Edgar Dávalos Valencia

Expediente 1319/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1319/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Edgar Dávalos Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número SDR/DJ/2961/2023, remitido por correo electrónico y suscrito por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, mediante el cual informa que la Dirección General del Instituto Catastral y Registral del Gobierno del Estado de Michoacán, no le ha informado respecto de la inscripción del título de propiedad ********************atento a ello, dígasele que las constancias relativas a dicha inscripción obran en poder de este Juzgado, de las cuales se ordena remitirle copia simple. En la inteligencia que el oficio de cuenta ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente" Por otro lado, gírese nuevo oficio a la referida responsable a efecto de reiterarle el contenido del oficio 20923 de dieciocho de septiembre del año en curso, en el que se le solicitó acreditara haber entregado al quejoso el título ********************lo anterior, dado que aún no fenece el término concedido en el mismo. En la inteligencia que en caso de que a la fecha no lo haya entregado, deberá señalar hora y fecha para tal efecto, debiendo notificarle al quejoso en el domicilio que haya señalado para ese efecto, asimismo lo deberá informar a este Juzgado Federal, con la debida oportunidad para estar en condiciones de igual manera de notificarle dicha circunstancia al impetrante y se encuentre en condiciones de acudir a recogerlo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio, contra actos de ********************, Titular de la Dirección General de Atención Ciudadana; se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 1319/2023. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Ahora bien, de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Luego, de la demanda de amparo el promovente reclama la negación a una audiencia con el Titular del Ejecutivo Federal, ******************** solicitada vía correo electrónico el uno de septiembre de dos mil veintitrés, siendo el tema a tratar destacar que la CONSAR, no lleva un registro individual del comportamiento de las inversiones en los diferentes instrumentos de inversión que realizan las afores, motivo por el cual está incapacitada para dar solución. Lo que, a decir del quejoso, es un tema en donde el Presidente de la República debe estar enterado por el daño a los recursos de más de 65 millones de trabajadores que están en las afores. Atento a tal reclamación, como ya se dijo, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el juicio de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 57/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2014433, que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Es así, porque en la cuestión planteada por el quejoso en el presente asunto, en esencia consiste en la negación a una audiencia con el Titular del Ejecutivo Federal, para presentar propuesta de las inversiones en los diferentes instrumentos de inversión que realizan las afores, es necesario analizar si cuenta con un interés legítimo que lo habilite a controvertir el acto que reclama o si por el contrario, tan sólo detenta un interés simple que lo excluye de dicha posibilidad. Al respecto, este juzgador federal considera que el interés mostrado por el quejoso, en relación con lo antes mencionado, califica únicamente como simple y, por consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia inicialmente referida. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 de la Ley de amparo, establecen que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en dicha norma y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea directamente o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Disposiciones de las que se desprende que el juicio de amparo será procedente únicamente cuando el acto de autoridad combatido afecte algún derecho subjetivo de quien lo promueva -interés jurídico- o incida en su esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden normativo -interés legítimo- y, por ende, si no se actualiza alguna de dichas hipótesis el juicio de amparo será improcedente, como sería en caso de que el quejoso mostrara tener tan sólo un interés igual al de cualquier individuo por el sólo hecho de ser miembro de la sociedad, o sea, simple. Ahora bien, para que exista un interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica entendida en sentido amplio, no precisamente patrimonial -se parte del reconocimiento de un derecho objetivo-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como mera posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia concesoria implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. De modo que el individuo que cuenta con dicho interés se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, no tiene que provenir de una facultad otorgada expresamente por el ordenamiento jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación de derechos subjetivos. Sirve de sustento a lo previamente referido, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 60, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con número de registro 2007921 de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". De lo hasta ahora reseñado, tenemos que el interés legítimo tiene dos requisitos de existencia, de los cuales, uno atiende a la relación entre el acto reclamado y el individuo en el que explayan sus efectos y el otro al beneficio obtenido ante una eventual sentencia de protección constitucional, es decir, el primero se relaciona con la naturaleza del acto reclamado y el segundo con la consecuencia y los alcances de la posible concesión del amparo. Ciertamente, para tener por colmado el primer requisito, debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, que sitúe al individuo en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad. Y el segundo de ellos se acredita cuando de ser el caso, la concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico a favor del quejoso, o sea, en un efecto positivo en su esfera de derechos, ya sea actual o futuro, pero cierto y determinado, que debe ser resultado inmediato de la resolución que llegue a dictarse. Existiendo entre ambos requisitos un orden lexicográfico de valoración, al entrar al estudio del segundo de ellos, deben analizarse los efectos y las consecuencias de la posible concesión de amparo desde la perspectiva de la naturaleza del acto reclamado y no de manera aislada o autónoma, dado que sólo de esa forma es posible dotar de contenido real al derecho humano respectivo y, de ser el caso, garantizar su tutela efectiva, pues si se soslaya dicha circunstancia, se podría brindar una protección Constitucional que no traiga un beneficio real al amparista sino tan sólo formal, que genere una indeterminación de la sustancia o núcleo del derecho relativo al desnaturalizarlo o despojarlo de su verdadera esencia, lo que sería contrario a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su reconocimiento y protección. Ahora bien, las afectaciones a derechos humanos que eventualmente podrían entrañar intereses legítimos para combatirlas vía juicio Constitucional pueden ocasionarse por una importante variedad de actos de autoridad que a su vez llegan a incidir de diversas maneras en tales derechos, por lo que deben abordarse desde una perspectiva diferenciada, que permita determinar la manera en la que interactúan con los derechos en los que impactan y resolver congruentemente; en consecuencia, ante esa variedad de afectaciones e interacciones de los derechos humanos, hay casos en los que si bien las referidas afectaciones son a intereses colectivos, el beneficio objetivo de la posible concesión es determinable tan sólo en el ámbito individual de quien promueve el juicio de amparo y no de la comunidad, por depender tal evaluación de cuestiones fácticas, de información empírica o de preferencias subjetivas no medibles bajo parámetros técnicos o estadísticos, circunstancia frente a la cual no es posible sostener que un sólo miembro de la colectividad cuente con un interés legítimo para controvertirlas, puesto que excedería en demasía lo que a su esfera jurídica atañe. Se trataría, pues, de la incidencia de las preferencias de un solo individuo, vía amparo, en derechos de la colectividad que no necesariamente se verían beneficiados objetivamente por una concesión de amparo. Lo hasta aquí plasmado, no significa que una persona no pueda defender los intereses propios que comparte con la colectividad vía juicio de amparo, siempre y cuando los efectos concesorios tengan posibilidad de diferenciarse o escindirse del ámbito jurídicamente resguardado de la colectividad, pues en tales casos estamos frente a una interacción diversa entre las consecuencias de los actos de autoridad y los derechos, en la medida en que la incidencia de la afectación si bien podría ser colectiva, es divisible entre los individuos que la integran. Así, tenemos que cuando algún derecho humano sometido a estudio vía juicio Constitucional, cuenta con más de una dimensión, como podría ser una individual y otra colectiva, para determinar si se colma el segundo de los requisitos del interés legítimo, deben de analizarse los efectos de la concesión en relación con la perspectiva correspondiente -individual o colectiva-, o si se prefiere, en caso de que la dimensión en estudio sea la colectiva, para sostener que el quejoso cuenta con un interés legítimo para controvertir el acto de autoridad que afecta al derecho jurídicamente reconocido, debe de considerarse si los efectos de la concesión generarían un beneficio objetivo y determinado en la colectividad correspondiente o sólo al individuo independientemente del resto de los integrantes de su comunidad o a ambos, de modo que la posible concesión que llegue a dictarse sea acorde con la dimensión del derecho humano analizado. Por esto último es que en el caso el quejoso no cuenta con interés legítimo para controvertir el acto de autoridad combatido, consistente en la negación a una audiencia con el Titular del Ejecutivo Federal, ******************** solicitada vía correo electrónico el primero de septiembre de dos mil veintitrés, siendo el tema a tratar destacar que la CONSAR, no lleva un registro individual del comportamiento de las inversiones en los diferentes instrumentos de inversión que realizan las afores, motivo por el cual está incapacitada para dar solución; lo que, a decir del quejoso, es un tema en donde el Presidente de la República debe estar enterado por el daño a los recursos de más de 65 millones de trabajadores que están en las afores, puesto que del análisis minucioso de su libelo Constitucional, no se advierte, afectación alguna a un interés legítimo ni jurídico. Lo anterior es así, dado que el citado acto reclamado no implica una intromisión directa en la esfera jurídica de la parte quejosa, derivada de su especial situación frente al orden jurídico, ya que no existe un agravio diferenciado respecto del resto de los integrantes de la sociedad, esto es, virtud a que el hecho de que, no pueda atendérsele personalmente por el Presidente, tal como lo sería con el resto de los ciudadanos, no menoscaba que pueda hacerle llegar su propuesta enfocada en mejorar el manejo de afores, a través del correo electrónico por medio del cual le dieron contestación a su petición, o por cualquier otro medio legal. Entonces, al no ser objetivamente determinable que el efecto de la posible concesión sería benéfico para la colectividad mexicana o sólo para peticionario del amparo, es factible sostener que este último no colma los requisitos necesarios para contar con un interés legítimo que lo habilite a controvertir el acto reclamado y, por consiguiente, que tan sólo cuenta con un interés simple al respecto. Sirve de apoya la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página, 27, Volumen 37, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 233517, que dice: "INTERÉS SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCIÓN JURÍDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado." Por lo que al actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ********************. Ahora bien, por lo que respecta al correo electrónico ********************, se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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