Edgar Iuriel Villanueva Gutierrez

Expediente 1084/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1084/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Edgar Iuriel Villanueva Gutierrez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintidós. Fue aceptada la competencia declinada. Se agrega al presente cuaderno de antecedentes, el oficio con evidencia criptográfica del secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, por el cual informa que la titular de ese órgano aceptó la competencia legal declinada por esta juzgadora, y acusa recibo del expediente original del juicio de amparo promovido por el quejoso xxx. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se declaró la incompetencia legal por la hipótesis de territorio. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes mencionado, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1084/2022-IV. Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 signada por el quejoso **************, por derecho propio, contra actos del ".Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con sede en Cadereyta Jiménez Nuevo León." (sic), y otra autoridad responsable. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 (reformado en su periodo de vigencia por el similar 21/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia producida por el virus SARS-CoV-22 , causante de la enfermedad COVID-19. Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2 y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). En ese sentido, es necesario destacar que, de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que, para estar en aptitud de tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues, para ello, es indispensable que, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Incompetencia legal. La lectura integral de la demanda, permitió detectar que la competencia legal por territorio, corresponde a un Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, porque el juez de control que dictó el auto de vinculación a proceso contra el quejoso, reside en la citada entidad federativa. De ahí que deba seguirse la regla de competencia legal por territorio, que asigna ese presupuesto legal al juez de amparo en cuya jurisdicción resida la autoridad judicial que haya dictado la vinculación. Además, no puede aceptarse la premisa alegada por el quejoso para fincar la competencia a esta juzgadora de tutela: que la competencia por territorio resulta de que la prisión preventiva domiciliaria se ejecuta en la ciudad de Puebla, y la vigilancia de esa medida la realiza una autoridad residente en el Estado de Puebla. Esa premisa debe rechazarse, porque la regla de competencia legal por territorio en lo que toca al auto de vinculación a proceso, como se dijo, asigna ese presupuesto legal al juez de amparo en cuya jurisdicción resida la autoridad judicial que haya dictado la vinculación. Lo anterior se orienta en la tesis jurisprudencial 1a./J. 118/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la Décima Época, que se encuentra con registro digital 160608, como sigue: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Por lo que esta juzgadora declara la actualización de la incompetencia legal por territorio, respecto de la demanda de protección de derechos presentada por el quejoso. Sobre todo porque la autoridad responsable ordenadora, es decir, la que dictó el auto de vinculación a proceso y que constituye el principal acto combatido, reside en el Estado de Nuevo León, motivo por el cual asiste la competencia legal por territorio a un juez de amparo de la citada entidad. Lo cual obliga a declinar el conocimiento del asunto al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, dado que en su jurisdicción reside la autoridad judicial que dictó el auto de vinculación a proceso. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declina la competencia legal por territorio al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno. En consecuencia, se ordena remitir el expediente formado con la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, para que lo turne al Juez de Distrito que corresponda. Se solicita al juez de amparo que reciba el presente asunto, informe si aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo. Anotaciones internas. Se ordena a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y a la oficial administrativa que se encarga de los libros de gobierno, realicen las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Consulta física del expediente. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 21/2022), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Presentación de promociones físicas. Se comunica a los intervinientes que la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Lo anterior, deberá ser observado en caso de que se pretenda presentar una promoción de forma física o exhibir documentos (incluidas garantías). Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que ofreció para ese propósito (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, quedan autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, los profesionistas de nombres **************y **************, porque aquél decidió otorgarles facultades amplias y estos tienen registrada su cédula profesional, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. En atención a lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 (reformado en el periodo de vigencia por su similar 21/2022), del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen los números telefónicos y la dirección de correo electrónico precisadas en la demanda, como medios para contactar al quejoso. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación (teléfono móvil y correo electrónico), sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran (y de estimarse necesario). Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Indicación a la actuaria. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y utilizar el Kit de seguridad que se le ha proporcionado para salvaguardar su integridad física, en la situación actual de contingencia sanitaria. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como los acuerdos generales 21/2007 y 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y la integración del expediente electrónico, así como en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto3 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Cuaderno de antecedentes y registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias, dado que el original del presente juicio habrá de remitirse por la declaración de incompetencia legal. Por último, se ordena a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en el inmueble que señaló como domicilio procesal); y cúmplase.

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