Edgar Flores Silva
Expediente 643/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Flores Silva
- Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Tanto de la certificación de cuenta como del estado procesal, se desprende que la parte quejosa no impugnó en el término legal, el acuerdo que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. VALORACIÓN DE EXPEDIENTES. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 4. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento por cesación de efectos en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de donde se advierte que en proveído de diecisiete de agosto del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, a efecto de que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo, respecto a la contestación dada por la autoridad responsable a través del oficio SG/01280/2022, de cuatro de julio de dos mil veintidós, siendo notificada del mismo el veinticuatro de agosto del presente año, transcurriéndole el término concedido para ello, del veintiséis de agosto al veinte de septiembre del presente año, sin que lo haya realizado. Por tato, se hace efectivo el apercibimiento, y se tiene por no interpuesta la ampliación de demanda de referencia y se continúa el trámite del juicio únicamente con la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el escrito inicial de demanda. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa acudió a esta instancia judicial para reclamar del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad, lo siguiente: La falta de contestación a la petición realizada el nueve de marzo de dos mil veintidós. En ese sentido, en su informe justificado, la autoridad responsable refirió que: Por oficio SGSP/0433/2022, de quince de marzo de dos mil veintidós, signado por el Secretario Particular del Secretario de Gobierno, le fue turnado a la Directora del Notariado y Archivo General de Notarías, para su conocimiento y atención el escrito del quejoso. Asimismo, que a través del oficio de veintitrés de marzo del presente año, signado por la Directora del Notariado y Archivo General de Notarías, emitió la respuesta. Por último, mediante oficio SG/01280/2022, de cuatro de julio del año en curso, signado por el Secretario de Gobierno, fue emitida la respuesta solicitada; misma que se notificó al quejoso el cinco de julio siguiente. Lo anterior, se tiene acreditado con las constancias que fueron recibidas en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 2.1. Actualización de causal de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos de la omisión reclamada. El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .". De la interpretación del artículo señalado, así como de lo establecido por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la referida causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado y sus efectos quedan destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si se hubiera restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En el caso, el quejoso reclama la omisión de dar contestación a la petición realizada el nueve de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, la autoridad responsable Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad, en respuesta a su petición emitió el oficio SG/01280/2022, de cuatro de julio del año en curso; mismo que le fue notificado al quejoso el cinco de julio siguiente, tal como se advierte del acuse de recibo que obra en el propio comunicado. Lo anterior, evidencia que la autoridad responsable dio respuesta y la notificó al quejoso. Abona a su conocimiento, el hecho de que mediante proveídos de veintiséis de julio y cuatro de agosto de este año, se dio vista a la parte quejosa, para que se impusiera del contenido del informe justificado, y entre otras, del oficio de respuesta correspondiente; lo que también le permitió conocer la contestación a la petición formulada. Pero más aún, si se considera que el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto a la respuesta emitida por la responsable; sin embargo, fue omisa en desahogar el requerimiento formulado; teniéndosele por no ampliando su demanda, continuándose el trámite del juicio únicamente con la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el escrito inicial, tal como se advierte de la certificación de cuenta. En ese contexto, si consta que la autoridad responsable dio respuesta a la petición del quejoso y se la notificó, lo que aconteció durante la tramitación del presente juicio; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se concluye han cesado los efectos de la omisión reclamada. Dicho de otra manera, los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En las relatadas condiciones, al haber cesado la omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, lo que hace procedente sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. 2.2. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. 2.3. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EDGAR FLORES SILVA LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de donde se advierte que en proveído de diecisiete de agosto del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, a efecto de que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo, respecto a la contestación dada por la autoridad responsable a través del oficio SG/01280/2022, de cuatro de julio de dos mil veintidós, siendo notificada del mismo el veinticuatro de agosto del presente año, transcurriéndole el término concedido para ello, del veintiséis de agosto al veinte de septiembre del presente año, sin que lo haya realizado. Por tato, se hace efectivo el apercibimiento, y se tiene por no interpuesta la ampliación de demanda de referencia y se continúa el trámite del juicio únicamente con la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el escrito inicial de demanda. 2. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa acudió a esta instancia judicial para reclamar del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad, lo siguiente: La falta de contestación a la petición realizada el nueve de marzo de dos mil veintidós. En ese sentido, en su informe justificado, la autoridad responsable refirió que: Por oficio SGSP/0433/2022, de quince de marzo de dos mil veintidós, signado por el Secretario Particular del Secretario de Gobierno, le fue turnado a la Directora del Notariado y Archivo General de Notarías, para su conocimiento y atención el escrito del quejoso. Asimismo, que a través del oficio de veintitrés de marzo del presente año, signado por la Directora del Notariado y Archivo General de Notarías, emitió la respuesta. Por último, mediante oficio SG/01280/2022, de cuatro de julio del año en curso, signado por el Secretario de Gobierno, fue emitida la respuesta solicitada; misma que se notificó al quejoso el cinco de julio siguiente. Lo anterior, se tiene acreditado con las constancias que fueron recibidas en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los numerales 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 2.1. Actualización de causal de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos de la omisión reclamada. El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .". De la interpretación del artículo señalado, así como de lo establecido por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la referida causa de improcedencia se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado y sus efectos quedan destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si se hubiera restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior encuentra apoyo en los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En el caso, el quejoso reclama la omisión de dar contestación a la petición realizada el nueve de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, la autoridad responsable Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con sede en esa ciudad, en respuesta a su petición emitió el oficio SG/01280/2022, de cuatro de julio del año en curso; mismo que le fue notificado al quejoso el cinco de julio siguiente, tal como se advierte del acuse de recibo que obra en el propio comunicado. Lo anterior, evidencia que la autoridad responsable dio respuesta y la notificó al quejoso. Abona a su conocimiento, el hecho de que mediante proveídos de veintiséis de julio y cuatro de agosto de este año, se dio vista a la parte quejosa, para que se impusiera del contenido del informe justificado, y entre otras, del oficio de respuesta correspondiente; lo que también le permitió conocer la contestación a la petición formulada. Pero más aún, si se considera que el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto a la respuesta emitida por la responsable; sin embargo, fue omisa en desahogar el requerimiento formulado; teniéndosele por no ampliando su demanda, continuándose el trámite del juicio únicamente con la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el escrito inicial, tal como se advierte de la certificación de cuenta. En ese contexto, si consta que la autoridad responsable dio respuesta a la petición del quejoso y se la notificó, lo que aconteció durante la tramitación del presente juicio; es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se concluye han cesado los efectos de la omisión reclamada. Dicho de otra manera, los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". En las relatadas condiciones, al haber cesado la omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, lo que hace procedente sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. 2.2. Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. 2.3. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Vista para efectos de ampliación. Visto el estado que guardan los autos, mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, se tuvo al director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, en representación del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; y, el cuatro de agosto siguiente, recibidas las constancias que sustentan su informe; en el que manifestó que en atención a la solicitud presentada el nueve de marzo del año que transcurre, por el quejoso, con fecha cuatro de julio siguiente, se le dio respuesta a través del oficio SG/01280/2022, notificado el día cinco de julio siguiente. Sin embargo, se omitió dar vista con la respuesta del oficio SG/01280/2022, emitido por la autoridad responsable. Lo anterior, encuentra apoyo en términos de la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Por tanto, con fundamento en los artículos 17 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, y con las copias simples necesarias para correr traslado a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por propio derecho y bajo protesta de decir verdad, manifieste si desea ampliar su demanda de amparo respecto a la contestación dada por la autoridad responsable a través del oficio SG/01280/2022, de fecha cuatro de julio de dos mil veintidós. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, únicamente se tendrá por presentada la demanda por el acto y autoridad puntualizados en su escrito inicial de demanda. No resta decir, que la ampliación de demanda es un acto personalísimo que corresponde en forma directa al quejoso o en su caso por su representante legal, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/20101. "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional.". Diferimiento Audiencia Constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para la DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente Órgano Jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
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