Edgar Gonzalez Dominguez
Expediente 727/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/08/2018
Partes del expediente
- Edgar Gonzalez Dominguez
Actuaciones
- Principal
iv)Toluca, Estado de México; dos de agosto de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de doce de julio de dos mil dieciocho, pronunciada en el recurso de queja 111/2018, interpuesto por la parte agraviada, en el que se resolvió: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por EDGAR GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el juicio de amparo indirecto 727/2018-IV." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo que se atiende para que surtan los efectos legales procedentes, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo. Por otra parte, el estado procesal de autos evidencia que el presente juicio se encuentra concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. En otro orden, se comunica a las parte agraviada que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; treinta de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, informa la determinación de veinticinco de los actuales en el que se admitió a trámite al recurso de queja interpuesto contra el auto de dieciocho de mayo del presente año, dictado en el juicio de amparo 727/2018-IV; medio de impugnación que registró con el número de recurso de queja civil 111/2018. Atento a lo anterior, estése en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal Colegiado oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Alejandro de la Cruz Martínez Bohorquez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Encargado del Despacho por licencia del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del presente juicio de amparo del cual se advierte que obran en autos los acuses de recibo de las autoridades responsables del proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se declaró por cumplido el presente asunto, por tanto, en alcance al recurso de inconformidad interpuesto por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, registrado con el número 26/2018, remítanse al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, copia certificada de los acuses de recibo de los oficios 3532, 3533 y 3534, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
IV Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por Edgar González Domínguez, por derecho propio, contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México; fórmese el expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno como amparo indirecto 727/2018-IV. Causa de improcedencia. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referidas en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que la impetrante tilda de inconstitucional, lo siguiente: El auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 285/2018. En ese orden de ideas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. El juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado, trascendiendo al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procurar que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no observarse el principio de definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. El estudio oficioso del asunto permitió observar la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues contra los actos reclamados, procede el recurso de revocación. En esta tesitura, si el inconforme tilda de inconstitucional el auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 285/2018; éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se estima que el auto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación ahí contemplado. En efecto, el quejoso estaba constreñido a agotar el recurso de revocación previsto en la fracción IV del numeral 5.75 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, en contra de la determinación reclamada, antes de instar el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, si el acto reclamado, resulta evidente que su impugnación en vía ordinaria debía realizarse a través del recurso de revocación que establece la fracción IV del artículo 5.75 previamente citado. Máxime que en el precepto legal citado no se establece como requisito para la procedencia del recurso de revocación, el que se verifique en la audiencia inicial, pues el precepto legal únicamente establece la necesidad de que la determinación impugnada sea emitida en audiencia, tal como aconteció en la especie. Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra el acto reclamado, circunstancia que no aconteció. Es decir, el acto reclamado consistente en el auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 285/2018, debió ser combatido a través del recurso de revocación, por lo cual se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de Amparo, por lo siguiente: a) El acto reclamado proviene de un tribunal judicial (Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México); b) El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México en vigor (artículo 5.75), concede la posibilidad de interponer recurso de revocación en su contra; c) Ese medio de impugnación pudo interponerse dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En conclusión, si el medio de defensa legal idóneo para combatir el auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el expediente 285/2018, es el recurso de revocación, el quejoso debió interponerlo, de manera previa, al ejercicio de la acción constitucional y si no lo hizo, tal actitud omisiva contraviene el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". De igual modo, la diversa tesis visible en la página 649, del Semanario Judicial de la Federación, enero a junio de 1989, Tomo III Segunda Parte-2, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Si bien en términos de los artículos 430 y 432 del Código de Procedimientos Civiles, sólo son apelables los autos que recaigan en asuntos cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo vigente en la región o cuyo valor no sea susceptible de valuarse en dinero; sin embargo, el numeral 416 de la propia ley, prevé que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, en cuyas condiciones, si el agraviado no agotó el recurso de revocación, dejando así satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.". (Lo resaltado es del Juzgado). Además, el acto reclamado no se encuentra dentro de las hipótesis de "excepción" que especifica el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo Por tanto, en mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida por Edgar González Domínguez, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notificación. En otro orden, con apoyo en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense al quejoso las notificaciones del presente asunto y las subsecuentes de manera electrónica, previa autorización que en el sistema se haga con el usuario afloresm, por parte del secretario. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Antonio Flores Marín y de José Antonio Flores Fernández, por contar con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso en términos del presente proveído. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
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