Edgar Huerta Montiel
Expediente 246/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2022
Partes del expediente
- Edgar Huerta Montiel
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 869/2022-X, signado por el Secretario del, Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite el diverso 1112, enviado vía electrónica por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el que devuelve diligenciado el exhorto 116/2022-VIII (orden 129/2022-VIII), en el que se ordenó notificar personalmente al quejoso Edgar Huerta Montiel, el proveído de tres de los corrientes; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda; dése de baja como diligenciado de la estadística de comunicaciones oficiales enviadas y háganse las anotaciones pertinentes. Sin que sea necesario acusar recibo a la autoridad oficiante, en virtud de que éste se generó electrónicamente. Por otra parte, de la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Edgar Huerta Montiel; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los ordinales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el ordinal 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del dispositivo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, tres de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta al cual se adjunta la demanda de garantías que signa Edgar Huerta Montiel, contra actos del Director General, del Titular del Área Administrativa, del Consejo Técnico Interdisciplinario y del Área de Seguridad y Custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce CPS Guanajuato, con en Ocampo, Guanajuato; regístrese bajo el número 246/2022-VIII en el libro de gobierno respectivo de juicios de amparo. Con apoyo en el numeral 113 de la Ley se realiza un análisis integral del ocurso de mérito y se advierte que el promovente reclama en síntesis, las omisiones de no entregarle diversa correspondencia que le llegó desde hace más de dos y siete meses, así como contestarle peticiones por fotografías que le llegaron desde dos mil veintiuno, lo cual refiere afecta en su esfera jurídica, en su calidad de interno del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce CPS, Guanajuato. Luego, si las autoridades penitenciarias que tienen a su cargo la custodia del quejoso, le han negado el acceso a sus pretensiones de recibir documentos enviados por familiares del quejoso y documentos que considera de vital importancia, se trata de actos relacionados con sus condiciones de internamiento en el centro de reclusión donde permanece. Este tribunal advierte que es improcedente la acción intentada por el agraviado a través de la demanda de cuenta, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." Lo anterior, en virtud de que en su calidad de recluso de un centro penitenciario, al reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto debe agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dicha legislación prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, actos u omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula (internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial), siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de internamiento que deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. Régimen disciplinario, en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la legislación especial en análisis. Los numerales 107, 108, fracción I, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, fracciones I, II y IV, 117, fracciones I y II, 131 y 132, fracciones I, IV, VI y VIII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan: "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; (.)." "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad." "Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas." "Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada." "Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el juez de ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el juez de ejecución para plantear su petición. En este caso, el juez de ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el juez de ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; (.) IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y (.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el juez de control o de ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; (.)." "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; (.) IV. Medidas de seguridad; (.) VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; (.) VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y (.)." De los preceptos antes reseñados, se observa que las personas privadas de su libertad, pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, en términos de lo que se establece en el título cuarto, capítulo III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada legislación prevé, en principio, un procedimiento administrativo de peticiones en favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, en forma específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Esto es, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo de control en contra de los hechos, actos u omisiones relacionadas con las condiciones de internamiento. 1. Ese mecanismo inicia con un procedimiento de peticiones administrativas, que pueden ser formuladas por las personas privadas de la libertad y aquellas que estén legitimadas legalmente. 2. Con motivo de ese tipo de peticiones, la autoridad penitenciaria debe pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para los internos o la vulneración a los derechos de terceras personas y, en su caso, reparar dicha transgresión, pues dentro de las veinticuatro horas siguientes admitirá por escrito la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en el supuesto de que la solicitud sea confusa. 3. El director del centro penitenciario tiene la obligación de resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la solicitud y deberá notificar al peticionario en uno diverso no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la determinación respectiva. 4. Si la petición se resuelve en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la decisión correspondiente. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. 5. En la hipótesis de que la solicitud no se resuelva dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar tal omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá en un lapso no mayor a setenta y dos horas. En el caso de la acción sea procedente el órgano jurisdiccional requerirá a la autoridad penitenciaria que se pronuncie respecto del fondo de la petición formulada en el plazo de cinco días y dará vista al superior jerárquico inmediato de la entidad administrativa. 6. La autoridad penitenciaria hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene para interponer el recurso de controversia ante el Juez de ejecución y deberá dejar constancia de esa situación por escrito. 7. Cuando las peticiones recaigan sobre los hechos, los actos u omisiones asociadas con las condiciones de internamiento que de no atenderse de inmediato quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de ejecución para plantear su solicitud. 8. Los Jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con: a) las condiciones de internamiento y de sus situaciones conexas o asociadas; b) el plan de actividades de la persona privada de la libertad y las cuestiones relacionadas con él que impliquen violación a los derechos fundamentales; y, c) la duración, la modificación y la extinción de la pena y de sus efectos. 9. Los sujetos legitimados legalmente para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de control o de ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos siguientes: I) las condiciones de internamiento, el plan de actividades y las cuestiones relacionadas con esos aspectos, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; y, II) la impugnación de las sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, la cual podrá hacerse valer en el acto de la notificación o dentro de los diez días siguientes, entre otros conflictos. 10. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o de la resolución que se impugna y tiene por objeto que el Tribunal de alzada revise la legalidad de la determinación combatida, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. 11. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: a) el desechamiento de la solicitud; b) las medidas de seguridad; c) la ejecución de las sanciones disciplinarias; y, d) la afectación a los derechos de las personas privadas de la libertad, entre otros supuestos. El citado mecanismo ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. Asimismo, ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. También, establece la posibilidad de apelar la determinación del juez en caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. El mecanismo de control ordinario otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente. Esto es, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un mecanismo integral de control de actos u omisiones suscitados al interior de los centros penitenciarios, el cual, si bien inicia con peticiones administrativas, en realidad, se trata de un mecanismo de defensa judicializado, pues aunque en un primer momento la autoridad penitenciaria conoce de ella (lo cual se justifica ante la necesidad de solucionar de manera pronta y eficaz los conflictos que se susciten con motivo de las condiciones de internamiento propiciando así el restablecimiento de la vida digna y segura en la prisión); ello no implica que la autoridad penitenciaria tenga la última decisión sobre el conflicto planteado, sino que el referido mecanismo fue diseñado con contrapesos que permiten el control jurisdiccional en todo momento, tan es así que en el caso de que el promovente reciba una respuesta negativa puede atacarla ante el Juez de ejecución a través del recurso de controversia. Incluso, la judicialización de ese mecanismo también se evidencia a partir de que en el supuesto de que la autoridad no resuelva la petición en el plazo legal, el solicitante puede denunciar tal omisión ante el Juez de ejecución para que éste dentro del lapso de setenta y dos horas califique tal denuncia y, de ser procedente, requiera a la autoridad penitenciaria que responda la petición de fondo y dará vista al superior jerárquico de aquélla. Se trata de todo un sistema que implementa mecanismos de defensa en favor de las personas internas en los centros penitenciarios, en el cual la última decisión está a cargo de una autoridad judicial. De ahí que se considere un sistema judicializado, a pesar de que no pasa inadvertido que la autoridad penitenciaria es formalmente administrativa; empero, no debe soslayarse que esa entidad pública materializa la ejecución de la pena de prisión de acuerdo con lo establecido por el ordinal 14 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y, por ende, debe procurar la regularidad de la vida digna y segura en reclusión conforme al principio de reinserción social y al sistema penitenciario vigente establecidos en el artículo 18 de la Constitución Federal y en el citado ordenamiento; así, la realización de esas tareas constituye un ejercicio complementario del procedimiento de ejecución de la sentencia condenatoria dictada en contra del promovente. Al Juez de ejecución le compete constitucional y legalmente la labor de vigilar y de controlar las relaciones de hecho y de derecho que surjan entre las personas sentenciadas y la autoridad penitenciaria, entre otros aspectos, las asociadas con las condiciones de internamiento y las situaciones conexas a la ejecución de la pena de prisión, por lo que la actuación del ente administrativo se concreta a lo que se le haya ordenado en el fallo definitivo condenatorio. Sobre el tema se cita la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta, Libro 61, Tomo I, diciembre de dos mil dieciocho, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2018548, que dice : "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." En ese sentido, es evidente que su reclamo incide en las condiciones de internamiento dentro del Centro Federal en el que se está recluido, por lo cual, se encuentra sujeto al procedimiento administrativo contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, queconstituye un verdadero medio de impugnación; lo cual lo vincula a tramitarlo hasta su conclusión. No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad previsto en el penúltimo párrafo de la fracción XX del ordinal 61 de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de un acto carente de fundamentación y motivación, pues se reclamaron omisiones atribuidas a las autoridades penitenciarias señaladas como responsables, y tampoco se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución, al tratarse de una conducta omisiva. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo y con apoyo en el ordinal 113 de la citada legislación, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Edgar Huerta Montiel. Se estima aplicable la jurisprudencia VI.3o.C.J/62 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con registro electrónico 175964 y publicada en la página 1665, del tomo XXIII, febrero de 2006, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." También, se invoca la jurisprudencia P./J.11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perceptible con el símbolo de búsqueda 2017117 y visible en la página 8, del libro 55, junio de 2018, tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y estadísticas que procedan. Dado que el quejoso Edgar Huerta Montiel se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce CPS, en Ocampo, Guanajuato, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su ordinal 2°, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Guanajuato, en turno, con residencia en León, para que en auxilio de las labores de este tribunal, tenga a bien comisionar a quien corresponda, para que se constituya en el aludido centro penitenciario y notifique personalmente el presente proveído al interno antes descrito; hecho que sea lo anterior, se sirva remitir las constancias respectivas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, quien actúa asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
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