Edgar Cruz Izquiero
Expediente 665/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 665/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2022
Partes del expediente
- Edgar Cruz Izquiero
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, que desechó de plano la demanda de amparo, transcurrió del ocho al diecinueve de septiembre del año en curso, con exclusión de los días diez, once, catorce, dieciséis, diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el quince de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con la Circular 5/2022 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, uno de septiembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Edgar Cruz Izquierdo, contra actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, radíquese con el número de expediente 665/2022- I, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. PERSONALIDAD DE LA PROMOVENTE. En términos del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la representación de quien comparece en representación del quejoso se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, el artículo 692, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado. Y, tratándose de apoderado de persona física, la personalidad se acreditará con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante el Juzgado. En el caso que nos ocupa, el promovente Ignacio Mendoza Rivera se ostenta como apoderado legal del quejoso Edgar Cruz Izquierdo, personalidad que acredita con la copia digitalizada de la carta poder de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, ante dos testigos de asistencia, manifestando bajo protesta a decir verdad, que es fiel e inalterada de su original. En consecuencia, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le reconoce al promovente el carácter de apoderado con el que se ostenta. DESECHAMIENTO. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE., que en el juicio de amparo 661/2022 de este órgano jurisdiccional, Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Edgar Cruz Izquierdo, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: 1. La dilación en el procedimiento laboral 119/2018, derivado de la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y 2. La omisión del actuario de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, de notificar y emplazar a todos y cada uno de los demandados en el juicio laboral 119/2018. Demanda de amparo que se admitió en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós; además, dicho juicio de amparo se encuentra en trámite. Por tanto, si Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Edgar Cruz Izquierdo, promovió nuevamente demanda de amparo contra los mismos actos y las mismas autoridades responsables, resulta claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la demanda de amparo relativa al juicio de amparo 661/2022, fue promovida por Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Edgar Cruz Izquierdo. De igual manera, los actos reclamados resultan ser los mismos, a saber: La omisión de señalar fechar para la audiencia de conciliación, demanda, y excepciones y la omisión de notificar y emplazar a los demandados en el expediente laboral 119/2018. Así también, las autoridades responsables a las que se les atribuyen los referidos actos reclamados son los mismos, a saber: Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y actuario adscrito. Además, el juicio de amparo 661/2022, se encuentra en trámite. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, intitulada: LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten. En consecuencia, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ignacio Mendoza Rivera, en su carácter de apoderado legal de Edgar Cruz Izquierdo, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, consistente en la omisión de señalar fechar para la audiencia de conciliación, demanda, y excepciones y la omisión del actuario de notificar y emplazar a los demandados en el expediente laboral 119/2018. Se invoca en apoyo la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 265, intitulada: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES 23/04/26 14:01:36 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.32.36.32.33.39.38.35 ALETZA VANESSA RIOFRIO MARTINEZ 8 NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en el Local número 11 de la Plaza Isla de Tris ubicada en avenida Isla de Tris 210, colonia Solidaridad Urbana, código postal 24150, Ciudad del Carmen, Campeche. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con los nombre de usuarios "CONSORCIO" y Yoselinbrenis". CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el nombres de usuarios "CONSORCIO" y Yoselinbrenis", consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingresen los nombres de usuarios "CONSORCIO" y Yoselinbrenis", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que el referido autorizado, tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULO 12 Y 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita el quejoso, se tienen por autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yoselin Brenis Vázquez. Autorización que se admite sin necesidad de que la persona autorizada acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues este juicio de amparo es en materia laboral y el quejoso tiene el carácter de parte trabajadora. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 de dicho órgano colegiado, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es, mediante el esquema de "juicio en línea". PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, 23estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese electrónicamente al promovente.
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