Edgar Iván Duarte Campos
Expediente 1007/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edgar Iván Duarte Campos
- Edgar Iván Duarte Campos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número Cinco, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia del distrito judicial Galeana con residencia en Nuevo Casas Grandes; para que notifique a ******* el presente proveído, entregándole copia simple del mismo, solicitando el acuse de recibo respectivo y que una vez diligenciada la citada comunicación oficial, lo devuelva a la brevedad posible. En el entendido, que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a cuatro mil treinta pesos moneda nacional ($4,030.00 M.N.), con fundamento en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1007/2017-I-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El doce de diciembre de dos mil diecisiete, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ******* en favor de *******, turnada a este juzgado el mismo día. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, Juez Regional Zona Norte de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del distrito Judicial Bravos y del Director del Centro de Reinserción Social número Uno Aquiles Serdán, a quienes les reclamó la orden de traslado del centro penitenciario en que se encuentra a uno diverso en el país, así como la ejecución de dicha orden. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 18, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 1007/2017-I-1; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Autoridades inexistentes. Por autos de veintitrés de marzo y veintitrés de mayo del año en curso, se tuvieron como autoridades inexistentes al Juez Regional Zona Norte de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y al Juez de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en el Estado de Chihuahua, respectivamente. QUINTO. Vista ampliación demanda. Mediante proveído de treinta de mayo de la presente anualidad, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara la demanda, sin que lo hiciera, por lo tanto se hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de treinta de mayo del año en curso y se continuó el trámite del juicio de amparo únicamente respecto de las autoridades que habían sido señaladas como responsables. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de traslado del centro penitenciario en que se encuentra a uno diverso en el país, así como la ejecución de dicha orden. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Uno en Aquiles Sedán, Chihuahua, al rendir su respectivo informe justificado negó categóricamente el acto que le atribuye el accionante del amparo, consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua al Centro de Reinserción Social Estatal número Cinco, en Nuevo Casas Grandes y posteriormente al Centro de Reinserción Social Estatal número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como su reingreso al segundo de los centros penitenciarios en mención, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tales negativas. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la tesis jurisprudencial número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que textualmente dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Este juzgado federal advirtió respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua al Centro de Reinserción Social Estatal número Cinco, en Nuevo Casas Grandes y posteriormente al Centro de Reinserción Social Estatal número Uno en Aquiles Serdán, Chihuahua, así como su reingreso al segundo de los centros penitenciarios en mención la participación de diversa autoridad, por lo que, en proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se requirió a la parte quejosa para que en el momento de la notificación o dentro del plazo de quince días, computados legalmente, manifestará por escrito si señalaba como autoridad ordenadora a la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y como ejecutora al Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua. En auto de tres de julio de dos mil dieciocho, una vez que transcurrió el término de quince días otorgado al quejoso y dado que no cumplió con la prevención realizada, se indicó que el asunto se analizaría en los términos planteados por la demanda. Por lo que, al no haberse llamado a juicio a la autoridad que ordenó el traslado, debe sobreseerse en el juicio ante la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto emitido por una autoridad que ha quedado inaudita. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia VI. 3o. J/44 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 74, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, página 67, con registro 213345, Octava Época, de rubro y texto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. En otras palabras, si de actuaciones queda acreditada la existencia del acto reclamado consistente en la orden de traslado del centro penitenciario en que se encuentra a uno diverso en el país, así como la ejecución de dicha orden, pero la parte quejosa omitió señalar como autoridad responsable a la autoridad que lo ordenó y no se atacó la ejecución por vicios propios, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, ante la imposibilidad legal de examinar la constitucionalidad de dicho acto, por no haberse emplazado legalmente a la autoridad que lo emitió, lo que equivaldría a no haberla escuchado en juicio, al haber incumplido el quejoso con lo previsto por el artículo 108 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 194684, que es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ESTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En efecto, al quedar patentizado en autos que la parte quejosa omitió señalar como responsable a la autoridad a la que correspondía la realización u omisión del acto reclamado en estudio, a pesar que de autos se advierte que existen datos que la identifican plenamente, con los cuales se le dio vista, y más aun, fue requerido personalmente para ese efecto, sin que haya cumplido la prevención. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Finalmente, debe indicarse que la determinación a la que se arriba no implica el estudio de fondo del acto reclamado, por lo que quedan a salvo los derechos para promover otro juicio de amparo en el que señale a las autoridades responsables que emitieron la orden de traslado, pues al tratarse de actos, privativos de libertad fuera de procedimiento su demanda puede promoverse en cualquier momento. Ahora, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número Cinco, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia del distrito judicial Galeana con residencia en Nuevo Casas Grandes; para que notifique a ******* la presente resolución, entregándole copia simple de la misma, solicitando el acuse de recibo respectivo y que una vez diligenciada la citada comunicación oficial, lo devuelva a la brevedad posible. En el entendido, que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a cuatro mil treinta pesos moneda nacional ($4,030.00 M.N.), con fundamento en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1007/2018-I-1, promovido por *******, respecto de las autoridades responsables y actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos se advierte que en auto de treinta de mayo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si señalaba como autoridad ordenadora a la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y como ejecutora al Director del Centro de Reinserción social Estatal número Tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que en el término de quince días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho acuerdo, ampliara la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo. Ahora, vista la certificación de cuenta se desprende que la temporalidad preindicada transcurrió sin que la parte quejosa ampliara la demanda de amparo; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y se continuará el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto de las autoridades que hasta ahora fueron señaladas en autos como responsables. Atento a lo anterior, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número Cinco, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia del distrito judicial Galeana con residencia en Nuevo Casas Grandes; para que notifique a ************* el presente proveído, entregándole copia simple del mismo, solicitando el acuse de recibo respectivo y que una vez diligenciada la citada comunicación oficial, lo devuelva a la brevedad posible. En el entendido, que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a cuatro mil treinta pesos moneda nacional ($4,030.00 M.N.), con fundamento en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que aún no transcurre el término otorgado al quejoso en el auto de treinta de mayo del año en curso, para que ampliara su demanda. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Atento a lo anterior, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Número Cinco, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia del distrito judicial Galeana con residencia en Nuevo Casas Grandes; para que notifique a ******* el presente proveído, entregándole copia simple del mismo, solicitando el acuse de recibo respectivo y que una vez diligenciada la citada comunicación oficial, lo devuelva a la brevedad posible. En el entendido, que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización equivalentes a cuatro mil treinta pesos moneda nacional ($4,030.00 M.N.), con fundamento en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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