Edgar Castillo Aguirre
Expediente 1089/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edgar Castillo Aguirre
Actuaciones
- Principal
...Agréguese el oficio OCC/C11/JDM/466/2019, signado por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al diverso 16231/2019, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que efectuó la compensación solicitada quedando registrada en el sistema de turno con el número de orden 005913/2019 del rubro de DEMANDAS DE AMPARO y contabilizada a favor de éste juzgado, lo que acredita con la boleta que anexa a su oficio de cuenta. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del diez al dieciséis de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; asimismo, dígasele a la parte promovente que de no comparecer dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, con identificación fehaciente a recoger las copias que exhibió en su demanda, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio 23238/2019, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo número 1079/2019, formado con motivo de la demanda promovida por...EN FAVOR DE..., contra actos del Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán y otras autoridades, por los actos que hacen consistir en: "...IV.- LEY O ACTOS QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: A todas las autoridades señaladas como responsables se les señala como responsables de privar y mantener privado de su libertad personal y mantenerlo incomunicado, bajo posibles tormentos, malos tratos, torturas, bajo posibles amenazas de ser trasladado a un lugar distinto y además sin ponerlo a disposición de una autoridad competente de manera inmediata a fin de perjudicarle en su persona y en su defensa al quejoso de referencia, quejoso que se encuentra privado de su libertad personal, incomunicado, posiblemente sujetos a tormento, malos tratos, torturas y violentándole sus Derechos Humanos contemplados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin saber actualmente donde se encuentra detenido.". Lo anterior, en razón a que declaró su incompetencia por razón de turno para conocer de la demanda de garantías, promovida en favor del citado quejoso, dado que el acto que se reclama en dicha demanda, tiene relación estrecha con el diverso juicio de amparo 1077/2019, del índice de este Juzgado, pues consiste en la privación de su libertad, incomunicación, tormentos, malos tratos, tortura amenazas de traslado, entre otros que se contemplan en el artículo 22 de la Carta Magna y dado que efectivamente se trata de la misma demanda que ya había sido presentada y tramitada en este órgano jurisdiccional y que se registró con el número 1077/2019, del cual este juzgado conoció con anterioridad; por tanto, este Juzgado SE AVOCA A SU CONOCIMIENTO y continúa con el trámite del mismo; acúsese recibo y regístrese el presente asunto en el libro de gobierno con el número IV-1089/2019. Así, de la demanda enviada por el Juez declinante se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas..." De la interpretación de esa disposición se advierte que el supuesto de improcedencia que contempla, es el de litispendencia, con el cual se procura impedir que el diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso llegue a prosperar, lo que obedece a la necesidad de evitar que haya dos sentencias sobre la misma materia, con posible contradicción y, además, evitar la proliferación de juicios de amparo en que la controversia gire en torno a la misma litis. La doctrina procesal define a la litispendencia como un litigio que está en vida, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio. Esta figura tiene como finalidad que se guarde la unidad del proceso, que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio y, sin duda, de evitar que se pronuncien resoluciones contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. La figura de litispendencia puede surtirse en dos momentos: 1) Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio, y 2) Aun cuando ya se haya dictado sentencia en un primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria. Además, para el surgimiento de esta figura procesal es necesario que se colmen los extremos, identidad de los elementos del litigio, es decir, se refiere a la igualdad de los sujetos, el objeto y la pretensión en dos juicios, esta triple identidad de los elementos, trasladados al juicio de amparo, son: el quejoso, el acto reclamado y la autoridad responsable, lo que se desprende claramente de la parte final de la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, antes transcrito. Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo, como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Así, del contenido de dicha disposición y de la interpretación que se ha dado a la misma se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia a que se refiere la fracción en cita, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: I) Que el acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; II) Que estos juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, y III) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Así como la tesis número XIX.20.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312, tomo III, enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable" Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo que por razón de turno remitió dicho Juez Federal y que dio origen a este juicio de amparo número 1089/2019, se advierte que PERLA JIMÉNEZ JIMÉNEZ EN FAVOR DE EDGAR CASTILLO AGUIRRE, promovió juicio de amparo indirecto en cuya demanda reclamó los siguientes actos y autoridades: ".III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son los C. El C. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán; C. Coordinador Estatal de la Policía Michoacán de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán; C. Comandante Regional en Morelia, Michoacán de la Policía Michoacán de la Secretaria de Seguridad Pública e el Estado de Michoacán, y. C. Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. IV.- LEY O ACTOS QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: A todas las autoridades señaladas como responsables se les señala como responsables de privar y mantener privado de su libertad personal y mantenerlo incomunicado, bajo posibles tormentos, malos tratos, torturas, bajo posibles amenazas de ser trasladado a un lugar distinto y además sin ponerlo a disposición de una autoridad competente de manera inmediata a fin de perjudicarle en su persona y en su defensa al quejoso de referencia, quejoso que se encuentra privado de su libertad personal, incomunicado, posiblemente sujetos a tormento, malos tratos, torturas y violentándole sus Derechos Humanos contemplados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin saber actualmente donde se encuentra detenido.". Luego, del diverso juicio de amparo número 1077/2019, del índice de este juzgado federal, respecto del cual el juzgado federal manifestó se tiene relación y que se tiene a la vista al momento de emitir esta determinación, se advierte que, en efecto, el cinco de octubre de dos mil diecinueve, BLANCA GODÍNEZ ESCOBAR, promovió juicio de amparo indirecto en favor de EDGAR CASTILLO AGUIRRE, en cuya demanda reclamó los siguientes actos y autoridades: ".III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son los C. El C. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán; C. Coordinador Estatal de la Policía Michoacán de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán; C. Comandante Regional en Morelia, Michoacán de la Policía Michoacán de la Secretaria de Seguridad Pública e el Estado de Michoacán, y. C. Director de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. IV.- LEY O ACTOS QUE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN: A todas las autoridades señaladas como responsables se les señala como responsables de privar y mantener privado de su libertad personal y mantenerlo incomunicado, bajo posibles tormentos, malos tratos, torturas, bajo posibles amenazas de ser trasladado a un lugar distinto y además sin ponerlo a disposición de una autoridad competente de manera inmediata a fin de perjudicarle en su persona y en su defensa al quejoso de referencia, quejoso que se encuentra privado de su libertad personal, incomunicado, posiblemente sujetos a tormento, malos tratos, torturas, incomunicación sin permitirles tener un abogado particular, así como también negando la permanencia en las instalaciones de la de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, cuando sus familiares ya los vieron y aun así les niegan que se encuentran en ese lugar y violentándoles sus Derechos Humanos contemplados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sin saber actualmente donde se encuentra detenido.". Demanda, que fue presentada el día cinco de octubre de dos mil diecinueve, a las catorce horas con quince minutos, de manera personal con la Secretaria de Guardia de este órgano jurisdiccional, como se advierte de la certificación que obra en la parte superior derecha de la citada demanda. Lo que constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, por disposición expresa en el arábigo 2° de la Ley de la Materia, por ser un juicio que se tramitó en este Juzgado. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo XXIII, Junio de 2006, página 963, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Común, Registro No. 174899, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." También es aplicable la tesis aislada XIII.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en el tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2679, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia(s): Común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo." Documentales que se agregan a este juicio a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del segundo numeral de ésta. En ese contexto, de la comparación entre ambos juicios es patente que, en la especie, se actualizan los elementos esenciales para que se actualice la figura de la litispendencia, atento a lo siguiente: 1) Ambos juicios de amparo fueron promovidos por el mismo quejoso, a saber, EDGAR CASTILLO AGUIRRE (por conducto de la misma promovente BLANCA GODÍNEZ ESQUIVEL). 2) Asimismo, en ambas demandas el acto reclamado lo es la privación de su libertad, el mantenerlo privado de la libertad, e incomunicado, bajo posibles tormentos, malos tratos, tortura y amenazas de ser trasladado a un lugar distinto sin ponerlo a disposición de una autoridad competente, atribuido a las mismas autoridades responsables que señaló en ambas demandas. En ese sentido, se colige que los tres requisitos indicados en párrafos previos para la actualización de la causa de improcedencia de litispendencia a que alude la fracción X del numeral 61 de la Ley de Amparo, se encuentran reunidos en este asunto, esto es, una diversa promovente de amparo (BLANCA GODÍNEZ ESQUIVEL), ya había presentado ante la Secretaria de Guardia de este Juzgado Federal una demanda en favor del mismo quejoso, por las mismas autoridades y el propio acto reclamado; demanda que se tuvo por recibida y en ese mismo día se ordenó darle el trámite correspondiente, esto es, se ordenó la suspensión de plano y de oficio de los actos prohibidos que señala el artículo 22 Constitucional y fue admitida por auto del día de hoy siete de octubre de dos mil diecinueve. No pasa inadvertido para este juzgador (para efecto de sostener la causal de improcedencia en análisis) que, como lo señaló el juez remitente de la demanda, por razón de turno, que la misma fue presentada inicialmente por la promovente el día cuatro de octubre del año en curso en el Buzón Judicial; sin embargo, lo que hace patente la actualización de la hipótesis de improcedencia es que el juez oficiante la recibió materialmente hasta el día de hoy siete de octubre del año en curso, fecha para la cual, en efecto ya se encuentra en trámite la diversa demanda ante este órgano jurisdiccional. Atento a ello, y privilegiando las razones primordiales que dieron origen a la invocada causa de improcedencia, esto es, la economía procesal, la necesidad de evitar dos sentencias diversas y posiblemente contradictorias del mismo litigio y que sería injusto obligar al promovente a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda, es que se considera que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, mediante oficio solicítese al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice la compensación correspondiente del turno de demandas respecto de este Juzgado para fines estadísticos. No ha lugar a tener a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este órgano jurisdiccional, por no encontrarse prevista esa circunstancia en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente según su artículo 2°; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse a la promovente, aun las de carácter personal, se le practicarán por lista. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
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