Édgar Iván Álvarez Valenzuela

Expediente 573/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
573/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Édgar Iván Álvarez Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintinueve de julio de dos mil veintidós, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 573/2022-V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió el ocurso 22281/2022 signado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la capital, mediante el cual remitió la demanda promovida por **********, al declararse incompetente para conocer del citado asunto, la cual fue recibida en la misma data en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y otras, en esta ciudad, de las que reclamó: [.] 1. De las ordenadoras la ilegal ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN Y/O CITACIÓN Y/O COMPARECENCIA Y/O RETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO dictada, obsequiada y/o solicitada en contra del suscrito. 2. De las ejecutoras el acto de cumplimentar dicho acto reclamado y la consecuente puesta a disposición de los suscritos ante el Juez de Control ordenador, por lo que se me privará de mi libertad ambulatoria sin cumplir la formalidad esencial del procedimiento. De las ejecutoras reclamo la incomunicación, malos tratos, golpes o tortura que ejecuten en mi humanidad a fin de ejecutar dicha orden de aprehensión, comparecencia, citación, detención o retención fuera de procedimiento. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se aceptó la competencia planteada y la demanda de amparo se registró con el número 573/2022-V; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La orden de aprehensión librada en contra de **********, el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la causa penal 4840/2022, por los delitos siguientes: Violación con penalidad agravada, establecido en los artículos 172, fracción II1, en relación con el 175, fracción VII2, del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima menor de edad de iniciales **********., en hechos ocurridos un día del mes de abril de dos mil doce. Violación con penalidad agravada, establecido en los artículos 171, en relación con el 175, fracción VII, del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales **********., en hechos ocurridos el ocho de junio de dos mil veintidós. Violación con penalidad agravada, establecido en los artículos 171, en relación con el 175, fracción VII, del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales **********., en hechos ocurridos el diecinueve de junio de dos mil veintidós. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la cumplimentación de órdenes de aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, en esta ciudad, convinieron en la existencia del acto de que se duele el justiciable, a saber, la orden de captura librada en su contra dentro de la causa penal 4840/2022, el veintitrés de junio de dos mil veintidós, por el delito precisado con antelación, así como su ejecución. A su vez, los agentes del Ministerio Público y los agentes de la Policía Estatal División Investigación adscritos al Departamento de Ordenes de Aprehensión, ambos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, fueron omisos en rendir sus informes justificados, no obstante haber sido debidamente requeridos para ello; por tal motivo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de treinta de junio pasado, y se tienen por cierto el acto que se les reclama, a saber la ejecución de la orden de captura librada en contra del quejoso. Por su parte, la Encargada de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal de Seguridad Zona Norte y la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia del Secretario, precisaron que no es cierto el acto que les endilga el justiciable; sin embargo, su negativa se ve desvirtuada con motivo de lo expuesto por la autoridad jurisdiccional del orden común, pues aquellas, con motivo de sus funciones, se encuentran en aptitud de dar cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en contra del justiciable. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de la videograbación que contiene la audiencia celebrada el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en la causa penal 4840/2022, constancia que, al tratarse de documental pública, merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. En ese sentido, este órgano advierte que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; La mencionada causa de improcedencia, es la comúnmente denominada litispendencia, la cual, entraña un fenómeno procesal que se traduce en la simultánea tramitación de dos o más juicios en los cuales los elementos especiales de las acciones respectivas, sean los mismos. Trasladado lo anterior al amparo, la disposición legal transcrita contempla una hipótesis de litispendencia entre dos o más juicios de amparo, con vista a la identidad en cuanto al quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado. Se trata, pues, de expedientes iguales. Dicha causa de improcedencia, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. La finalidad de esta causa, es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico. Así, de lo anterior, se colige que el juicio de derechos fundamentales resulta improcedente siempre que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto que se reclame sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o en única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los extremos anteriores, como se verá a continuación, se surten en el caso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se obtiene que el peticionario de amparo tilda de inconstitucional, lo siguiente: [.] 1. De las ordenadoras la ilegal ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN Y/O CITACIÓN Y/O COMPARECENCIA Y/O RETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO dictada, obsequiada y/o solicitada en contra del suscrito. 2. De las ejecutoras el acto de cumplimentar dicho acto reclamado y la consecuente puesta a disposición de los suscritos ante el Juez de Control ordenador, por lo que se me privará de mi libertad ambulatoria sin cumplir la formalidad esencial del procedimiento. De las ejecutoras reclamo la incomunicación, malos tratos, golpes o tortura que ejecuten en mi humanidad a fin de ejecutar dicha orden de aprehensión, comparecencia, citación, detención o retención fuera de procedimiento. [.] Y, señala como autoridades responsables a las siguientes: El Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Chihuahua (.) Agentes del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM ZONA NORTE) (.) Agentes de la Policía Estatal División Investigación adscritos al departamento de órdenes de aprehensión de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM ZONA NORTE) (.) Titular de la Comisión Estatal de Seguridad y/o Secretaría de Seguridad Pública Estatal (.) Agentes Estatales de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, encargados de ejecutar órdenes de aprehensión (.) Director de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de Juárez, Chihuahua (.) Ahora, el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, se actualizará esta causa cuando se dicte sentencia en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las determinaciones controvertidas. Así, una vez que la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, rindió su informe justificado, comunicó que el quejoso Edgar Iván Álvarez Valenzuela, presentó diversa demanda de amparo, la cual fue radicada bajo el número 560/2022, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. Atento a ello, el seis del actual se peticionó al Titular de dicho órgano jurisdiccional, remitiera copia de la demanda de amparo presentada por el justiciable e informara el estado que guarda dicho asunto; por lo que mediante oficio 15730/2022 fechado el once siguiente, remitió copia certificada de la demanda en comento y precisó que la audiencia constitucional se encontraba fijada para las doce horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de los mismos. Asimismo, de la lectura del escrito de demanda que dio origen al juicio de amparo 560/2022, se desprende que el quejoso señalo como actos reclamados y autoridades responsables, a las siguientes: [.] 1. De las ordenadoras la ilegal ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN Y/O CITACIÓN Y/O COMPARECENCIA Y/O RETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO dictada, obsequiada y/o solicitada en contra del suscrito. 2. De las ejecutoras el acto de cumplimentar dicho acto reclamado y la consecuente puesta a disposición de los suscritos ante el Juez de Control ordenador, por lo que se me privará de mi libertad ambulatoria sin cumplir la formalidad esencial del procedimiento. De las ejecutoras reclamo la incomunicación, malos tratos, golpes o tortura que ejecuten en mi humanidad a fin de ejecutar dicha orden de aprehensión, comparecencia, citación, detención o retención fuera de procedimiento. [.] Y, señala como autoridades responsables a las siguientes: El Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Chihuahua (.) Agentes del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM ZONA NORTE) (.) Agentes de la Policía Estatal División Investigación adscritos al departamento de órdenes de aprehensión de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM ZONA NORTE) (.) Titular de la Comisión Estatal de Seguridad y/o Secretaría de Seguridad Pública Estatal (.) Agentes Estatales de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, encargados de ejecutar órdenes de aprehensión (.) Director de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Municipio de Juárez, Chihuahua (.) Lo que lleva a concluir que dichos actos reclamados y autoridades responsables, son coincidentes con el escrito que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. Luego, en la audiencia constitucional celebrada en esta fecha, la Secretaria de este Juzgado hizo constar que una vez que se revisó la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, https://www.dgej.cjf.gob.mx/siseinternet/Actuaria/VerAcuerdo.aspx?listaAcOrd=10&listaCatOrg= 334&listaNeun=30349610&listaAsuId=1&listaExped=560/2022&listaFAuto=26/07/2022&listaFPublicacion=27/07/2022, se advierte que el veintiséis de julio del presente año, en el juicio de amparo 560/2022, promovido por Edgar Iván Álvarez Valenzuela, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, se difirió la audiencia constitucional, señalando para su verificativo las once horas con treinta y cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. De lo que se tiene, que el referido expediente (560/2022) se encuentra en trámite, puesto que la audiencia constitucional se encuentra fijada para el cuatro de octubre de dos mil veintidós. En tales condiciones, si este juicio de amparo se promovió por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado y las autoridades responsables, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, relativa a que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es aplicable la tesis I.11o.C.29 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 2019184, de la Décima Época, Materia Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, de febrero de 2019, Tomo II, página 3016, que a la letra dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, anexo al cual envía el informe justificado de la autoridad responsable, Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, en representación por ausencia del Secretario; por ello, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado del Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. IRS

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a trece de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el seis del actual, adjuntando copia certificada de la demanda de amparo promovida en el juicio 560/2022-IV por el justiciable Edgar Iván Álvarez Valenzuela e informando que tiene señalada la audiencia constitucional para las doce horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de julio de dos mil veintidós. De lo anterior toma conocimiento este órgano jurisdiccional, reservándose proveer lo conducente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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