Edgar Eduardo Reyes Muñoz
Expediente 322/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 322/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edgar Eduardo Reyes Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que, mediante resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente juicio. Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, terceros interesados o el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpusiera recurso de inconformidad en contra de la determinación referida en el párrafo que antecede, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que ha causado estado. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto se concedió el Amparo y Protección de la Justicia. Por lo que una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar los expedientes, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General en cita, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a la certificación, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. En tal sentido, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que, el Juez responsable, realice lo siguiente: [.] Atendiendo a lo argumentado y expuesto en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de julio de dos mil veinte, en la causa penal *******. II. Reponga el procedimiento a partir de la audiencia inicial, para el efecto de que la Juez responsable corrobore la calidad del(os) licenciado(s) en derecho de la(s) persona(s) que funja(n) como defensor(es) de *******, en la causa penal ya precisada, lo que deberá realizar cotejando el(los) número(s) de cédula que corresponda(n), a efecto de que quede constancia de este hecho, en la videograbación respectiva. Se precisa a la Juez responsable que el cómputo correspondiente para resolver la situación jurídica del justiciable, será a partir de la fecha y hora en que inicie la audiencia mediante la cual se ordene la reposición, en acatamiento a este fallo, debiendo descontar el tiempo transcurrido desde el inicio del plazo constitucional, hasta el momento que se cometió la violación procesal destacada. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberá informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que haya realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del contenido del artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que al requerir el cumplimiento de la sentencia, se debe girar oficio y requerir al superior jerárquico de las autoridades responsables, a fin de que obliguen a éstas a cumplir el fallo protector, aplicándoles los mismos apercibimientos que al inferior; sin embargo, en la especie, el cumplimiento está encomendado a un Juez, el cual para efectos del juicio de amparo no tiene superior, pues su actividad jurisdiccional es plenamente autónoma y en sus decisiones no puede haber injerencia de otra autoridad, es decir, su actuación no está sujeta a alguna otra potestad. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******.Doy fe.
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SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 322/2020-III. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecisiete de agosto de dos mil veinte, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por los licenciados ******* y *******, en su carácter de defensores particulares de *******, misma que fue turnada a este órgano jurisdiccional al día hábil siguiente. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: De la responsable, se reclama el inconstitucional auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal *******, dictado en contra de nuestro representado *******, el día 27 de julio de 2020, como probable responsable del delito de VIOLACIÓN CON PENALIDAD AGRAVADA, por hechos ocurridos desde el mes de junio de 2017 y hasta el mes de julio de 2019. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, la demanda de amparo se registró con el número 322/2020-III y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal ******* y la menor víctima de iniciales *******, por conducto de su madre *******, y; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Referencia a Menor de Edad. Cabe puntualizar, que en virtud de que en el presente expediente se encuentran involucrados derechos de una menor de edad, la referencia que se haga de ella será mediante las iniciales de su nombre y apellidos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Principios Generales para la Consideración de las y los Juzgadores", principio 1 relativo al Interés Superior del Niño, segundo y tercer párrafos; Capítulo III, llamado "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", punto 6 de la Privacidad, y punto 7 apartados a, d y g, segundo párrafo, de las Medidas para proteger la intimidad y el bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes, todos del "Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, segunda edición dos mil catorce (2014); lo anterior, a fin de salvaguardar su identidad. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al tratarse de un asunto en materia penal en el que se reclama un acto cuya ejecución tuvo lugar en el territorio en el que este tribunal de amparo ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la precisión del acto reclamado. Así, del análisis de la demanda de amparo, del informe justificado y de las demás constancias que integran el presente juicio, se deduce que la parte quejosa reclama a la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal *******, el veintisiete de julio de dos mil veinte, en contra de *******, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto en el artículo 172, fracción I, en relación con el numeral 175, fracción II, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio del menor de edad de iniciales *******. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, aceptó la existencia del acto reclamado, y para tal efecto remitió copia certificada del registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de las audiencias celebradas el veintidós y veintisiete de julio del presente año, relativas a la formulación de la imputación, imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y la vinculación a proceso, respectivamente. Probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, esta Juzgadora advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal *******, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Sentado lo anterior, debe tenerse presente el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se transcribe enseguida: 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. El citado dispositivo constitucional prevé que se podrá imponer un acto privativo de derechos, sólo a través de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, lo que se conoce como derecho fundamental al debido proceso y se compone precisamente de esas formalidades, cuyo primer núcleo (o núcleo duro), se compone de: La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. La oportunidad de alegar. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ese primer núcleo, se complementa además con las garantías mínimas del debido proceso -llamadas "garantías judiciales" en el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, las cuales deben otorgarse a toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, destacando, entre ellas, el derecho a la defensa adecuada, libremente escogida, consagrado en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal numeral, es del contenido siguiente: 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. [.] Ese derecho fundamental (adecuada defensa) -según lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 405/2017- sólo puede considerarse tutelado dentro del sistema de justicia penal acusatorio, cuando la defensa del imputado es proporcionada por un licenciado en derecho con cédula profesional, lo cual, debe quedar evidenciado en la videograbación de la audiencia correspondiente. En dicha ejecutoria, la Primera Sala del Más Alto Tribunal, retomó diversos precedentes -todos del sistema anterior- para sostener que el derecho a la defensa adecuada consiste en dar oportunidad a toda persona inculpada, de que sea asistida por un defensor, cuya competencia técnica deberá acreditarse con el instrumento público que lo avale como licenciado en derecho; calidad profesional que no puede presumirse, ni siquiera porque la persona sea defensor público, o de oficio. Consecuentemente, de no contarse con ese documento o ante la duda de su existencia, debe considerarse actualizada una violación procesal que amerita la reposición del proceso, para el efecto de que se investigue la calidad profesional del defensor. Al trasladarse esos razonamientos al sistema de justicia penal acusatorio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que los órganos de jurisdicción penal, al llevar a cabo la individualización de las partes intervinientes, tienen la obligación de recabar sus datos generales y, después de obtenerlos, cuestionar al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala -según se denomine- sobre si esos datos fueron cotejados con las identificaciones exhibidas momentos previos a la realización de la audiencia, destacando, desde luego, el número de cédula profesional que corresponde al o los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, todo lo cual podrá ser debatido por los actores procesales (principio de contradicción). Lo anterior, encuentra soporte legal en lo establecido en los numerales 17, 54, 113, 116 y 117, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a continuación se transcriben: 17. Derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica, la que debe realizar el Defensor particular que el imputado elija libremente o el Defensor público que le corresponda, para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un Asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. Corresponde al Órgano jurisdiccional velar sin preferencias ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. 54. Identificación de declarantes Previo a cualquier audiencia, se llevará a cabo la identificación de toda persona que vaya a declarar, para lo cual deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Dicho registro lo llevará a cabo el personal auxiliar de la sala, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad del declarante de hacer públicos, o no, sus datos personales. 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; IV. A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; V. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por este Código; VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente, en términos de lo establecido por este Código; X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; XI. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; XIII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; XIV. A no ser expuesto a los medios de comunicación; XV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable; XVI. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo; XVII. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; XVIII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera, y XIX. Los demás que establezca este Código y otras disposiciones aplicables. Los plazos a que se refiere la fracción X de este artículo, se contarán a partir de la audiencia inicial hasta el momento en que sea dictada la sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional competente. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad, o adultos mayores que dependan de él, y no haya otra persona que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social que correspondan, a efecto de recibir la protección. 116. Acreditación Los Defensores designados deberán acreditar su profesión ante el Órgano jurisdiccional desde el inicio de su intervención en el procedimiento, mediante cédula profesional legalmente expedida por la autoridad competente. 117. Obligaciones del Defensor Son obligaciones del Defensor: I. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación, a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa; II. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen; III. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley; IV. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación, a fin de contar con mayores elementos para la defensa; V. Comunicarse directa y personalmente con el imputado, cuando lo estime conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias; VI. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. VII. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado; VIII. Solicitar el no ejercicio de la acción penal; IX. Ofrecer los datos o medios de prueba en la audiencia correspondientes y promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público o la víctima u ofendido cuando no se ajusten a la ley; X. Promover a favor del imputado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; XI. Participar en la audiencia de juicio, en la que podrá exponer sus alegatos de apertura, desahogar las pruebas ofrecidas, controvertir las de los otros intervinientes, hacer las objeciones que procedan y formular sus alegatos finales; XII. Mantener informado al imputado sobre el desarrollo y seguimiento del procedimiento o juicio; XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales; XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; XV. Interponer los recursos e incidentes en términos de este Código y de la legislación aplicable y, en su caso, promover el juicio de Amparo; XVI. Informar a los imputados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su defensa, y XVII. Las demás que señalen las leyes. De tal manera, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que la calidad de licenciado en derecho del defensor, debe acreditarse directamente ante el órgano jurisdiccional desde el inicio del procedimiento, y que es obligación del defensor exhibir su cédula profesional, de la cual debe quedar copia auténtica en los registros de la causa penal, misma que, previamente, debe haber sido entregada, cotejada y verificada por el asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala correspondiente. Bajo ese contexto es necesario que, en la videograbación de la audiencia respectiva, al menos, quede asentado lo siguiente: La manifestación del defensor de ser licenciado en derecho y la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro (del Poder Judicial); el correspondiente a su cédula profesional (federal) emitida por la Secretaría de Educación Pública; y del documento oficial con el que se identificó plenamente, en el que conste su fotografía, así como, entre otros datos, su nombre completo (ello, en el caso de las cédulas profesionales emitidas electrónicamente -a partir del cinco de abril de dos mil dieciocho, con sustento en el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional- pues no contienen imagen fotográfica del profesional en favor de quien se expiden). El momento en que el órgano de jurisdicción penal cuestiona al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, sobre si los datos proporcionados por la persona que ejerce la defensa, fueron cotejados con la respectiva identificación exhibida momentos previos a la realización de la audiencia, así como con las bases de datos respectivas, destacándose, desde luego, el número de cédula profesional. Ahora, del análisis de los anexos que la Juez responsable acompaño a su informe justificado, específicamente de la videograbación de la audiencia inicial que tuvo verificativo el veintidós de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal *******, en la que se formuló imputación al quejoso, la identificación de las partes que comparecieron, se desarrolló de la manera siguiente: (Minuto 00:01:57) Defensora: Buenos días, licenciada *******, con domicilio y forma de notificación previamente registrados ante la encargada de sala, solicitando para que el joven me nombre como su defensora particular. Juez: Muy bien, su nombre por favor señor; Imputado: Soy *******; Juez: Muy bien, mire usted ha escuchado que aquí se encuentra presente la licenciada *******, viene en calidad de defensora particular, antes del inicio de esta audiencia, la de la voz dio oportunidad para que ustedes tuvieran una plática privada, ¿esto fue así correcto?; Imputado: Sí; Juez: Muy bien, ¿le hizo del conocimiento la licenciada todos sus derechos?; Imputado: Sí; Juez: ¿Le quedó alguna señor?; Imputado: No; Juez: ¿La nombra como su defensora?; Imputado: Sí; Juez: Bien, licenciada ¿acepta y protesta el cargo?; Defensora: Lo acepto y lo protesto su señoría; Juez: Bien, de conformidad con el número 20 Constitucional, apartado B, fracción VIII, 103 y 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tiene nombrada a la licenciada *******, defensora particular del señor *******. [.] En la continuación de dicha audiencia (veintisiete de julio de dos mil veinte), en la que se vinculó a proceso al quejoso, el momento de individualizar a los comparecientes, se verificó como sigue: (Minuto 00:02:07) Defensor: Buenas tardes, *******, defensor particular, solicitando en este momento anuencia para efectos de que el ahora imputado me nombre como su defensor, además de la licenciada *******; Juez: Muy bien, licenciada su nombre; Defensora: Si, buenos días, licenciada *******, defensora particular; Juez: Muy bien, bien señor *******, toda vez que hemos escuchado ya a las personas que se encuentran presentes en la audiencia, nos falta por individualizarse usted, ¿su nombre completo por favor?; Imputado: *******; Juez: Bien, a esta continuación de audiencia, de conformidad con el numeral 315, del Código Nacional procesal se apersona también el licenciado *******, quien ha mencionado que también de ser su deseo toda vez que es un defensor particular, entiendo que también tuvo pláticas con él antes de esta audiencia, ¿es correcto?; Imputado: me podría repetir la pregunta; Juez: si, se encuentra a parte de la licenciada *******, quien fue nombrada por usted en la audiencia anterior, también acude a representar los mismos intereses sin revocar a la licenciada *******, es decir, el licenciado *******, para representar sus intereses el día de hoy, es importante que usted me indique si el licenciado ya le hizo del conocimiento de todos los derechos que usted tiene dentro de un proceso para efecto de proceder a preguntarle si usted lo nombra como su defensor; Imputado: Es correcto; Juez: Muy bien, licenciado ¿acepta y protesta el cargo?; Licenciado: Lo acepto y protesto; Juez: Bien, se tiene nombrado al licenciado *******, de conformidad con el numeral 118 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto sin revocar a la licenciada *******, quien nombrada en la audiencia precedente. [.] De lo anterior, es evidente que los defensores omitieron realizar la declaración del número correspondiente a su cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, o de algún documento oficial para identificarse plenamente, ya que dichos profesionistas no señalaron nada al respecto, únicamente proporcionaron sus nombres completos y aceptaron el cargo conferido. Sin embargo, como se explicó líneas arriba, las manifestaciones de los defensores particulares son insuficientes para colmar el principio de defensa adecuada. En efecto, no existe evidencia de que la Juez responsable solicitara el número de cédula profesional de dichas personas, o los datos registrados en la base respectiva, para corroborarlos. De tal manera, que durante el desarrollo de la audiencia inicial y la de su continuación, no se asentó que quienes comparecieron como defensores particulares del quejoso, tuvieran expedida a su favor cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública (federal) para ejercer la profesión de licenciados en derecho, lo que se traduce en una transgresión en perjuicio del quejoso, de su derecho fundamental al debido proceso, dado que la Juez responsable omitió verificar la calidad de licenciados en derecho de aquéllos, durante la audiencia de formulación de la imputación y en la diversa de veintisiete de julio de dos mil veinte, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso aquí combatido. Trasgresión que deberá enmendarse, al concederse al quejoso la protección constitucional solicitada, para los efectos que más adelante se indicarán. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 69/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, Décima época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 959, del registro digital 2020892 de rubro y texto siguientes: DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el derecho a una defensa técnica es respetado cuando el imputado es asistido por abogado titulado en cada una de las etapas que comprenden el procedimiento penal. En ese sentido, de conformidad con el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es obligación del defensor acreditar ante el órgano jurisdiccional su calidad de licenciado en derecho, con la exhibición de la cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad legalmente competente; documento que debe registrar previamente al desahogo de la audiencia inicial, lo cual puede realizar de dos formas: a) en el centro de registro de cédulas profesionales correspondiente; o, b) ante el funcionario que según la ley tenga la obligación, previo al inicio de la audiencia, de recabar la información respectiva, lo que dará oportunidad al Juez de Control de corroborar la calidad de licenciado en derecho del defensor, lo que se logra con la sola referencia que éste realiza al individualizarse, refiriendo su número de cédula y registro, cuestionando al asistente de constancias y registros, auxiliar o encargado de sala, según lo denomine la correspondiente legislación aplicable a cada caso concreto, sobre si esos datos fueron cotejados con las respectivas identificaciones exhibidas momentos previos a la celebración de la audiencia, destacando desde luego entre dichos datos, el número de cédula que corresponde a los licenciados en derecho que comparezcan con la calidad de defensores del imputado, a efecto de que quede constancia en la videograbación de este hecho, ello en virtud de que es la primera diligencia en el proceso en la cual participa directamente el imputado. SEXTO. Concesión del amparo. Atendiendo a lo argumentado y expuesto en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que la Jueza de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de julio de dos mil veinte, en la causa penal *******. II. Reponga el procedimiento a partir de la audiencia inicial, para el efecto de que la Juez responsable corrobore la calidad del(os) licenciado(s) en derecho de la(s) persona(s) que funja(n) como defensor(es) de *******, en la causa penal ya precisada, lo que deberá realizar cotejando el(los) número(s) de cédula que corresponda(n), a efecto de que quede constancia de este hecho, en la videograbación respectiva. Se precisa a la Juez responsable que el cómputo correspondiente para resolver la situación jurídica del justiciable, será a partir de la fecha y hora en que inicie la audiencia mediante la cual se ordene la reposición, en acatamiento a este fallo, debiendo descontar el tiempo transcurrido desde el inicio del plazo constitucional, hasta el momento que se cometió la violación procesal destacada. Asimismo, se acota que esta sentencia no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito ni sobre la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento, implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades de la Juez responsable para decidir lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, resulta innecesario analizar los conceptos de violación hechos valer. SÉPTIMO. Notificación de la sentencia. Atendiendo a lo dispuesto en la Circular CAP/3/2020, en el sentido de que pueden resolver los expedientes que estén listos para sentencia y lo establecido en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la notificación del presente asunto deberá realizarse por lista, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; razón por la cual la notificación surtirá efectos una vez que se reanuden los plazos y términos procesales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. La justicia de la unión ampara y protege a *******, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Notifíquese la presente sentencia, en términos del considerando sexto. Notifíquese por lista; haciéndolo personalmente al quejoso en los correos electrónicos ******* y *******. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el cinco del mes y año en curso, se encontraba señalada la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Sin embargo, el veintiuno de octubre del presente año, se recibió vía correo electrónico oficial el oficio SEADS/654/2020, de veintiuno de octubre de dos mil veinte, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa que, se acordó la readscripción de la Juez María Guadalupe Contreras Jurado, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior se hace del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. A fin de dar margen a lo anterior, se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el numeral 124 de la Ley de Amparo. En consecuencia, notifíquese por lista a las partes, entre ellas a la autoridad y tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica; haciéndolo personalmente al quejoso y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito de la forma siguiente: Parte en el juicio de amparo Correo electrónico o número telefónico Quejoso ******* ******* 656-******* o 656-******* Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito ******** Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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