Edgar Felipe Fuentes Rivera

Expediente 1507/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1507/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Edgar Felipe Fuentes Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Jueza Segundo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, por medio del cual, aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite las constancias con las que acredita su dicho, a saber, la audiencia para pronunciamiento de medidas provisionales de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de modificación de guarda y custodia derivado del expediente 516/2015, de su índice. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, manifiesten lo que a sus intereses convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el mandatario del quejoso, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. En atención a lo anterior, dígase al promovente que se esté a lo acordado en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. OFICIO Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Oficial Mayor de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, a través del cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, así como del acta mínima de la audiencia de diez de julio del año en curso, derivadas del toca 695/2023, de ese índice; atento a ello, téngase por cumplido el requerimiento de que fue objeto. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca 695/2023, por la Primera Sala Familiar de Toluca, Estado de México, que confirmó el acuerdo emitido en la audiencia de diez de julio de dos mil veintitrés, por el que se declaró procedente la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada y ordenó la remisión del expediente 1056/2021, del índice del Juzgado Octavo Familiar de Toluca, Estado de México, al Juez Familiar en turno competente de San Luis Potosí. Lo anterior, se convalida con las copias certificadas remitidas por el Oficial Mayor de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, en las que consta que en audiencia de diez de julio de dos mil veintitrés, el Juez Octavo Familiar de Toluca, Estado de México, resolvió la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada dentro del expediente 1056/2021, de ese índice, la cual determinó procedente y ordenó la remisión de los autos al Juez Familiar en Turno competente de San Luis Potosí, San Luis Potosí, determinación que confirmó la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México mediante la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictada en toca 695/2023, de su estadística. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, la interpretación en sentido contrario de este último artículo y fracción, permite concluir que cuando el acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto no es el definitivo, el juicio de amparo será improcedente. En efecto, ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos) y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y es en ese momento, en que emerge la afectación personal y directa a la esfera jurídica de derechos de la parte interesada. Así, debe considerarse que conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; además, el hecho de que el precepto legal en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. Así, cuando una de las partes en un procedimiento tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquél que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde. Luego, la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquéllos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 17/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo I, libro 21, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de dos mil quince, décima época, con número de registro 2009721, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." De lo expuesto se obtiene que la resolución reclamada no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, pues, a través de la resolución reclamada únicamente la autoridad responsable determinó carecer de competencia. Por tanto, para que se pueda considerar que dicho acto lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, debe materializarse una afectación real lo cual ocurrirá cuando la autoridad correspondiente acepte la competencia declinada. En tales condiciones, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Edgar Felipe Fuentes Rivera, quien se ostenta como apoderado legal de César Guillermo Sánchez Acosta. Sin que en el caso se estime necesario que la parte quejosa desahogue la prevención formulada en auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, pues ello no cambiaría el sentido de la presente determinación.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. AGREGA OFICIO Agréguese el oficio firmado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, solicita se vincule el presente sumario al 1349/2023 de su índice. Atento a lo anterior, se comisiona al oficial judicial "A", para que vincule el juicio en que se actúa con el diverso 1349/2023 del índice de la autoridad oficiante. Finalmente, hágase del conocimiento lo anterior al órgano jurisdiccional supracitado, para los efectos legales conducentes.

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