Edgar Domínguez Contreras

Expediente 25/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
25/2023
Año
2023
Actuaciones
30
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Edgar Domínguez Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta se advierte que el auto de quince de junio de dos mil veintidós, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, promovido por *************, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que causó ejecutoria. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será destruible una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado; debiéndose agregar a este cuadernillo incidental una impresión del presente acuerdo a fin de tener un manejo adecuado al momento de que se realice el proceso de transferencia. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por la Agente del Ministerio Público 1 de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al auto de catorce de junio del año en curso, lo que hace: Informando que el veinticuatro de febrero y veintisiete de marzo de la presente anualidad, ******************** y ********************, defensores particulares del quejoso ******************** acudieron ante la dependencia antes aludida y se les hizo entrega de las copias simples de las constancias y actuaciones que integran la carpeta de investigación ******************** de la que deriva el acto reclamado. Remitiendo copia de las razones de entrega de copias, en las que obra la firma de recepción de los defensores antes aludidos. En ese sentido, con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se le tiene ofertando como prueba de su intención las documentales que remite, la que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que lo que reclama la parte quejosa en el presente asunto consiste en: La negativa del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral de la Mujer, en darle acceso a la carpeta de investigación ******************** de su estadística. Asimismo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable antes aludida, se desprende que manifiesta que es cierto el acto reclamado, puesto que no había dado acceso al quejoso ******************** a la carpeta de investigación ******************** de su índice; sin embargo, de las constancias de cuenta se advierte que desde el veinticuatro de febrero pasado, se dio acceso a los defensores particulares del solicitante del amparo al citado expediente penal. Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir cuando la actuación ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Tal causa de improcedencia se actualiza, por la imposibilidad que surge de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: a. Como se dijo la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable: La negativa del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Integral de la Mujer, en darle acceso a la carpeta de investigación ******************** de su estadística. b. Del oficio de cuenta así como de las constancias anexas al mismo, se desprende que: El veinticuatro de febrero y veintisiete de marzo de la presente anualidad, se dio acceso a ******************** y ********************, defensores particulares del quejoso ******************** a la carpeta de investigación ********************, y se les proporciono copia simple de la actuaciones que la integran. Por tanto, es evidente que la negativa que se reclama cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable dio acceso a lo defensores particulares del quejoso a la carpeta de investigación aludida, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  3. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado electrónicamente por la Agente del Ministerio Público 1 de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al proveído de seis de junio del año en curso, remite un disco compacto con videograbación de la audiencia inicial llevada a cabo en la causa penal derivada de la carpeta de investigación *************** que se instruye al aquí quejoso. En ese sentido, con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se le tiene ofertando como prueba de su intención, la que se admite y se tiene por desahogado, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la tesis jurisprudencial 1ª.7J.43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", se le reconoce valor probatorio pleno, al ser considerada como prueba documental pública.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio remitido vía correo electrónico por la Agente del Ministerio Público 1 de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en atención al proveído de seis de junio del año en curso, informa que: Se llevó a cabo la audiencia inicial en la causa penal derivada de la carpeta de investigación ***************** que se instruye al aquí quejoso. Solicitó al Juzgado de Control de esta ciudad, copia certificada de la audiencia en cometo, la cual a la fecha no le ha sido remitida. En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable antes aludida para que una vez que cuente con las constancias relativas a la citada diligencia a la brevedad las remita a este órgano jurisdiccional. Asimismo, dado que el acto reclamado en el presente asunto consiste en la omisión de dar acceso a la carpeta de investigación número *************, informe si a la fecha ya se otorgó dicho acceso al quejoso o a su defensor y remita las constancias que así lo acrediten; lo anterior en aras de corroborar la actualización de una posible causa de improcedencia, o bien, descartar su configuración, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. El requerimiento anterior, conlleva el apercibimiento que de no cumplirlo en la forma y plazos establecidos se impondrá a la autoridad requerida una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.

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