Edgar Francisco Calzoncit Martínez
Expediente 1465/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1465/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2017
Partes del expediente
- Edgar Francisco Calzoncit Martínez
Actuaciones
- Principal
Intégrese el oficio por medio del cual la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, devuelve diligenciado el exhorto 575/2016, orden 933/2016, derivado del juicio de amparo en que se actúa, háganse las anotaciones correspondientes y acúsese recibo. En consecuencia, con fundamento el artículo 27, fracción II, se tiene legalmente notificado al quejoso del auto de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por medio del cual remite el oficio 10172 signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, por el que devuelve diligenciado el exhorto 509/2016, con número de orden 833/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, en consecuencia se tiene legalmente notificado al quejoso Edgar Francisco Calzoncint Martínez del auto de cinco de octubre del año actual, acúsese de recibo.Ahora de la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente del amparo, hubiese recurrido el proveído por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes.Las anotaciones háganse en el libro de gobierno; y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto:a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica.b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de amparo.c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo.d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo y de conformidad con el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, envíese exhorto al Juez Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional ordene a quien corresponda realice la notificación del presente proveído, al quejoso Edgar Francisco Calzoncit Martínez en el lugar de su reclusión siendo este el Centro Federal de Reinserción Social número doce, con residencia en el municipio de Ocampo, Guanajuato.Por tratarse de un juicio de naturaleza sumaria y dados los objetos que se persiguen, se faculta al juez exhortado para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado, incluso en días y horas inhábiles, conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo.Ahora, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los estados unidos Mexicanos y numeral 25 de la convención Americana sobre los Derechos Humanos, y con la finalidad de evitar dilaciones procesales ociosas e innecesarias, se precisa que la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de EXPEDIENTES (S.I.S.E.), facultando al Secretario de Juzgado, encargado del trámite del presente juicio, para que firme electrónicamente el exhorto respectivo.Debido a lo anterior, se solicita al Juez federal al que corresponda el exhorto en cita, de no existir algún impedimento legal, devuelva la referida comunicación a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de EXPEDIENTES (S.I.S.E.)Notifíquese.Así lo proveyó y firma Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe. Doy fe.El Juez El Secretario
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de octubre de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Visto el oficio de cuenta, singado por la Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por medio del cual remite el escrito original de demanda promovida por Edgar Francisco Calzoncit Martínez o Edgar Francisco Calsonsin Martínez, contra actos del Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otras autoridades, fórmese expediente y, regístrese bajo el número que le corresponda. PRECISIÓN DE DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: La petición relativa a que el aquí quejoso Edgar Francisco Calzoncit Martínez o Edgar Francisco Calsonsin Martínez, sea trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato" al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado De México. DESECHAMIENTO. Ahora bien, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en el caso a estudio, conviene precisar que el quejoso hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: La petición relativa a que el aquí quejoso Edgar Francisco Calzoncit Martínez o Edgar Francisco Calsonsin Martínez, sea trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato" al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado De México. Así, en el caso a estudio, se aprecia que se surte la causa de improcedencia que prevé el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, atento a las siguientes consideraciones. Los numerales en cita señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." El texto del precepto transcrito establece que por "autoridad" se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De igual manera, tendrán el carácter de autoridad responsable, los particulares, en el caso en que lleven a cabo actos equivalentes a los de autoridad, que tengan como consecuencia afectar derechos en los términos del párrafo precedente, y además su actuar esté previsto por una norma general. El concepto referido en los párrafos que anteceden, ha sido ampliamente estudiado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos asuntos; así, el Pleno señala que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Ejemplo de lo anterior, es la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997; página 118, que expresa: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Cabe destacar que las razones que dieron origen a la tesis transcrita, se determinó que para fijar con precisión si se estaba o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable en amparo, era indispensable analizar la naturaleza jurídica del mismo, dado que existen actos emitidos por personas que están inmersas en el catálogo de servidores públicos que no encuadran dentro de los actos impugnables en el juicio de garantías, a pesar de que modifiquen, creen o extingan situaciones jurídicas. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad están regidas por las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; y, 3) Que emita u omita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre 2001; página 39, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De igual manera, y dado lo dispuesto por la Ley de Amparo, resulta procedente citar el criterio sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, publicado en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, página 1500, de rubro y texto: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." De ahí, que no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tal aseveración que el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. A lo antes expuesto, resulta aplicable la tesis I.13o.A.29 K, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1620, Tomo XXI, febrero de 2005, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. Sentado lo anterior, el quejoso al promover el presente sumario realiza la petición relativa a que sea trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato" al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado De México. Sin embargo, el acto que por esta vía se combate, no es emitido unilateralmente en una relación de supra a subordinación, revestido de imperio y coercitividad, a través del cual haya creado, modificado o extinguido por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la promovente de amparo, exigibles a través de la fuerza pública o de otras autoridades Por lo anteriormente expuesto, al no ser, en el caso concreto, actos de autoridad los atribuidos a ninguna de las mencionadas en el apartado relativo a las mismas, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías que se estudia. DOMICILIO. Ahora, toda vez que el domicilio que señala para efecto de oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con apoyo en los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 27 fracción II de la nueva Ley de Amparo, envíese atento exhorto al Juez de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en León, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notificar de manera personal al quejoso Edgar Francisco Calzoncit Martínez o Edgar Francisco Calsonsin Martínez, en el lugar en que se encuentra interno siendo el Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS Guanajuato", a efecto de que tenga conocimiento del auto que se dicta; así también deberá requerirle en el momento de la diligencia, para que dentro del plazo de tres días señale expresamente domicilio para oír y recibir notificaciones ante este juzgado en la ciudad de Toluca o en su zona conurbada, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados, en términos de lo dispuesto por el artículo 5° fracción I, 27, fracción I, inciso c), ambos de la ley de la materia, y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. Notifíquese vía exhorto al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Jaime Arzate Romero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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