Edgar Huerta Montiel

Expediente 867/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
867/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Edgar Huerta Montiel

Actuaciones

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 15943/2023 con anexo, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 516/2023-VII, con número de orden 703/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, que se libró a efectos de que en auxilio de las labores de este tribunal, se notificara personalmente al quejoso Edgar Huerta Montiel, el proveído de uno de los actuales; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, realícese la anotación relativa en el libro de gobierno, así como dese de baja en el reporte estadístico; sin que resulte necesario que se acuse recibo de la comunicación oficial de mérito, ello en virtud de que la autoridad oficiante refiere que el sistema en comento lo generó automáticamente. Ahora bien, vista la notificación realizada al agraviado Huerta Montiel, por la actuaria judicial adscrita al órgano jurisdiccional exhortado, al momento de que le fue efectuada la notificación del proveído aludido en el párrafo que antecede, en la cual expresó: ".QUE A LA FECHA SU DEFENSOR NO SE HA COMUNICADO." En tal razón, dése vista al licenciado Francisco Kuri Godínez, defensor público federal del agraviado de mérito, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, ello para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al licenciado Francisco Kuri Godínez, defensor público federal adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 15731 con anexo, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual remite la constancia de diligenciación del exhorto 467/2023-VII, con número de orden 625/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, que se libró a efectos de que en auxilio de las labores de este tribunal, se notificara personalmente al quejoso ********************, el proveído de uno de agosto del año actual, por el que se desechó de plano su demanda de garantías; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, realícese la anotación relativa en el libro de gobierno, así como dese de baja en el reporte estadístico; sin que resulte necesario que se acuse recibo de la comunicación oficial de mérito, ello en virtud de que la autoridad oficiante refiere que el sistema en comento lo generó automáticamente. Ahora bien, vista la notificación realizada al agraviado de mérito, por el actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional exhortado, al momento de que le fue efectuada la notificación del acuerdo aludido en el párrafo que antecede (uno de agosto de dos mil veintitrés), en la cual expreso: ".Quedo enterado y solicito platicar con mi defensor para saber sobre el amparo en contra de la resolución del recurso." En tal razón, dése vista al licenciado ********************, defensor público federal del impetrante de garantías, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, ello para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación con que se da cuenta y del estado procesal que guarda los autos del presente juicio de garantías, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de garantías promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. De igual manera, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por la parte agraviada, es innecesaria dicha notificación personal. Ahora bien, toda vez que el aquí quejoso ********************, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato", ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato, es decir fuera de la jurisdicción de este tribunal, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Guanajuato que por razón de turno corresponda, con sede en León, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional, comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique personalmente el presente proveído al agraviado de mérito, y una vez realizado lo anterior lo devuelva a la brevedad posible. De igual manera, se faculta al juzgado exhortado para que, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para que se lleve a cabo la encomienda aquí planteada. Notifíquese personalmente al licenciado ********************, defensor público federal adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, y al quejoso ********************, vía exhorto en el lugar donde se encuentra recluido. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe. ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 1284/2023 con anexo, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, a través del cual acusa recibo del comunicado 20188/2023-VII, por el que se hizo de su conocimiento el acuerdo de uno de los actuales, dictado por este órgano jurisdiccional en el asunto que nos ocupa; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el libelo de cuenta y surta los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio número 370/2023, enviado bajo vinculación electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por la secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, que contiene inserto el proveído de fecha veintiocho de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio de amparo indirecto 237/2023, de su índice, formado con motivo del escrito de demanda promovida vía interconexión por el licenciado ********************, en su carácter de defensor público federal del quejoso ********************, contra actos del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, por el que se declaró legalmente incompetente y declinó competencia a favor de este órgano jurisdiccional para conocer del acto reclamado al juez responsable residente en esta ciudad, consistente en lo siguiente: ( Resolución interlocutoria dictada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente no especificado de cese y/o sustitución de medida cautelar, derivado de la causa penal 18/2013, seguida en contra del quejoso ********************. Así las cosas, como lo ordena la Superioridad, este Juzgado de Distrito se avoca a conocer de la demanda promovida por el licenciado ********************, en su carácter de defensor público federal del quejoso ********************, únicamente por lo que hace al acto reclamado y autoridad que ha quedado precisado; asimismo, regístrese en el libro respectivo con el número 867/2023-VII. Ahora bien, es necesario destacar que mediante notificación realizada al agraviado ********************, por el actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional exhortado por la Superioridad, al momento de que le fue efectuada la notificación de sus proveídos de once y diecisiete de julio del año en curso, dictados dentro del juicio de amparo indirecto 237/2023, de su índice, en la cual expresó: ".LO OIGO RECIBO COPIA DE LOS AUTOS Y DE LA DEMANDA DE AMPARO Y DIGO QUE SÍ RATIFICO LA DEMANDA DE GARANTÍAS QUE PROMUEVEN EN MI NOMBRE Y ME DOY POR NOTIFICADO." Enseguida, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías, pues se advierte una causa manifiesta e indudable de la improcedencia de la misma. En relación con ello, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Se cita al respecto, la jurisprudencia I.6o.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, Materia Común, que reza: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Sentado lo anterior, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, este último que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." De lo transcrito se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis ya definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En ese orden de ideas, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Pero también, no debe perderse de vista que el ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la resolución recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza una vez que se decida el medio de impugnación. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye a la resolución impugnada, por virtud del análisis de legalidad que hace de ella, por lo que será esta nueva determinación la que podrá ser materia de análisis en el juicio de amparo indirecto, pues éste no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios. Ahora bien, en el presente asunto el acto reclamado por ********************, lo constituye la resolución interlocutoria dictada por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, el nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro del incidente no especificado de cese y/o sustitución de medida cautelar, derivado de la causa penal 18/2013, seguida en su contra. Resolución que fue combatida a través del recurso de apelación, lo que motivó que el veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta localidad, dentro del toca penal 278/2023, de su índice, se pronunciara respecto del medio de defensa ordinario que hizo valer el quejoso de mérito, confirmándola. Como puede verse, el acto reclamado por esta vía cesó en sus efectos dada la sustitución procesal que imperó con la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta localidad, dentro del toca penal 278/2023, de su orden cronológico, así como por el análisis que de ella se hizo en tal medio de impugnación. Por las razones que contiene, es aplicable al caso concreto la tesis I.3o.C.769 C de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Civil, Página 1492, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Por lo tanto, como ya se dijo, es manifiesto e indudable que resulta improcedente el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. No se soslaya que de las constancias que remite el Tribunal Colegiado de Apelación del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, se advierte que se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por el aquí quejoso, en contra de la ejecutoria emitida por su similar, con sede en esta localidad, lo que indica que a la fecha no está firme; sin embargo, en ese caso también se hace patente la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIX de la ley de Amparo, por lo que de cualquier forma debe desecharse la demanda de derechos humanos. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente. En consecuencia, toda vez que no existe duda en cuanto a que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la misma ley, se desecha de plano la demanda de que se trata. Apoya tal determinación, por identidad de criterio, la tesis I.1o.A J/4, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible a fojas 890, tomo VII, Abril de 1998, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, toda vez que el aquí quejoso ********************, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato", ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato, es decir fuera de la jurisdicción de este tribunal, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Guanajuato que por razón de turno corresponda, con sede en León, para que en auxilio de las labores de este órgano constitucional, comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en dicho centro penitenciario y notifique personalmente el presente proveído al agraviado de mérito, y una vez realizado lo anterior lo devuelva a la brevedad posible. De igual manera, se faculta al juzgado exhortado para que, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles para que se lleve a cabo la encomienda aquí planteada. Respecto a la solicitud de la parte agraviada de que se le permita acceso al expediente electrónico con clave de usuario ********************asociado al correo electrónico que refiere, registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le autoriza para los efectos precisados únicamente por lo que hace a este asunto. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto en el lugar donde se encuentra recluido, así como al licenciado ********************, Defensor Público Federal, en esta ciudad. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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