Edgar Gerardo Badillo Ramos
Expediente 1979/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1979/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 07/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Edgar Gerardo Badillo Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1979/2017-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el quince de agosto de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que el Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias, ordenándose por auto de veintinueve de enero del año actual, formarse los anexos I al VI; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el Cuadernillo provisional formado el trece de agosto del año en curso, con motivo del informe rendido por el Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos; se ordena agregarse a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda. Por otra parte, vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual la Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia dictada el quince de agosto de dos mil dieciocho, a la parte tercero interesada Ana María Castillo Hernández en su carácter de causahabiente de Ignacio Rangel Godina, Alfredo Ruiz Cimental en su carácter de causahabiente de Arturo Ruiz Ríos y Compañía Mexicana de Traslado de Valores, Sociedad Anónima de Capital Variable, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Por otra parte, con relación a la imposibilidad para notificar al tercero interesado Agente del Ministerio Público con intervención en la causa penal de donde deriva el acto reclamado adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos; con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b); se ordena girar oficio al tercero interesado de mérito, notificándole el contenido de la sentencia dictada en autos NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. resolución que en lo conducente dice:.. Vistos los autos del juicio de amparo 1979/2017-II, promovido por Edgar Gerardo Badillo Ramos, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en esa misma fecha a este Juzgado de Distrito, Edgar Gerardo Badillo Ramos, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de garantías, quedando registrada bajo el número de expediente 1797/2017-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO. Fijación de la litis. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se colige que del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, el impetrante reclama: La omisión de llevar a cabo los estudios y/o dictámenes de conformidad al capítulo III del Protocolo de Estambul, ordenados mediante sentencia de alzada de ocho de diciembre de dos mil quince. La omisión en el cierre de instrucción y el dictado de la sentencia definitiva en la causa penal 106/2003-3, que se instruye contra el quejoso por los delitos de homicidio calificado, robo calificado y asociación delictuosa. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, no obstante la negativa formulada por la autoridad responsable al rendir el informe justificado (foja 54). Tal circunstancia se obtiene de las copias certificadas de la causa penal que se remitieron como complemento del informe justificado; pues se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, no se había dictado sentencia en la causa penal 106/2003, que se instruye contra el aquí quejoso. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, de dichas constancias se advierte que el once de diciembre de dos mil quince, se decretó la reposición del procedimiento en el expediente penal en mérito, y por proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó de manera oficiosa practicar al solicitante de amparo los dictámenes en materia de psicología, medicina y fotografía de acuerdo con el capítulo III del Protocolo de Estambul, desahogando únicamente el relativo a la especialidad señalada en primer término; de ahí que no existiera el cierre de instrucción, ni mucho menos la sentencia. Por tal motivo, se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las omisiones atribuidas a la autoridad responsable sí existían. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En ese orden de ideas, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el juicio de garantías es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;.". A efecto de explicar la actualización de dicha causal de improcedencia se estima necesario establecer los antecedentes del acto reclamado. De los autos de la causa penal 106/2003, se advierte que el Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, a la fecha de la presentación de la demanda, había determinado lo siguiente: I) Mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil quince, la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, revocó la sentencia emitida por la responsable el veintiuno de agosto de dicho año, y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de prevenir a las partes sobre el cierre de instrucción. II) Posteriormente, el ocho de junio de dos mil dieciséis, se desahogó la audiencia final, citándose a las partes para oír sentencia; empero, por proveído de veintitrés de agosto siguiente, se dejó sin efectos la determinación anterior, pues de manera oficiosa se ordenó la práctica de los dictámenes en materia de psicología, medicina y fotografía de conformidad al capítulo III del Protocolo de Estambul. III) Con motivo de ello, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la responsable recibió la experticia en psicología, misma que fue ratificada el diez de noviembre del año citado. IV) El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se desprende que la responsable, giró oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Oriente, dependiente de la Fiscalía General del Estado, para que designe peritos en materia de medicina forense y fotografía. Sentado lo anterior, debe reiterarse que la parte quejosa reclama las omisiones de la responsable para desahogar los estudios y/o dictámenes de conformidad al capítulo III del Protocolo de Estambul, así como para declarar cerrada la etapa de instrucción y por ende emitir la sentencia definitiva en la causa penal 106/2003-3, que se instruye contra el quejoso. Ahora bien, mediante oficio 4689, recibido ante este Juzgado Federal el diez de agosto pasado, la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, remitió copia certificada de la sentencia emitida el ocho del mes y año que transcurre, en la que declaró penalmente responsable al quejoso por la comisión de los delitos de homicidio, robo calificado y asociación delictuosa. Constancias a las cuales, por ser un documento público, se les concede pleno valor probatorio de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2°. No es impedimento para que se valoraren las documentales de referencia, el hecho de que se hayan agregado a los autos después del inicio de la audiencia constitucional, toda vez que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público, de acuerdo al artículo 62, de la Ley de Amparo y, por tanto, el juzgador debe tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios con posterioridad al inicio de la audiencia constitucional, siempre que con ellas se acredite la improcedencia del juicio. Este criterio encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), con registro 2000902, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, visible en la página 1279, con el epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". Así como en la tesis II.1o.P.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 664, del Tomo XIII, Junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público." En estas condiciones, se afirma que ha operado un cambio en la situación jurídica, respecto del quejoso en la causa penal 106/2003, que se le instruye, puesto que las violaciones reclamadas en relación a la omisión de la práctica de los dictámenes periciales conforme al Protocolo de Estambul, así como del cierre de instrucción y el dictado de la resolución definitiva, no pueden estudiarse sin afectar la nueva situación jurídica que guarda el impetrante con motivo de la sentencia emitida en su contra el ocho de agosto de dos mil dieciocho; y como lo establece la fracción XVII del numeral 61 de la legislación especial de la materia, cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como acontece en la especie, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto; lo cual acontece en el caso. Ello es así, pues en el particular se impugnaron diversas omisiones acaecidas durante la instrucción en el juicio de origen, que a la fecha se estiman superadas, al haberse dictado la sentencia en el mismo con posterioridad. De ahí que se afirma que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Edgar Gerardo Badillo Ramos, en contra de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia que reclamó del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por los motivos expuestos en el último razonamiento de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de agosto de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido del secretario Cliserio Vargas Suárez que da fe. Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el quince de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 1979/2017-II.Conste.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 1979/2017-II, promovido por Edgar Gerardo Badillo Ramos, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en esa misma fecha a este Juzgado de Distrito, Edgar Gerardo Badillo Ramos, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Mediante auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de garantías, quedando registrada bajo el número de expediente 1797/2017-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. SEGUNDO. Fijación de la litis. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se colige que del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, el impetrante reclama: La omisión de llevar a cabo los estudios y/o dictámenes de conformidad al capítulo III del Protocolo de Estambul, ordenados mediante sentencia de alzada de ocho de diciembre de dos mil quince. La omisión en el cierre de instrucción y el dictado de la sentencia definitiva en la causa penal 106/2003-3, que se instruye contra el quejoso por los delitos de homicidio calificado, robo calificado y asociación delictuosa. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, no obstante la negativa formulada por la autoridad responsable al rendir el informe justificado (foja 54). Tal circunstancia se obtiene de las copias certificadas de la causa penal que se remitieron como complemento del informe justificado; pues se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, no se había dictado sentencia en la causa penal 106/2003, que se instruye contra el aquí quejoso. Constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, de dichas constancias se advierte que el once de diciembre de dos mil quince, se decretó la reposición del procedimiento en el expediente penal en mérito, y por proveído de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se ordenó de manera oficiosa practicar al solicitante de amparo los dictámenes en materia de psicología, medicina y fotografía de acuerdo con el capítulo III del Protocolo de Estambul, desahogando únicamente el relativo a la especialidad señalada en primer término; de ahí que no existiera el cierre de instrucción, ni mucho menos la sentencia. Por tal motivo, se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, las omisiones atribuidas a la autoridad responsable sí existían. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA". CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En ese orden de ideas, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el juicio de garantías es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;.". A efecto de explicar la actualización de dicha causal de improcedencia se estima necesario establecer los antecedentes del acto reclamado. De los autos de la causa penal 106/2003, se advierte que el Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, a la fecha de la presentación de la demanda, había determinado lo siguiente: I) Mediante resolución de ocho de diciembre de dos mil quince, la Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, revocó la sentencia emitida por la responsable el veintiuno de agosto de dicho año, y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de prevenir a las partes sobre el cierre de instrucción. II) Posteriormente, el ocho de junio de dos mil dieciséis, se desahogó la audiencia final, citándose a las partes para oír sentencia; empero, por proveído de veintitrés de agosto siguiente, se dejó sin efectos la determinación anterior, pues de manera oficiosa se ordenó la práctica de los dictámenes en materia de psicología, medicina y fotografía de conformidad al capítulo III del Protocolo de Estambul. III) Con motivo de ello, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la responsable recibió la experticia en psicología, misma que fue ratificada el diez de noviembre del año citado. IV) El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se desprende que la responsable, giró oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Zona Oriente, dependiente de la Fiscalía General del Estado, para que designe peritos en materia de medicina forense y fotografía. Sentado lo anterior, debe reiterarse que la parte quejosa reclama las omisiones de la responsable para desahogar los estudios y/o dictámenes de conformidad al capítulo III del Protocolo de Estambul, así como para declarar cerrada la etapa de instrucción y por ende emitir la sentencia definitiva en la causa penal 106/2003-3, que se instruye contra el quejoso. Ahora bien, mediante oficio 4689, recibido ante este Juzgado Federal el diez de agosto pasado, la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, remitió copia certificada de la sentencia emitida el ocho del mes y año que transcurre, en la que declaró penalmente responsable al quejoso por la comisión de los delitos de homicidio, robo calificado y asociación delictuosa. Constancias a las cuales, por ser un documento público, se les concede pleno valor probatorio de acuerdo a lo establecido en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2°. No es impedimento para que se valoraren las documentales de referencia, el hecho de que se hayan agregado a los autos después del inicio de la audiencia constitucional, toda vez que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público, de acuerdo al artículo 62, de la Ley de Amparo y, por tanto, el juzgador debe tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios con posterioridad al inicio de la audiencia constitucional, siempre que con ellas se acredite la improcedencia del juicio. Este criterio encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), con registro 2000902, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, visible en la página 1279, con el epígrafe y texto: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". Así como en la tesis II.1o.P.33, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 664, del Tomo XIII, Junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO CON ELLOS SE ACREDITE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Si después de celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito toma en cuenta documentos que sirvieron para hacer de su conocimiento una causal de improcedencia, no puede considerarse una violación al artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que siendo las causales de improcedencia de estudio preferente, acorde con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la ley en cita, el Juez está obligado a su análisis previo a cualquier otra cuestión. Además de que en esta hipótesis, es justificado atender a su contenido, de acuerdo con el artículo 74, fracción III, de la invocada ley, el cual establece que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga una causa de improcedencia, las que se rigen por disposiciones de orden público." En estas condiciones, se afirma que ha operado un cambio en la situación jurídica, respecto del quejoso en la causa penal 106/2003, que se le instruye, puesto que las violaciones reclamadas en relación a la omisión de la práctica de los dictámenes periciales conforme al Protocolo de Estambul, así como del cierre de instrucción y el dictado de la resolución definitiva, no pueden estudiarse sin afectar la nueva situación jurídica que guarda el impetrante con motivo de la sentencia emitida en su contra el ocho de agosto de dos mil dieciocho; y como lo establece la fracción XVII del numeral 61 de la legislación especial de la materia, cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como acontece en la especie, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en dicho precepto; lo cual acontece en el caso. Ello es así, pues en el particular se impugnaron diversas omisiones acaecidas durante la instrucción en el juicio de origen, que a la fecha se estiman superadas, al haberse dictado la sentencia en el mismo con posterioridad. De ahí que se afirma que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia Ley, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Edgar Gerardo Badillo Ramos, en contra de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia que reclamó del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, por los motivos expuestos en el último razonamiento de esta sentencia. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy quince de agosto de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido del secretario Cliserio Vargas Suárez que da fe. Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el quince de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 1979/2017-II.Conste.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento al proveído de quince de mayo del año en curso, informa que en la causa penal 106/2003-2 de su índice, se señalaron las ocho horas con treinta minutos del dos de julio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia referida en el artículo 183 del Código de Procedimiento Penales aplicable, para lo cual acompaña al oficio de cuenta el auto dictado en la citada causa en fecha veinte de junio del año en curso; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes. En atención a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 79 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se requiere a la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que a las veinticuatro horas siguientes, de llevar a cabo el desahogo de la audiencia referida remita copia certificada, completa y legible de la misma. Bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, dentro del término señalado, se le impondrá una multa de CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, con relación al 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Edgar Daniel Pascual Sostenes1785/2018
- Edgar Eduardo González Ramírez877/2017
- Edgar Eduardo González Ramírez710/2012
- Edgar Erick del Toro Fragoso78/2020
- Edgar Garcia Montesinos772/2023
- Edgar García Sánchez424/2011
- Edgar Guzman Sanchez833/2022
- Edgar Guzman Sanchez514/2022
- Edgar Israel Gomez Ocampo354/2019
- Edgar Iván Gómez Ayala1554/2015
- Edgar Ivan Rodriguez Gutierrez47/2021
- Edgar Jassar Pedraza Jimenez683/2018