Edgar Enrique Flores Panduro

Expediente 137/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
137/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
25/01/2018

Partes del expediente

  • Edgar Enrique Flores Panduro
  • Edgar Enrique Flores Panduro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de los quejosos por medio del cual pretenden interponer "incidente de objeción del dictamen rendido por perito tercero Licenciado en Contaduría XXXXXX", ello, por considerar lo siguiente:  que el perito oficial carece de facultades profesionales para clasificar los bienes materia del presente amparo en la Tabla de Valores Unitarios de Construcción en virtud de que, a su consideración, el perito carece de conocimientos técnicos científicos para valuar un bien inmueble.  que el perito carece de credenciales profesionales para sostener falazmente que el Código Fiscal de la Federación es de aplicación supletoria al Código Municipal para el Estado de Chihuahua.  que el experto contable realiza una serie de operaciones aritméticas que escapan del común entendimiento ordinario de los quejosos y que tal circunstancia los deja en un estado de indefensión. Así, los quejosos concluyen que la objeción que hacen al dictamen rendido en materia contable se hace en cuanto a su contenido, sentido, alcance y fuerza legal que este Tribunal le pretenda dar a dicho documento. Dígase a los quejosos que el incidente que pretenden resulta improcedente por las consideraciones que a continuación se establecerán. En el título primero relativo a las reglas generales, capítulo noveno que trata sobre los incidentes de la Ley de Amparo, específicamente en el artículo 66 se estipula: 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Esto es, la ley de la materia señala las cuestiones por las que se puede tramitar un incidente y la forma en que debe tramitarse. Ahora, en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Amparo se señala: 2. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. Así pues, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles opera únicamente cuando no exista en la Ley de Amparo disposición expresa, lo que como se estableció, en el presente asunto no ocurre, en virtud de que existe un capítulo especial para la tramitación de los incidentes. Por lo que, no es posible, como lo pretenden, fundar un incidente en los artículos 142, 358 y 259 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cobra aplicación por los argumentos vertidos la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, tomo I, agosto de dos mil diecisiete, Décima Época, página 199 con número de registro 2014799, del tenor siguiente: INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL OFRECIDA EN SU SUSTANCIACIÓN SE RIGEN POR LA LEY DE AMPARO. Acorde con el párrafo tercero del artículo 205 de la Ley de Amparo, el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo se tramitará incidentalmente en términos de los artículos 66 y 67 de la propia ley. Pues bien, considerando que la prueba pericial es una institución suficientemente reglamentada en los artículos 119 y 120 de la ley de la materia, es ésta la que debe regir su ofrecimiento y desahogo en la sustanciación del incidente de cumplimiento sustituto, sin que para el caso deba atenderse a la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles; en la inteligencia de que para satisfacer la obligación de vigilar el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el órgano jurisdiccional debe asegurarse de que el perito designado emita su dictamen de acuerdo con las directrices establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en caso de advertir irregularidades o deficiencias, requerir al experto para que aclare los puntos correspondientes, lleve a cabo nuevas diligencias para complementar su dictamen o, incluso, nombrar a otro perito para que emita el dictamen relativo. De igual manera, apoya la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito consultable con el número de registro 209119, página 237, Octava Época, febrero de 1995, Tomo XV 1 del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: OBJECION DE DOCUMENTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE APLICAR SUPLETORIAMENTE EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Considerando que en materia de objeción de documentos, el artículo 153 de la Ley de Amparo establece el procedimiento a seguir, determinando el momento procesal para formular la objeción es durante la celebración de la audiencia constitucional, resulta que no procede aplicar lo dispuesto en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley de Amparo, las prevenciones del código en cita sólo se observan a falta de disposición expresa en la ley rectora del juicio de amparo, por lo que en atención a que ésta expresamente establece el procedimiento a seguir en tratándose de objeción de documentos, es evidente la inaplicabilidad del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, a fin de esclarecer a los quejosos el incidente de objeción que para el juicio de amparo se prevé en la Ley de Amparo a continuación se transcribe el artículo 122 de la citada legislación: 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia. Del anterior precepto, se colige que la objeción de los documentos en el juicio de amparo versa por lo que hace al cuaderno principal respecto de su falsedad, por lo que, si el motivo de la objeción es la eficacia probatoria se debe encuadrar en lo establecido por el artículo 153 de la legislación de la materia que autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes únicamente por lo que hace a su autenticidad con relación a los efectos exclusivos de este juicio, por lo que, esta objeción debe referirse a su continente y no a su contenido. Corroboran lo anterior las tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXXVIII, página: 529 con registro 313358, la tesis aislada emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2399, tomo LXXXI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación con número de registro 373959 y la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, Novena Época, página 1737 173298 de la literalidad siguiente, respectivamente: DOCUMENTOS PRESENTADOS COMO PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO, OBJECION DE FALSEDAD DE LOS. De acuerdo con el inciso primero del artículo 80 de la Ley de Amparo, si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare como falso, el Juez suspenderá la audiencia, para continuarla dentro de los diez días siguientes, según su prudente estimación, y en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad o no autenticidad del documento. La norma legal que entraña este precepto, sólo se refiere a la objeción de falsedad de los documentos presentados precisamente en la audiencia de pruebas, alegatos, y sentencia de los juicios de amparo. En efecto, si se atiende a las disposiciones de los artículos del 76 al 85 de la citada ley, que establecen y regulan los procedimientos que deben seguirse en la expresada diligencia, se llega a la conclusión de que la recta interpretación del invocado artículo 80, es la de que éste únicamente prevé el caso de que sea tildado de falsedad, un documento exhibido como prueba en la audiencia a que alude el artículo 73 de la mencionada ley, supuesto que hasta ese momento era ignorado, y es de estricta justicia dar oportunidad a las partes para justificar la no autenticidad del documento; por esta razón, la ley ordena que, en tal caso, se suspenda la audiencia, para continuarla dentro de un plazo que permita al interesado, reunir los elementos probatorios que demuestren la falsedad; pero si se trata de documentos conocidos por los interesados antes de la audiencia, habiendo tenido tiempo suficiente para allegar pruebas sobre la falsedad de tales documentos, sin entorpecer la secuela del asunto, no existe la razón por la cual el legislador previno que debía suspenderse la audiencia. DOCUMENTOS EN EL AMPARO, INCIDENTE DE OBJECIONES A LOS. Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objeta de falso, debe tener lugar el incidente que establece el artículo 153 de la Ley de Amparo, para el solo efecto de determinar, dentro del juicio de garantías, respecto de la autenticidad del documento en cuestión. FALSEDAD DE DOCUMENTOS EN EL AMPARO. LA OBJECIÓN RELATIVA DEBE REFERIRSE A SU AUTENTICIDAD, ES DECIR, A SU CONTINENTE Y NO A SU CONTENIDO, PUES ÉSTE ES MATERIA DE ANÁLISIS AL DICTARSE SENTENCIA. El artículo 153 de la Ley de Amparo establece: Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.-Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.-Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente que la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario.. Ahora bien, si el motivo de la objeción no es el contenido de un documento, sino su eficacia probatoria, porque en la fecha en que se ratificó ante el notario público, éste no había recibido su constancia para actuar como tal, y el sello de la notaría que calzaba dicha ratificación no correspondía al registrado ante el Archivo General de Notarías, esa objeción encuadra en lo previsto en el mencionado artículo 153, que autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes, pues en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción, al señalar que ésta sólo da competencia al Juez para apreciar dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que permite establecer que la objeción de falsedad de un documento, debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues éste es materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente, con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. Así pues, al quedar plenamente demostrada la improcedencia del incidente intentado por los quejosos, se continúa con la tramitación del incidente innominado relativo a las cantidades a devolver y se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho para llevar a cabo la audiencia incidental, con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado XXXXXX, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada XXXX Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El quince de febrero de dos mil diecisiete, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Agente adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Norte y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, la demanda de amparo se registró con el número ******* y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Autoridades inexistentes. En auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete se tuvo por inexistentes al Juez de la Primera Sala en materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Segunda Sala en materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Tercer Sala en materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Primer Sala Regional en materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Segunda Sala Regional en materia Penal en Ciudad Juárez y Juez de la Tercer Sala Regional en materia Penal en Ciudad Juárez, con fundamento en el artículo 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama la orden de aprehensión y su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Norte, Agente adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Coordinador Regional, Zona Norte de la División Preventiva de la Policía Estatal Única, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que les atribuye el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo *******, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    SENTENCIA INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el quince de febrero del presente año, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Agente adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Norte y otros, a quienes les reclamó la orden de aprehensión así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de dieciséis de febrero del año en curso, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. TERCERO. Autoridades Inexistentes. En auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciséis en atención a lo asentado por la actuaria judicial en la constancia de veinte de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo por inexistente al Juez de la Primera Sala en Materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Segunda Sala en Materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Tercer Sala en Materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Primer Sala Regional en Materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Segunda Sala Regional en Materia Penal en Ciudad Juárez, Juez de la Tercer Sala Regional en Materia Penal en Ciudad Juárez, de conformidad con los artículos 5 fracción II y 108 fracción III de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. El Agente adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Zona Norte, Agente adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte y Coordinador Regional, Zona Norte de la División Preventiva de la Policía Estatal Única, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a acreditar la existencia de los mismos. Por el contrario existen datos que evidencian que fueron otras autoridades las encargadas de ordenar y ejecutar el acto materia de suspensión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó respecto de tales autoridades. Sirve de apoyo a lo antes considerado, la tesis de Jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó *******, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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