Edgar Alejandro Pineda Ruiz

Expediente 893/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
893/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Edgar Alejandro Pineda Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión solicitada de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. Devolución de disco compacto. En atención a que resulta innecesario conservar el disco compacto (CD) que remitió la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el acuse del oficio produce los mismos efectos. 5. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán con residencia en esta ciudad; y, en atención a su contenido, dígasele que con fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, se emitió sentencia dentro del presente juicio, y se encuentra pendiente de causar ejecutoria, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones de la titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 893/2022, promovido por Edgar Alejandro Pineda Ruiz, por alegada violación de los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama de la Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia: La orden de reaprehensión dictada en su contra el veintinueve de julio de dos mil veintidós, dentro del SIPE 48/2017, derivado de la causa penal 196/2016, y su ejecución. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que el acto que se reclama tratará de ejecutarse dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Primero de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, pues así lo aceptó al rendir su informe con justificación. Lo que además se corrobora con el disco de audio y video que allegó, como complemento de su informe justificado. Resulta aplicable la jurisprudencia, que versa: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, asimismo, las partes no señalaron que se actualizara alguna. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. SEXTO. Estudio de fondo. Son infundados en una parte, y en otra inoperantes, los conceptos de violación formulados por el quejoso. Previo a su estudio, es pertinente establecer los principales antecedentes que permitan conocer la cronología del acto reclamado, que a saber, son los siguientes: El veintinueve de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de revisión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del beneficio de condena condicional a que se acogió el sentenciado -aquí quejoso-. Así, luego de declarar cerrado el debate y de acuerdo a la relatoría del expediente la juez responsable señaló que mediante sentencia dictada el quince de febrero de dos mil diecisiete en la causa penal 196/2016 -que originó el SIPE 48/2017-, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, al aquí quejoso se le condenó por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, imponiéndosele entre otra, la pena de cuatro años de prisión. El veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se le tuvo por acogido al beneficio de la condena condicional y en la audiencia se le hicieron de su conocimiento las condiciones que debía cumplir referidas en el artículo 90 del Código Penal Federal, entre ellas, que no podía volver a cometer otro delito. Que mediante oficio procedente de la Dirección General de Instituciones Abiertas de Prevención y Readaptación Social, se informó que le hizo del conocimiento al sentenciado sus obligaciones, para que tuviera efectividad el beneficio de la condena condicional, por lo que, el cinco de abril de dos mil diecisiete, se ordenó el inicio del procedimiento de ejecución. El veintiséis de junio de dos mil veinte, se realizó el auto de cómputo en el procedimiento de ejecución, en el que se explicó al sentenciado que en caso de dar cumplimiento real y efectivo, cumpliría totalmente la pena de prisión el trece de febrero de dos mil veintiuno. El siete de marzo de dos mil veintidós, se requirió a las autoridades los informes correspondientes. En respuesta, la Dirección General de Sentenciados en Libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, hizo del conocimiento que el sentenciado cumplió con las obligaciones impuestas, una de ellas, haberse reportado mensualmente ante dicha autoridad, por lo que consideró dar por concluido el cuidado y vigilancia. No obstante, el Director General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, informó que en su dependencia además de la causa penal 196/2019-, también se localizó la diversa 225/2019. Expuesto lo anterior, la Juez responsable invocó como hecho notorio lo que se obtiene del expediente electrónico 225/2019, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, instruido por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cuyos hechos fueron el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Asunto del cual mencionó que la audiencia inicial fue celebrada el diez de julio de dos mil diecinueve y que el aquí quejoso no tenía medida cautelar, pues estaba bajo una presentación periódica; seguido su trámite, se dictó sentencia el trece de noviembre de dos mil diecinueve, imponiéndosele dos años seis meses de prisión y cuarenta y un días multa, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, el veinte de enero de dos mil veinte, al resolver el toca 231/2019; luego al resolverse el amparo directo 55/2020, mediante ejecutoria de diez de septiembre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, informó que se le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada. Después de ello, hizo referencia al artículo 90, fracción VII del Código Penal Federal, invocado por el fiscal; luego, se dirigió a la defensa quien argumentó que esa sentencia dictada en el expediente 225/2019, no estaba firme como lo mandataba el precepto en cita; sin embargo, la responsable señaló que en el expediente correspondiente existe oficio en el que el Tribunal Colegiado Penal del Décimo Primer Circuito, informó que en sesión de diez de septiembre de dos mil veinte, resolvió por unanimidad de votos negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado entre otro, por el aquí quejoso. Por tanto, dijo que contrario a lo argumentado por la defensa en el sentido de que el proceso penal no se encontraba firme, no encontraba sustento jurídico; de ahí que en términos del artículo 90 fracción VII del Código Penal Federal, procedía revocar el beneficio de la condena condicional y ordenar hacer efectiva la sanción; y, en términos del artículo 102 del Código Penal Federal, ordenó su inmediata reaprehensión, así como su ejecución, para ser conducido al CEFERESO 17 de Buena Vista Tomatlán; asimismo, le hizo saber la posibilidad de que si así lo deseaba se internara de manera voluntaria. Ahora, en sus conceptos de violación, el quejoso aduce que la Juez responsable manifestó que no se daba cumplimiento a la totalidad de las condiciones impuestas dentro de la condena condicional, porque existe una causa penal diversa en su contra, pero no tomó en cuenta que cumplió con las demás condiciones que le fueron impuestas, esto es, con la totalidad de los reportes mensuales, que está estudiando, cuenta con un empleo lícito, un domicilio establecido, que si bien es cierto en dos mil diecinueve tuvo una diversa detención por el delito de portación de arma de fuego, no menos cierto es que aceptó el procedimiento abreviado porque era la forma más rápida de obtener su libertad; además aceptó la pena más no haber cometido el hecho. Que se le aplicó la fracción VII del artículo 90 del Código Penal Federal, cuando pudieron haber sido las fracciones IX y X del citado ordenamiento legal. Tales argumentos resultan infundados. Los dispositivos 90, fracciones VII, IX y 116 del Código Penal Federal, señalan: "ARTÍCULO 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas: . VII. Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida. . IX. En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción. .". "ARTICULO 116. La pena y la medida de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, por cumplimiento de aquéllas o de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas o conmutadas. Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables". En interpretación de este articulado existe la jurisprudencia 1a./J. 30/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONDENA CONDICIONAL. LA PENA SUSPENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO SE EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO. De la interpretación conjunta de los artículos 90, fracción VII y 116, del Código Penal Federal, se obtiene que la pena de prisión cuya ejecución se encuentra suspendida en virtud del otorgamiento del beneficio de la condena condicional, puede extinguirse al actualizarse los tres siguientes supuestos: a) que el sentenciado hubiere dado cumplimiento a las obligaciones impuestas con motivo del otorgamiento del beneficio de la condena condicional; b) que el cumplimiento de tales requisitos se lleve a cabo durante el tiempo de duración de la pena; y, c) que durante ese tiempo el sentenciado no hubiere dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria; todo lo cual equivale a haber compurgado la pena y, por tanto, ya no podrá exigirse su cumplimiento. No obstante, en el supuesto de que la autoridad jurisdiccional deba pronunciarse sobre la extinción de la pena de un sentenciado que no cumplió con las obligaciones derivadas del otorgamiento del beneficio de la condena condicional cuando ha transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena, puede hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 90, fracción IX, y hacer que se cumpla la sanción suspendida o amonestar al sentenciado con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva la sanción impuesta en la sentencia condenatoria, pues el solo transcurso del tiempo no es suficiente para declarar la extinción de la pena de prisión, ya que de conformidad con lo estatuido por los preceptos legales en mención, es el cumplimiento de las obligaciones impuestas al obtener el beneficio de la condena condicional lo que extingue la sanción y no el simple hecho de haber dejado transcurrir el tiempo en el que debían cumplirse. Por tanto, en el supuesto de que el sentenciado no dé cumplimiento a las obligaciones que adquirió con motivo del otorgamiento de la condena condicional o les dé cumplimiento únicamente por un lapso que no es el equivalente al que debiera durar la pena de prisión impuesta, la autoridad jurisdiccional de conformidad con lo que dispone el citado artículo 90, fracción IX, está facultada para hacer que se ejecute la sanción suspendida o conminar al sentenciado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la condena condicional, aun cuando haya transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena. Lo anterior, sin que el juzgador deje de observar el supuesto en el que el sentenciado acogido al beneficio de la condena condicional ha cumplido con las obligaciones derivadas de ese beneficio penal por un tiempo que no es el equivalente al que debería durar la sanción privativa de libertad, pues en dicha hipótesis, de conformidad con una interpretación extensiva a la garantía prevista en la vigente fracción X del apartado "A" del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga se compute el tiempo de detención que sufrió (para descontar a la pena a imponer el tiempo de prisión preventiva), válidamente puede extraerse que dicha garantía también es aplicable a la pena de prisión de un sentenciado que ha cumplido con las obligaciones derivadas del otorgamiento de la condena condicional sólo por un lapso que no es igual al que se le fijó como de duración de la sanción, dado que el tiempo en el que el sentenciado acató las obligaciones mencionadas se ciñó a una determinación que se dio en sustitución de la pena y, por tanto, ese tiempo equivale al cumplimiento parcial de la sanción que se le impuso en sentencia.". En este criterio jurisprudencial se concluyó que la pena de prisión suspendida por el beneficio de la condena condicional puede extinguirse si el sentenciado hubiere dado cumplimiento a las obligaciones impuestas por el otorgamiento de tal beneficio, durante el tiempo de duración de la pena, sin que haya dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria. Además, al pronunciarse sobre la extinción de la pena del sentenciado que no cumplió con las obligaciones contraídas por el beneficio concedido, incluso cuando ha transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena, la autoridad jurisdiccional puede hacer que se cumpla la sanción suspendida o amonestar al sentenciado bajo apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones se hará efectiva la sanción impuesta, sin que el simple transcurso del tiempo extinga la pena de prisión, ya que esta se logra con el cumplimiento de las obligaciones impuestas. En ese contexto, la autoridad responsable actuó de manera correcta al ordenar la reaprehensión del sentenciado -aquí quejoso-. Es así, pues como se advierte de la narrativa, de acuerdo al cómputo realizado en el procedimiento de ejecución SIPE 48/2017, derivado de la causa penal 196/2016, de dar cumplimiento real y efectivo a las condiciones que le fueron impuestas al acogerse al beneficio de la condena condicional, el sentenciado cumpliría totalmente la pena de prisión que le fue impuesta el trece de febrero de dos mil veintiuno. Luego, si con motivo de los hechos acontecidos el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se instauró la causa penal 225/2019, también del índice del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Asunto en el cual se dictó sentencia condenatoria el trece de noviembre de dos mil diecinueve, imponiéndosele dos años seis meses de prisión y cuarenta y un días multa, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, el veinte de enero de dos mil veinte, al resolver el toca 231/2019; luego, al fallarse el amparo directo 55/2020, mediante ejecutoria de diez de septiembre de dos mil veinte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, informó que se le negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada. Entonces, se concluye que el sentenciado dentro del término de duración de la pena de prisión relativa a la causa penal 196/2016, dio lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluyó con sentencia condenatoria, resulta legal el dictado de la orden de reaprehensión, al cumplirse con la hipótesis prevista en la fracción VII, del artículo 90 del Código Penal Federal, misma que se actualiza aún y cuando hubiera cumplido con las demás condiciones que le fueron impuestas. Ahora, contrario a lo que sostiene, no resulta aplicable lo que dispone la fracción IX del numeral en cita, porque los hechos que originaron el nuevo proceso interrumpen el término a que se refiere la fracción VII, si se trata de delito doloso -como en el caso-, hasta que se dicte sentencia firme, tal como lo dispone la diversa VIII del numeral en estudio; de ahí que, si el término de duración de la pena de prisión que cumplía fue interrumpido por los hechos que originaron el nuevo proceso, la autoridad jurisdiccional no podía hacer que se cumpliera la sanción porque no estaba suspendida, sino en todo caso se encontraba interrumpida; y, en ese sentido, menos resultaba procedente amonestar al sentenciado. Tampoco resulta procedente la fracción X, pues de su redacción se aprecia se actualiza cuando de reunir los requisitos y en la sentencia no obtuvo el otorgamiento del beneficio de la condena condicional, el sentenciado podrá promover que se le conceda, abriendo el incidente respectivo ante el juez de la causa; sin embargo, en el caso se parte de la premisa de que dicho beneficio sí le fue concedido y le fue revocado, por las razones apuntadas. Finalmente, en el último concepto de violación argumenta que al dictar su reaprehensión y ordenarle recluirse voluntariamente en el CEFERESO 17 de Buena Vista Tomatlán, se transgreden los derechos fundamentales de sus hermanos, quienes son personas con discapacidad mental que dependen de él; que por ello, se reserva el derecho de presentar los dictámenes que les fueron realizados por la doctora María Guadalupe Villicaña Palomares, especialista en psiquiatría, solicitando se señale fecha y hora para presentarlos. Esos motivos de disenso son inoperantes, pues se trata de simples afirmaciones carentes de razonamiento jurídico concreto, que no están dirigidos a combatir los fundamentos del acto reclamado. También son insuficientes, dado que la orden de reaprehensión y su ejecución, o su reclusión voluntaria, son consecuencia de la falta de cumplimiento de la condición que le fue impuesta al acogerse al beneficio de la condena condicional. Sin que resulte necesario señalarle fecha y hora para la presentación de los dictámenes a que hace referencia, puesto que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, de tal manera que si como en el caso, dicho acto lo constituye la orden de reaprehensión, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma se examinó en función de los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, en relación directa con los argumentos invocados en dicha orden y las pruebas allegadas al Juez constitucional. En tal contexto, toda vez que este juzgador no advierte que haya queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, y ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Respecto al alegato formulado por la fiscal de la adscripción; este órgano de control constitucional se abstiene de realizar pronunciamiento al respecto, porque la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, el informe y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen; por lo que legalmente no se está obligado a atender dichas manifestaciones. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Edgar Alejandro Pineda Ruiz, contra el acto reclamado y autoridad responsable, precisados en los considerandos primero; y, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. 1. Autoridad responsable informa gestiones para llevar a cabo emplazamiento. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Asistente del Despacho Judicial, Encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; a través del cual, informa que solicitó a los notificadores adscritos a ese Centro de Justicia Penal Federal, correr traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Michoacán, con las copias de la demanda y del auto admisorio; y que una vez realizado lo anterior, adjuntará las constancias relativas a dicho emplazamiento, lo que acredita con las copias que anexa a su oficio de cuenta. Sin embargo, de autos se advierte que el veinticuatro de agosto del año en curso, se encomendó la práctica del emplazamiento al tercero interesado Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia de Ejecución de Sanciones Penales en el Estado de Michoacán, por su conducto, a través del oficio 25785/2022, recibido el veintiocho de septiembre del presente año. 1.1. Requerimiento. Por tanto, requiérase a la Jueza Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el cumplimiento dado al auto de veinticuatro de agosto del año en curso. 2. Se acuerda lo relativo en el incidente de suspensión. Finalmente, tomando en consideración que la autoridad responsable, hace alusión al acuse de recibo correspondiente a la resolución interlocutoria de veintiséis de agosto del año en curso, mismo que corresponde al incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, el cual se lleva por cuerda separada; por tanto, con copia simple del oficio de cuenta, provéase lo relativo en dicho incidente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Mayra Stephany Medel Hernández, quien da fe.

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