Edgar Guzman Sanchez
Expediente 833/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Edgar Guzman Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 833/2022-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo terminada de engrosar el catorce de diciembre de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia terminada de engrosar el catorce de diciembre de dos mil veintidós, a la parte tercera interesada, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/5784/2022 de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe. Sentencia que en lo conducente dice: Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio promovido por **************************, respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo y por los motivos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Anel Estrada Castellanos, quien da fe el día de hoy catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 833/2022-lV, promovido por **************************, por su propio derecho; y RESULTANDO: Primero. Demanda de amparo. Por escrito de demanda presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado el veinticuatro siguiente y recibido el veintisiete de junio del año en curso en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, ************************** solicitó el amparo y protección contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial de Jojutla, Morelos. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos declinó competencia por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Acto seguido se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la cual se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución dictada el dos de junio de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa JCJ/133/2021, por la cual se determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento efectuada por parte del quejoso. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Certeza que además se corrobora con el audio y video remitido en disco versátil que acompañó y del cual se observa la audiencia de ley desahogada ante la autoridad responsable; al cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Igual eficacia probatoria se concede a las actuaciones que obran en la carpeta de origen, las cuales fueron remitidas por la responsable al rendir su informe justificado. Cuarto. Casuales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo. En el particular, la suscrita advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación a los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, Constitucional, atento a las siguientes consideraciones. El dispositivo 107, fracción I de la Ley Fundamental, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (...)". Por su parte, los numerales de la ley reglamentaria de la materia señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" Los preceptos reproducidos, en conjunto, evidencian uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, denominado "principio de instancia de parte", el cual se traduce en que este medio de control constitucional no puede ser iniciado de oficio, sino que requiere la manifestación de la voluntad de la parte quejosa en el sentido de promover el juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, el escrito inicial de demanda fue presentado sin firma autógrafa en el buzón judicial, tal como lo asentó en su sello la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y se refirió en la boleta de turno con número de registro 20220901034200582, pues se trata de copia simple del escrito de demanda. Lo cual se evidencia a continuación: Lo anterior, evidencia que carece de firma autógrafa e, incluso, electrónica del supuesto promovente Edgar Guzmán Sánchez; entonces, si la voluntad de las partes se manifiesta a través de la firma, es evidente que no consta su voluntad de promover juicio de amparo. Sustenta las consideraciones anteriores la jurisprudencia de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA.", aplicada en sentido contrario, debe estimarse que la demanda de amparo no se presentó en original ni con firma autógrafa; en suma, la parte quejosa no exhibió prueba en contrario tendente a desvirtuar lo asentado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y el Juzgado Décimo de Distrito de este Circuito. Sin soslayar que el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, incluidas las demandas, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Sin embargo, en el caso, como se indicó no se advierte que el promovente hubiere firmado de manera autógrafa ni electrónica la demanda, es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Cobra aplicación al razonamiento anterior, la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CUANDO AQUÉLLA CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL QUEJOSO, POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)." Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió autógrafa ni electrónicamente el escrito de demanda, atento a lo cual lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo; en virtud que de otra manera, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, a nombre del interesado, presentara oportunamente escritos para que posteriormente, en cualquier momento, sea subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, cuya ausencia conduce a sobreseer en el juicio, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, no se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, que al respecto establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Pues en el caso se combate la resolución dictada el dos de junio de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa JCJ/133/2021, por la cual se determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento efectuada por el quejoso, esto es, no promovió en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo demás, tampoco se desprende que el solicitante de amparo se encuentre en condiciones de incomunicación que le impidan allegar la demanda de manera escrita con firma autógrafa. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I Constitucional, se sobresee en el juicio con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la legislación en cita. Finalmente, se destaca que el hecho que se haya admitido la demanda, no implica que al momento de emitir sentencia no pudiera actualizarse la causal de improcedencia en cuestión. Pues si bien el artículo 113 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, una vez admitida la demanda, la suscrita juzgadora no se encuentra imposibilitada para examinar con posterioridad razones de improcedencia que sobrevengan o que sean anteriores y que determinan el sobreseimiento en el juicio, debido a que la procedencia de éste es una cuestión de orden público. Cobra aplicación al razonamiento anterior la tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS." Esta determinación se apoya en el criterio sustentado en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 180/2022 por Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio promovido por **************************, respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo y por los motivos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Anel Estrada Castellanos, quien da fe el día de hoy catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del catorce de diciembre del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 833/2022-lV, promovido por **************************, por su propio derecho; y RESULTANDO: Primero. Demanda de amparo. Por escrito de demanda presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado el veinticuatro siguiente y recibido el veintisiete de junio del año en curso en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, ************************** solicitó el amparo y protección contra actos del Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial de Jojutla, Morelos. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos declinó competencia por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Acto seguido se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la cual se atribuye el acto reclamado. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución dictada el dos de junio de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa JCJ/133/2021, por la cual se determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento efectuada por parte del quejoso. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Certeza que además se corrobora con el audio y video remitido en disco versátil que acompañó y del cual se observa la audiencia de ley desahogada ante la autoridad responsable; al cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, toda vez que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Igual eficacia probatoria se concede a las actuaciones que obran en la carpeta de origen, las cuales fueron remitidas por la responsable al rendir su informe justificado. Cuarto. Casuales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo. En el particular, la suscrita advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación a los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, Constitucional, atento a las siguientes consideraciones. El dispositivo 107, fracción I de la Ley Fundamental, prevé: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (...)". Por su parte, los numerales de la ley reglamentaria de la materia señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" Los preceptos reproducidos, en conjunto, evidencian uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, denominado "principio de instancia de parte", el cual se traduce en que este medio de control constitucional no puede ser iniciado de oficio, sino que requiere la manifestación de la voluntad de la parte quejosa en el sentido de promover el juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, el escrito inicial de demanda fue presentado sin firma autógrafa en el buzón judicial, tal como lo asentó en su sello la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y se refirió en la boleta de turno con número de registro 20220901034200582, pues se trata de copia simple del escrito de demanda. Lo cual se evidencia a continuación: Lo anterior, evidencia que carece de firma autógrafa e, incluso, electrónica del supuesto promovente Edgar Guzmán Sánchez; entonces, si la voluntad de las partes se manifiesta a través de la firma, es evidente que no consta su voluntad de promover juicio de amparo. Sustenta las consideraciones anteriores la jurisprudencia de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA.", aplicada en sentido contrario, debe estimarse que la demanda de amparo no se presentó en original ni con firma autógrafa; en suma, la parte quejosa no exhibió prueba en contrario tendente a desvirtuar lo asentado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y el Juzgado Décimo de Distrito de este Circuito. Sin soslayar que el artículo 3 de la Ley de Amparo, establece los lineamientos para la presentación de las promociones en el juicio de amparo, incluidas las demandas, las cuales podrán ser de manera escrita, oral y electrónica; en el primer supuesto, el ocurso formulado por escrito y el cual se presenta de forma física ante el órgano jurisdiccional, debe contener la firma autógrafa del promovente; en la última hipótesis, la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Sin embargo, en el caso, como se indicó no se advierte que el promovente hubiere firmado de manera autógrafa ni electrónica la demanda, es decir, no se desprende que hubiere colocado en éste el signo expreso e inequívoco de su voluntad, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada. Cobra aplicación al razonamiento anterior, la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CUANDO AQUÉLLA CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL QUEJOSO, POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)." Al respecto, debe señalarse que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; por su parte el artículo 6 de la Ley de Amparo, previene en lo conducente, que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante y solo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal. Sin embargo, como quedó expuesto, la parte quejosa fue omisa en manifestar su voluntad a efecto de promover el presente juicio de amparo, en virtud de que no suscribió autógrafa ni electrónicamente el escrito de demanda, atento a lo cual lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo; en virtud que de otra manera, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, a nombre del interesado, presentara oportunamente escritos para que posteriormente, en cualquier momento, sea subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, cuya ausencia conduce a sobreseer en el juicio, ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. Además, no se actualiza el supuesto de excepción a que se refiere el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, que al respecto establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Pues en el caso se combate la resolución dictada el dos de junio de dos mil veintidós, en la carpeta administrativa JCJ/133/2021, por la cual se determinó improcedente la solicitud de sobreseimiento efectuada por el quejoso, esto es, no promovió en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por lo demás, tampoco se desprende que el solicitante de amparo se encuentre en condiciones de incomunicación que le impidan allegar la demanda de manera escrita con firma autógrafa. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos 5, fracción I, y 6, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I Constitucional, se sobresee en el juicio con fundamento en el diverso 63, fracción V, de la legislación en cita. Finalmente, se destaca que el hecho que se haya admitido la demanda, no implica que al momento de emitir sentencia no pudiera actualizarse la causal de improcedencia en cuestión. Pues si bien el artículo 113 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, una vez admitida la demanda, la suscrita juzgadora no se encuentra imposibilitada para examinar con posterioridad razones de improcedencia que sobrevengan o que sean anteriores y que determinan el sobreseimiento en el juicio, debido a que la procedencia de éste es una cuestión de orden público. Cobra aplicación al razonamiento anterior la tesis de rubro: "IMPROCEDENCIA. LA ADMISION DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS." Esta determinación se apoya en el criterio sustentado en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 180/2022 por Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio promovido por **************************, respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo y por los motivos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Anel Estrada Castellanos, quien da fe el día de hoy catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado lo permitieron.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Edgar Eduardo González Ramírez877/2017
- Edgar Eduardo González Ramírez710/2012
- Edgar Erick del Toro Fragoso78/2020
- Edgar Garcia Montesinos772/2023
- Edgar García Sánchez424/2011
- Edgar Gerardo Badillo Ramos1979/2017
- Edgar Guzman Sanchez514/2022
- Edgar Israel Gomez Ocampo354/2019
- Edgar Iván Gómez Ayala1554/2015
- Edgar Ivan Rodriguez Gutierrez47/2021
- Edgar Jassar Pedraza Jimenez683/2018
- Edgar Jassar Pedraza Jimenez1428/2018