Edgar Eduardo Ortega Ortíz

Expediente 254/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
254/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Edgar Eduardo Ortega Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de tres de mayo de dos mil veintidós, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por *******************, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que ve al original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso a), del artículo 18, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Incidental

    Unico. Se niega a ********************, la suspensión definitiva que solicita respecto de los mandatos de captura que reclama, así como su ejecución, reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, en especial la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido al quejoso, en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para que ampliara su demanda a fin de señalar como autoridades responsables a la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y al Juez de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado, con sede y base en Dolores Hidalgo, Guanajuato, sin que lo haya hecho. En razón de lo anterior, se determina que este Juzgado Federal, se encuentra impedido jurídicamente para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, como se verá a continuación. De las constancias que obran agregadas al presente expediente se advierte lo siguiente: Que el quejoso reclamó toda orden de aprehensión, detención, mandamiento judicial, orden de comparecencia o cualquier otra orden de privación de la libertad emitida por las responsables y que pudiera ser cumplimentada por las ejecutoras en su perjuicio. Que derivado del contenido del informe justificado rendido por el Encargado de la Coordinación Regional "D" de la Dirección General de Investigaciones, sede San Miguel de Allende, Guanajuato y las constancias allegadas, se advirtió que su intervención en el acto reclamado derivó de la orden de aprehensión girada dentro del toca 40/2019-O, por la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, en contra de la resolución por la cual se negó ordenar la aprehensión de *****************, en la causa penal *********** de la estadística del Juzgado de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado, con base y sede en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Que en razón de lo anterior, el treinta y uno de marzo del año en curso, se dio vista al quejoso para que dentro del término de quince días legalmente computado, manifestara si deseaba ampliar su demanda a fin de señalar como autoridades responsables a la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y al Juez de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado, con sede y base en Dolores Hidalgo, Guanajuato; sin que lo haya hecho. En relatadas condiciones, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se advierte de autos, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, y de la Jurisprudencia 814 visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 108 fracción III, del propio ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables." De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señala a la autoridad responsable que se estima emitió el acto reclamado. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 108 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto tendente a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la relación jurídico-procesal en el juicio constitucional, cuenta habida que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que defiende la constitucionalidad de sus actos. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta, constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la relación jurídico- procesal en el juicio constitucional. Bajo dicha guisa, se afirma que en el citado supuesto a efecto de considerar integrada legalmente la relación jurídico-procesal, resultaba indispensable llamar como autoridades responsables a la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien emitió el mandato de captura reclamado al resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, en contra de la resolución por la cual se negó ordenar la aprehensión de ****************, en la causa penal ****************; y como autoridad ejecutora al Titular del Juzgado de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado, con base y sede en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Cabe señalar que resolver tal sumario sin que las citadas autoridades sean llamadas a la contienda constitucional, implicaría una violación a las reglas del procedimiento, dando lugar a la reposición del mismo en términos de lo previsto en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de la Materia. Bajo las consideraciones anteriores, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación procesal, puesto que, aunque el quejoso tuvo la oportunidad de señalar como autoridades responsables a la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y al Juez de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado, con sede y base en Dolores Hidalgo, Guanajuato, no lo hizo; circunstancia que hace que este juzgador no pueda resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues, al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos, en perjuicio de las autoridades referidas, pues no obstante que el quejoso tuvo la oportunidad de señalarlas como responsables, no lo hizo, incumpliendo con ello el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia, porque de conformidad con la fracción II, del artículo 5 de la ley de la materia y en los términos de las citadas jurisprudencias, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad o autoridades encargadas de emitirlo, o bien de ejecutarlo. Por consiguiente, se reitera, si el quejoso no designó como responsables a la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y al Juez de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado, con sede y base en Dolores Hidalgo, Guanajuato, ello impide analizar la constitucionalidad del acto tildado de ilegal, al ser atribuible a unas autoridades que no fueron llamadas a juicio, no obstante que el quejoso estuvo en aptitud de hacerlo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para esta data; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Incidental

    Visto el estado que guardan los autos, en especial la certificación que antecede, se advierte que para esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia incidental, la cual no podrá llevarse a cabo, atendiendo a que aún no transcurre el termino de quince días que se concedió a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de marzo del año en curso, dictado en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia, a efecto de que manifieste si desea señalar como autoridades responsables a la Magistrada Propietaria de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y al Juez de Oralidad Penal de la Primera Región del Estado, con sede y base en Dolores Hidalgo, Guanajuato, circunstancia que cobra transcendencia para el presente incidente; en consecuencia, se difiere la misma y se fijan las nueve horas con cinco minutos del once de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

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