Edgar González Domínguez
Expediente 1552/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1552/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Edgar González Domínguez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Firmeza procesal. El estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cinco de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda intentada por ********************, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo. Por otro lado, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Valoración documental. Por otra parte, con fundamento en el artículo artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de en su oportunidad de ser destruido, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda intentada. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el oficio suscrito por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo directo 630/2023 de su índice estadístico, Toca de Apelación ********************, copias certificadas del expediente 2********************5/201********************, copias certificadas del incidente de Pago de Pensiones e Incidente de Nulidad de Notificaciones, por estimar carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Se acepta competencia. Atento a ello, con fundamento en el artículo 46 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada por el tribunal oficiante. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese el presente asunto bajo el número 1552/2023-V y glósese a éste el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes. Acúsese recibo de estilo. Dada la voluminosidad de las actuaciones restantes, fórmese por separado el anexo correspondiente, previa elaboración de la carátula de identificación respectiva. Antecedentes relevantes. A fin de acordar lo que en derecho proceda, es necesario establecer los antecedentes siguientes: * Mediante auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, admitió a trámite Controversia Sobre el Estado Civil de las Personas y del Derecho Familiar, radicándolo con el número de expediente 2********************5/201********************, hecha valer por ******************** en contra de ********************. * Seguido el trámite en cada una de sus etapas, en audiencia inicial de catorce de junio de dos mil dieciocho, se aprobó el convenio celebrado entre las partes, elevándose a cosa juzgada y sentencia ejecutoriada, quedando obligadas éstas en los términos establecidos en el convenio referido. * Así las cosas, en proveído de quince de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite el incidente de Liquidación de Pensiones Alimenticias Definitivas Vencidas y No pagadas, promovido por ******************** por propio derecho y en representación de su menor hija, en contra de ********************, a quien por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, se le tuvo por contestada la vista otorgada. * El ocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por admitido el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por el aquí quejoso, respecto del emplazamiento al incidente de liquidación de pensiones alimenticias definitivas vencidas y no pagadas. * Seguida la secuela procesal, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés se turnaron los autos para dictar la resolución que en derecho corresponda respecto del incidente planteado en primer término (incidente de liquidación de pensiones alimenticias definitivas vencidas y no pagadas), sin embargo y toda vez que se encontraba pendiente de resolver el incidente de nulidad planteado, en auto de veintisiete de abril del año en curso, se suspendió el turno a sentencia, hasta que no se resolviera éste. * Por lo anterior, mediante interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, resolvió el incidente de nulidad de actuaciones, en el que determinó declararlo improcedente. * Inconforme con dicha determinación ******************** interpuso recurso de apelación, mismo que se tuvo por admitido el nueve de junio de dos mil veintitrés. * Finalmente, el diez de agosto de dos mil veintitrés, la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, confirmó la interlocutoria de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México. Ésta última constituye el acto reclamado. Precisión del acto reclamado. En términos de lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y analizada en su integridad la demanda de amparo de mérito, se concluye que la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente asunto el siguiente: - La resolución de diez de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ********************, en la que confirmó la diversa de treinta y uno de mayo del año en curso, dictada por el Juez Tercero Familiar de Toluca, Estado de México, en el incidente de pago de pensiones derivado del expediente 2********************5/201********************, que declara improcedente el incidente de nulidad de notificaciones, hecho valer por el demandado. Improcedencia. Expuesto lo anterior, de conformidad con el artículo 62 de la vigente Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, además de que de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, procederá desecharse de plano la demanda de amparo. Al caso es aplicable la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1991, Tomo VII Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado en estudio, ésta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el citado acto reclamado se trata de un acto intraprocesal que no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los numerales antes transcritos se obtiene, en primer lugar, que además de los supuestos concretos previstos por el artículo 61, en las fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, la improcedencia puede surgir cuando de algún precepto diverso se advierta la causal para ello. Asimismo, el restante artículo 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo solo procede contra actos dictados dentro de juicio, cuando sus efectos sean de imposible reparación. Ahora, es dable precisar de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado que no es la última resolución en el incidente de pago de pensiones en un procedimiento de ejecución de sentencia, por el contrario, pues el fallo que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene la finalidad, directa e inmediata impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio. Cabe hacer mención, que el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, que el espíritu del legislador de amparo es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende la continuidad de la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones cometidas durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, pueda hacerlas valer como violaciones al procedimiento respectivo. En esa tesitura, cabe precisar que de lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclaman actos dictados dentro del juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia, a saber: - La primera regla genérica consiste en que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. - La segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo bi-instancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el máximo tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. - Y la regla específica consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, cuando se trata de remates, contra la resolución definitiva donde se aprueben o desaprueben. En el entendido de que la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo expuesto, la Jurisprudencia P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." No se pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia P./J. 10********************/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Registro 163152, del contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Del criterio trascrito se advierte, que el juicio de amparo indirecto es excepcionalmente procedente en tratándose de actos de imposible reparación, es decir, que su afectación sobre los derechos sustantivos del agraviado y por tal motivo se debe atender de manera inmediata en el juicio de amparo biinstancial, pero independiente de la propia ejecución de la sentencia. Tal ha sido el criterio mantenido por Nuestro Máximo Tribunal respecto de los actos emitidos dentro de la etapa de ejecución de sentencia, en el sentido que, excepcionalmente procede el juicio de amparo indirecto en dos supuestos, el primero, que se trate de actos autónomos a la ejecución de la sentencia y además que dicha autonomía sea destacada, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; y, el segundo, los actos en ejecución de sentencia, respecto de los cuales procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución, o bien, como ya se expuso anteriormente, cuando la afectación a los derechos del promovente derivada de dichos actos materialmente afecte derechos sustantivos. Así las cosas, en el caso a estudio se advierte que el acto reclamado tampoco afecta derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo, debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En efecto, sobre el tema de procedencia del juicio de amparo contra actos emitidos después de concluido el juicio, en específico, incidentes de liquidación de sentencia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 6/9******************** publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196********************91, Tomo VII, febrero de 199********************, página 60, que dice: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La liquidación de la totalidad o parte de una sentencia que condena a pagar una cantidad líquida constituye un medio preliminar para la ejecución del fallo, y para los efectos del párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, no puede reputarse como un acto de ejecución de sentencia, pues tratándose de prestaciones en dinero, es requisito que éstas se encuentren debidamente liquidadas. Por ello, la interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia debe ser considerada como un acto ejecutado después de concluido el juicio, o sea, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, ejecutado después de concluido el juicio, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial en términos del numeral en comento." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó los supuestos normativos previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto establece la misma regla de procedencia en el artículo 107, fracción IV, de la legislación actual, y determinó que los actos tendentes a liquidar una parte de la sentencia deben entenderse como actos emitidos después de concluido el juicio, cuya sentencia es impugnable en amparo indirecto; por tanto, es pertinente atender a la interpretación contenida en dicho criterio, conforme con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En esa tesitura, se estima improcedente el juicio de amparo, porque el acto reclamado deriva del incidente de pago de pensiones (ejecución de sentencia), y dado que se trata de actos procesales decretados en el procedimiento incidental, que no afectan de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque en caso de incidentes de liquidación de sentencia sólo procede en contra de la resolución que pone fin a la incidencia, momento en que podrá hacer valer las violaciones procesales cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución, lo que no acontece con los actos reclamados, que gozan de naturaleza meramente procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 190037, Tomo XIII, abril de 2001, página 5, que dice: ... En este sentido, es dable concluir que la resolución reclamada no tiene efectos de imposible reparación debido a que sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual a la aquí peticionario de amparo, el ejercicio de un derecho, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará afectar sus defensas, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo, máxime que al resolverse el incidente de pago de pensiones se valorara todo lo actuado en el mismo, por lo que la sentencia que se emita puede ser favorable al quejoso; siendo que si no le es favorable la resolución que se llegue a emitir dentro de dicho incidente lo puede hacer valer como violaciones al procedimiento, una vez que se resuelva en definitiva. Motivos por los cuales, con fundamento en el artículo 113, fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107 fracciones IV y V, aplicadas en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Al caso, es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 1947 del Tomo XXIII del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Marzo de 2006, Novena Época, Materia Común, registro 1756********************3, que establece: ... Además de lo expuesto, debe decirse que el promovente tiene el carácter de demandado en el juicio natural, y pudiera considerarse que se está en el caso en el que la parte demandada con la admisión de la demanda de amparo pudiera impedir directamente el cumplimiento a lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva en la sentencia dictada en el juicio natural. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México. Domicilio procesal. Acorde con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2° y 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por lista, sin que para tal caso se tenga como tal el correo electrónico que señala, pues dicha circunstancia no es contemplada en la ley de la materia. ... Notifíquese.
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