asunto otro Tribunal de la misma naturaleza (jerarquía y circuito), si lo hubiera, o bien, el que se encuentre más próximo de aquel que haya emitido el acto reclamado, sin necesidad de fundar esa decisión en la aplicación supletoria del artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la regla normativa que rige dicha competencia, se encuentra establecida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, en el que expresamente se indican los criterios que la definen: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad. Lo anterior, con independencia de que los actos o resoluciones reclamados pudieran o no tener ejecución material, toda vez que ello no fue considerado por el legislador como parámetro para delimitar la indicada competencia." Así como la tesis de Jurisprudencia número 1a./J. 15/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 441, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA. PARA DETERMINARLA DEBE APLICARSE LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013): Para determinar la competencia referida, debe estarse a la regla especial prevista en el artículo 36 de la Ley de Amparo, con independencia del lugar en que el promovente se encuentre recluido, toda vez que el numeral aludido prevé que la competencia recaerá en otro Tribunal Unitario del mismo circuito, si lo hubiera, o en el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado, sin tomar en consideración para ello el lugar en donde pudieran tener ejecución material los efectos del acto o resolución reclamada. Consecuentemente, al quedar delimitada por el legislador la citada competencia en sólo esos dos criterios: a) igualdad jerárquica; y, b) proximidad, se concluye que la tesis de jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), (1) de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO", es inaplicable cuando se reclaman actos o resoluciones emitidos por los Tribunales Unitarios de Circuito en esa clase de incidentes." En ese sentido, como el acto reclamado es atribuido al Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, remítase de inmediato la demanda de garantías y sus copias al Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común para lo que tenga a bien determinar, solicitando de manera atenta y respetuosa remita el acuse de recibo correspondiente. Con copia del escrito inicial de demanda y del presente proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Onofre Ángeles y Karla Paulina Carmona Rivas, puesto que sí cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese; y personalmente a los quejosos.
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