Edgar Delfino Ponce Correa

Expediente 245/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
245/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Edgar Delfino Ponce Correa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintisiete de agosto del año en curso, la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector (fojas 176 y 177). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintinueve de agosto del presente año (foja 178), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, plazo que transcurrió sin que realizara manifestaciones. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución de nueve de abril del año en curso (fojas 62 a 77), por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito.(.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $14,342.69 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. (.) Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro por el registro de poderes de cualquier clase: $613.00 pesos, que se indicó en el formato de pago (fojas 10 y 11), toda vez que el accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dicho concepto. De igual forma, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, cantidades que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que se comentan, son aplicable porque están referidas a la inscripción de documento público o privado, así como de inscripción de préstamo hipotecario, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí, que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12 y 13 de la mencionada Ley de Ingresos, es esta cuota la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el arábigo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.(.)" Resolución que se declaró firme por auto de quince de julio de dos mil diecinueve, en atención a que por ejecutoria dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, se desechó el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de nueve de abril del año en curso (fojas 62 a 77), en la que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (fojas 155 a 156). Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (foja 157). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; B).-Devolverle a la parte quejosa el remanente que no exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $ 280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de la inscripción de préstamo hipotecario y el pago por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. C).- Devolverle a la parte quejosa las cantidades que cubrió debidamente actualizas. Luego, mediante oficio signado por la delegada de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que realizó transferencia electrónica de la cantidad de $13,244.89 (trece mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 89/100 moneda nacional). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Se dice lo anterior, dado que al monto de $14,342.69 (catorce mil trescientos cuarenta y dos pesos 69/100 moneda nacional), se les restan las cuotas mínimas a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), por concepto de inscripción de documento público y privado, $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de préstamo hipotecario y $613.00 (seiscientos trece pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de registro de poderes de cualquier clase, nos da como resultado la cantidad de $13,159.69 (trece mil ciento cincuenta y nueve pesos 69/100, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el diecisiete de enero de dos mil diecinueve (fojas 10 y 11), y la responsable realizó a la parte quejosa, transferencia electrónica por la cantidad de $13,244.89 (trece mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 89/100 moneda nacional) el veintitrés de agosto del año en curso (foja 177), por concepto de cantidad principal y la actualización correspondiente. Así, el periodo de ajuste fiscal comprende del mes de enero a agosto de dos mil dieinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero y julio del año en cita (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108; y para el mes de julio de este año de 103.687 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.005615. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $13,233.58 (trece mil doscientos treinta y tres pesos 58/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió a la parte quejosa la cantidad de $13,244.89 (trece mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 89/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $73.89 (setenta y tres pesos 89/100 moneda nacional). No pasa inadvertido, que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $13,233.58 (trece mil doscientos treinta y tres pesos 58/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $13,244.89 (trece mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 89/100, moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $11.31 (once pesos 31/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al peticionario de garantías la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En ese tenor, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se tramitó incidente de suspensión, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el ordinal 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por ********************, en calidad de delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia del reporte de transferencia bancaria SPEI, a la cuenta proporcionada por la parte quejosa; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte aludida, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, con apercibimiento que de no hacerlo, con apoyo en la ejecutoria de referencia y demás constancias que obran en el presente sumario, este órgano jurisdiccional se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **

  3. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como lo demuestra con las documentales que acompaña; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de la Materia, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, en vías de cumplimiento al fallo protector, en la inteligencia de que se está en espera del acatamiento total del mismo. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por ** en calidad de autorizado de la parte quejosa y anexo, a través del cual en acatamiento al proveído de doce de agosto del presente año, informa que su autorizante aportó la información solicitada por la autoridad responsable, a efecto de que efectuara la devolución de las cantidades mencionadas en la sentencia amparadora; además, solicita se haga efectiva la sanción al ente aludido, toda vez que éste no ha dado cumplimiento a la ejecutoria antedicha, no obstante de haberle proporcionado la documentación requerida; al respecto, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza, sin perjuicio de ser tomadas en consideración al verificar el acatamiento del fallo protector. En tanto que, respecto de la sanción que solicita se imponga a la responsable, no ha lugar a proveer de conformidad su petición; ello, porque se encuentra transcurriendo el término de tres días que le fue concedido al Recaudador de Rentas de referencia, en proveído de doce de agosto del presente año. **

  4. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa que la parte quejosa no ha proporcionado los datos referidos en el oficio DJC/2684/2018; lo anterior, para estar en posibilidades de acatar la ejecutoria de amparo, no obstante de haber sido notificada para ello, como lo acredita con la documental que acompaña, motivo por el cual solicita se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo por falta de interés de la agraviada; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Luego, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado a la parte disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, es decir, debe agotar todos los medios a su alcance para hacer del conocimiento del quejoso lo anterior. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria, máxime que del anexo que adjunta no se aprecia la fecha en qué fue notificada la parte quejosa ni el plazo en el cual debía comparecer a exhibir las documentales que le fueron solicitadas. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la Ley citada. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, requiérase a la parte quejosa a fin de que dentro del término de tres días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante la autoridad oficiante y proporcione los datos que le fueron solicitados por oficio DJC/2684/2018 de veinticuatro de julio de este año, que le fue notificado por conducto de Alfonso García Sánchez, en su carácter de autorizado, con el propósito de que ésta de cumplimiento al fallo protector. **

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano