Edgar Hernandez Quecholac

Expediente 617/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
617/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Edgar Hernandez Quecholac
  • Alejandro Modesto Gutiérrez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 617/2021-VII. Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Declaración de firmeza procesal Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del expediente, se advierte el proveído de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, por el que se declaró cumplida la ejecutoria de protección. Lo cual se hizo del conocimiento a las partes en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, para manifestar lo que a su interés conviniera, apercibidas que en caso de no hacerlo, se tendría consentido tal acuerdo. Pese a ello, el plazo otorgado transcurrió hasta su conclusión, sin que se interpusiera el recurso de inconformidad, pues ningún escrito se recibió en ese sentido. Entonces, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, se declara firme el acuerdo que declaró cumplida la sentencia. Con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, de ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración previa. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo, ya que se otorgó el amparo al aquí quejoso. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a la parte tercera interesada, pues ningún derecho procesal está involucrado. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito, o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar al a página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar al resto de las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos a las partes. En atención que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, remite copias certificadas del proceso * * que integran el tomo I, en apoyo a su informe justificado, de su índice; pues, resulta innecesaria su retención; por ende, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes. Sin que sea necesario requerirle acuse recibo correspondiente puesto que se tratan de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 617/2021-VII. Puebla, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Por consiguiente, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria protectora; ..., está materializado el derecho de acceso a la justicia, reconocido a favor de Edgar Hernández Quecholac, pues el juez responsable ha actuado conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia de amparo dictada el cinco de agosto de dos mil veintiuno. Es así, porque en la referida resolución se precisaron como efectos del amparo: ". Deje insubsistente la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro de la causa penal *, a través de la cual se consideró al aquí quejoso probable responsable de la comisión de los delitos de extorsión y abuso de autoridad, en agravio de * (tercero interesado); II. Emita una nueva determinación, en la cual ordene la reposición del procedimiento a partir del instante previo a la diligencia de declaración preparatoria; ello, con el objeto de que, en términos de los razonamientos esgrimidos en esta sentencia, haga efectivos el derecho de defensa del quejoso, esto es, se abstenga de apercibirlo de los delitos que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial y verifique que el quejoso pueda ejercer su derecho de defensa de manera oportuna, esto es , darle la oportunidad de tener comunicación -incluso en forma privada- con su representado de manera previa a recabar cualquier tipo de declaración de aquel, pero una vez que tengan conocimiento de los antecedentes de investigación; III. Además, en caso de que el quejoso opte por designar un defensor particular, se deberá de verificar que éste cuente con cedula profesional como licenciado en derecho y, en su caso, dejar constancia en el expediente de ello; y, IV. Por último, con libertad de jurisdicción resolverá la situación jurídica del quejoso." Luego, el tres de septiembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia porque no fue impugnada por ninguna de las partes y se requirió su cumplimiento a la responsable. Entonces, en estricto apego a esos lineamientos, el juez responsable el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de diez de junio del año en curso dictada dentro de la causa penal *, en la misma fecha ordenó la reposición del procedimiento y se le requirió al quejoso a efecto de que en el término de tres días y/o al momento de rendir su declaración preparatoria nombre defensor particular, luego en siete de septiembre del mismo año señaló las catorce horas del día ocho de septiembre para tomar la declaración preparatoria del quejoso. Así, en el desahogo de la diligencias de mérito y, en atención a los lineamientos esgrimidos en la sentencia amparadora, el aquí quejoso emitió su declaración preparatoria sin que mediara coacción por parte de la autoridad responsable. Además, solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica y ofreció en su favor un estudio socioeconómico, criminológico y psicológico; de ahí que, el plazo del término constitucional prorrogado transcurrió del siete al trece de de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, señaló que carecía de abogado particular que defendiera sus intereses, motivo por el cual se nombró a la licenciada Yasmín Rojas Vélez, como defensora, quien se identificó con su cedula profesional con número 5341775 expedida por la Secretaría de Educación Pública y gafete laboral con número 86663 expedido por el Gobierno del Estado, documentos con los que acreditó ser licenciada en derecho, misma que aceptó y protestó el cargo como defensora pública del quejoso. Finalmente, en fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, con libertad de jurisdicción resolvió la situación jurídica del quejoso y dictó una nueva resolución dentro de la causa penal 63/2016, misma que le notificó al quejoso en fecha quince de septiembre del año en curso. De ese modo, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si el quejoso llegara a estar inconforme con la decisión adoptada, se le hace saber que tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que estén en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) El tres de septiembre del año en curso causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento; b) El Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, cumplió la protección constitucional, mediante determinación de trece de septiembre de dos mil veintiuno; c) El diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de este juzgado el último oficio donde la jueza responsable informó dicho cumplimiento; y d) En la presente fecha, -cuatro de octubre de dos mil veintiuno-, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y a los terceros interesados, al agente del ministerio público de la federación y a las autoridades responsables mediante oficio; y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA TERCERA INTERESADA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.- JUICIO DE AMPARO 617/2021-VII. Puebla, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de este juicio, se observa que ha concluido el plazo de tres días concedidos a las partes, en auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, para manifestarse respecto de los actos efectuados por Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Por consiguiente, se procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria protectora; ..., está materializado el derecho de acceso a la justicia, reconocido a favor de Edgar Hernández Quecholac, pues el juez responsable ha actuado conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia de amparo dictada el cinco de agosto de dos mil veintiuno. Es así, porque en la referida resolución se precisaron como efectos del amparo: ". Deje insubsistente la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro de la causa penal *, a través de la cual se consideró al aquí quejoso probable responsable de la comisión de los delitos de extorsión y abuso de autoridad, en agravio de * (tercero interesado); II. Emita una nueva determinación, en la cual ordene la reposición del procedimiento a partir del instante previo a la diligencia de declaración preparatoria; ello, con el objeto de que, en términos de los razonamientos esgrimidos en esta sentencia, haga efectivos el derecho de defensa del quejoso, esto es, se abstenga de apercibirlo de los delitos que incurren quienes declaran con falsedad ante una autoridad judicial y verifique que el quejoso pueda ejercer su derecho de defensa de manera oportuna, esto es , darle la oportunidad de tener comunicación -incluso en forma privada- con su representado de manera previa a recabar cualquier tipo de declaración de aquel, pero una vez que tengan conocimiento de los antecedentes de investigación; III. Además, en caso de que el quejoso opte por designar un defensor particular, se deberá de verificar que éste cuente con cedula profesional como licenciado en derecho y, en su caso, dejar constancia en el expediente de ello; y, IV. Por último, con libertad de jurisdicción resolverá la situación jurídica del quejoso." Luego, el tres de septiembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia porque no fue impugnada por ninguna de las partes y se requirió su cumplimiento a la responsable. Entonces, en estricto apego a esos lineamientos, el juez responsable el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución de diez de junio del año en curso dictada dentro de la causa penal *, en la misma fecha ordenó la reposición del procedimiento y se le requirió al quejoso a efecto de que en el término de tres días y/o al momento de rendir su declaración preparatoria nombre defensor particular, luego en siete de septiembre del mismo año señaló las catorce horas del día ocho de septiembre para tomar la declaración preparatoria del quejoso. Así, en el desahogo de la diligencias de mérito y, en atención a los lineamientos esgrimidos en la sentencia amparadora, el aquí quejoso emitió su declaración preparatoria sin que mediara coacción por parte de la autoridad responsable. Además, solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica y ofreció en su favor un estudio socioeconómico, criminológico y psicológico; de ahí que, el plazo del término constitucional prorrogado transcurrió del siete al trece de de septiembre de dos mil veintiuno. Asimismo, señaló que carecía de abogado particular que defendiera sus intereses, motivo por el cual se nombró a la licenciada Yasmín Rojas Vélez, como defensora, quien se identificó con su cedula profesional con número 5341775 expedida por la Secretaría de Educación Pública y gafete laboral con número 86663 expedido por el Gobierno del Estado, documentos con los que acreditó ser licenciada en derecho, misma que aceptó y protestó el cargo como defensora pública del quejoso. Finalmente, en fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, con libertad de jurisdicción resolvió la situación jurídica del quejoso y dictó una nueva resolución dentro de la causa penal 63/2016, misma que le notificó al quejoso en fecha quince de septiembre del año en curso. De ese modo, resulta patente que la autoridad responsable ha cumplido con los efectos precisados en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina cumplida la sentencia, sin excesos ni defectos. Pero, si el quejoso llegara a estar inconforme con la decisión adoptada, se le hace saber que tiene derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuenta con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que estén en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Por último, con el objeto de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se puntualizan los datos siguientes: a) El tres de septiembre del año en curso causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento; b) El Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, cumplió la protección constitucional, mediante determinación de trece de septiembre de dos mil veintiuno; c) El diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía de este juzgado el último oficio donde la jueza responsable informó dicho cumplimiento; y d) En la presente fecha, -cuatro de octubre de dos mil veintiuno-, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y a los terceros interesados, al agente del ministerio público de la federación y a las autoridades responsables mediante oficio; y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 617/2021-VII. Puebla, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por ***, mediante el cual señala un autorizado y solicita la consulta del expediente electrónico y se le autoricen las notificaciones electrónicas. Por tanto, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Juventino Cadena Blanco, porque su cédula profesional está inscrita en el Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo el quejoso solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario " ". Entonces, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas a través del nombre de usuario " ". En consecuencia, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente expediente, realice las gestiones necesarias para materializar dicha autorización. Notifíquese.

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