Edgar Emilio Martínez Montes

Expediente 1715/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1715/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Edgar Emilio Martínez Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 53 a 73), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: **1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los artículos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. ** Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de**, que pagó el veintiséis de julio de dos mil dieciocho a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de inscripción documento público o privado, inscripción préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público "35,218", emitido por el Notario Público Quince, con sede en esta ciudad. Ello, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de **sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) En la inteligencia de que la cuota de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comenta, es aplicable porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. **Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 78 y 79). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la promovente del amparo, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera al quejoso la suma de $17,867.60 (Diecisiete mil ochocientos sesenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit; sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), así como de la diversa suma de $595.00 (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de registro de poderes de cualquier clase, cantidad que no fue reclamada. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 94 y 95), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, exhibió la impresión de la transferencia bancaria efectuada al quejoso por la cantidad de ** Moneda Nacional), por concepto de la suma que en su momento erogó el solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $17,867.60 (Diecisiete mil ochocientos sesenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la suma de $595.00 (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de registro de poderes de cualquier clase, cantidad que no fue reclamada su inconstitucionalidad, así como del diverso importe de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver la cantidad de $16,992.60 (Dieciséis mil novecientos noventa y dos pesos 60/100 Moneda Nacional), por lo que se presume que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 11, 12 y 46) y el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable realizó la transferencia respectiva al aquí quejoso (foja 95); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio a noviembre de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de ese año entre el índice para el mes de junio de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado). Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil dieciocho fue de 99.376; y para el mes de octubre de esa anualidad fue de 101.440 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0207. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, menos la suma de $595.00 (Quinientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto de registro de poderes de cualquier clase, cantidad que no fue reclamada su inconstitucionalidad, así como del diverso importe de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), correspondiente a la cuota mínima establecida para la inscripción de instrumento público o privado, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $17,344.34 (Diecisiete mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 34/100 Moneda Nacional); sin embargo, no entregó un faltante de $402.44 (Cuatrocientos dos pesos 44/100 Moneda Nacional). Derivado de lo anterior, mediante proveído de veinte de diciembre del año pasado (fojas 100 a 103), este Órgano Jurisdiccional requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit para que entregara el citado faltante a la parte quejosa. Luego, mediante auto de veintinueve de enero de este año, se tuvo a la delegada del Recaudador responsable, informando que el quejoso Edgar Emilio Martínez Montes, no se había presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, esto es, la suma **Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Sin que sea óbice a lo anterior, que del análisis de las constancias de autos, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hiciera entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector respecto de la actualización de la cantidad condenada; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que el peticionario de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ** En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que el quejoso Edgar Emilio Martínez Montes, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, no obstante de encontrarse debidamente notificado para ello, como lo acredita con los anexos que acompaña, motivo por el cual solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo por falta de interés del agraviado; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, así como requiérasele, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 53 a 73), dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**."

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que el quejoso Edgar Emilio Martínez Montes, no se ha presentado a efectuar el cobro del cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización de la cantidad condenada en la sentencia amparadora, no obstante de encontrarse debidamente notificado para ello, como lo acredita con los anexos que acompaña, motivo por el cual solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo por falta de interés del agraviado; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexos de cuenta para los efectos legales correspondientes. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, así como requiérasele, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que le hagan entrega del cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria dictada el tres de octubre de dos mil dieciocho (fojas 53 a 73), dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**."

  4. Principal

    . TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa un cheque expedido por la Institución Bancaria Santander, motivo por el cual solicita que este Juzgado Federal haga del conocimiento lo anterior a la citada parte procesal; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado la entrega del cheque a que se hace alusión en el oficio de cuenta, o en su caso, las constancias con las que compruebe que notificó lo anterior a la parte quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a CIEN VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Finalmente, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada.

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