Dulce María Rodriguez Ojeda

Expediente 861/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
861/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Dulce María Rodriguez Ojeda
  • Dulce María Rodriguez Ojeda y Otros.
  • Julia Rodriguez Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Sel apoderado legal de ******** mediante el cual solicita se revoque el usuario "********" para realizar la consulta del expediente electrónico. Ahora, atento a la certificación de cuenta, se advierte que el usuario "*******", está autorizado para consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye a la Encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente que elimine el usuario "********", del módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que no tenga acceso al expediente electrónico y pueda consultarlo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. Ciudad del Carmen, Campeche, dos de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo 1209/2023, de cuya lectura se advierte que acusa recibo del expediente original del juicio de amparo 861/2023, acepta competencia y se avoca al conocimiento del asunto. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, remítase este cuaderno de antecedentes al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que se emite el presente proveído. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Finalmente, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito suscrito por *****, apoderado legal de parte quejosa *****, mediante el cual, solicita se le haga entrega de la póliza de fianza con número *****, expedida por *****, de dos de septiembre del dos mil veintiuno, por la cantidad de $******, exhibida ante este órgano jurisdiccional, al efecto de resarcir los probables perjuicios que pudieran ocasionar al tercero interesado en el decreto de la suspensión definitiva dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós. En su atención, es dable precisar que el artículo 156 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." Del precepto legal transcrito, se advierte que la parte afectada con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, cuenta con el plazo de seis meses para promover incidente de reclamación de daños y perjuicios, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio de amparo, es decir, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a las partes del acuerdo por el que haya causado ejecutoria la sentencia. Por consiguiente, una vez transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya promovido el incidente de reclamación de daños y perjuicios, la parte que exhibió la garantía estará en condiciones de solicitar su devolución o cancelación. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.12o.C.16 K (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo III, página 2378, Décima Época, intitulada: "INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN DICTADA EN EL AMPARO DIRECTO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE SEIS MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROMOVERLO, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Conforme al artículo 156 citado, el incidente para hacer efectiva la garantía o contragarantía otorgada a propósito de la suspensión, debe presentarse dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio; debiendo entenderse por esta resolución la sentencia firme de amparo, esto es, aquella que ya no puede ser impugnada por ningún medio y que, por ende, ha causado ejecutoria, pues de otra manera, no podría sostenerse que "en definitiva" se ha resuelto el juicio, si aún cabe la posibilidad de que esa decisión pueda ser revocada o modificada por un órgano judicial superior mediante el recurso de revisión. Por tanto, no puede tenerse como fecha de inicio del plazo de seis meses, la de la sesión en que se dictó la sentencia que resolvió el juicio de amparo directo, sino a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación a las partes de la sentencia de amparo, la cual causa ejecutoria por ministerio de ley, de conformidad con el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando no admite el recurso de revisión a que se refiere la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En el caso que nos ocupa, del estado de autos se advierte que mediante interlocutoria de dos de septiembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa ******, la suspensión definitiva de los actos de ejecución derivados del laudo emitido en el procedimiento ordinario laboral *****, siempre y cuando dicha ejecución no se haya llevado a cabo. Asimismo, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio que por acuerdo de esta fecha dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Bajo ese contexto, en razón de que no ha transcurrido el plazo de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado ******, en su caso, promueva incidente de reclamación de daños y perjuicios, con motivo del otorgamiento de la suspensión definitiva del acto reclamado, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar favorablemente la petición del apoderado legal de la parte quejosa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los escritos del quejoso *****, mediante los cuales, con el registrado con el número *****, solicita acceso al expediente electrónico que deriva del presente juicio de amparo. Mientras que con el registrado con el número ****, desahoga el requerimiento decretado en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En consecuencia, respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico hágase del conocimiento del quejoso que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se hizo constar que después de realizar una consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advirtió que el usuario "****" correspondiente a *****, está autorizado para consultar el expediente electrónico que deriva del presente juicio de amparo, por tanto, se encuentra en condiciones de tener acceso y consultar el expediente electrónico. CUMPLE PREVENCIÓN Por otra parte, se tiene al quejoso de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta, dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento decretado en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés. INCOMPETENCIA. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver sobre cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia para conocer de la demanda de amparo, por los motivos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito, establece tres reglas de competencia por territorio de los jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en razón del acto reclamado, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda. 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, revela que la parte quejosa reclama la omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, de dar trámite a la demanda de amparo directo promovida por los demandados presentada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, para ser enviada junto con el expediente laboral **** al Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada I.1o.A.44 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, agosto de 2001, página 1299, Novena Época, intitulada: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En el caso que nos ocupa, el acto reclamado, tomando en consideración las consecuencias que produce, éstas se materializarán en San Francisco de Campeche, Campeche. Se afirma lo anterior, porque la omisión de enviar la demanda de amparo directo y el expediente laboral **** al Tribunal Colegiado de Circuito, para la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por los demandados, trae como efecto que el procedimiento laboral permanezca paralizado, lo que significa que la vulneración al derecho de acceso a la justicia tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene repercusión material en el lugar donde se sigue el juicio laboral. Es así, en razón de que el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, se ve obstaculizado en perjuicio del actor durante todo el lapso que persista la inactividad de la autoridad responsable de enviar la demanda de amparo directo y el expediente laboral ***** al Tribunal Colegiado de Circuito, para la sustanciación del juicio de amparo directo promovido por los demandados, siendo que en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al de presentación de la demanda directo, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá realizar lo siguiente: I. Certificar al pie de la demanda, la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Si no consta en autos la fecha de notificación, la autoridad responsable dará cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, sin perjuicio de que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respectiva proporcione la información correspondiente al órgano jurisdiccional competente; II. Correr traslado al tercero interesado, en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los autos del juicio de origen o en el que señale el quejoso; y III. Rendir el informe con justificación acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y la constancia de traslado a las partes. Deberá dejar copia certificada de las actuaciones que estime necesarias para la ejecución de la resolución reclamada o para proveer respecto de la suspensión. Bajo ese contexto, resulta evidente que la omisión de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche, de dar trámite a la demanda de amparo directo promovida por los demandados presentada el catorce de diciembre de dos mil veintidós, para ser enviada junto con el expediente laboral ***** al Tribunal Colegiado de Circuito, se trata de una omisión con ejecución material, por ende, se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo que significa que el órgano jurisdiccional que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto, esto es, los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2023 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN LA QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE LA JUNTA LABORAL DE DICTAR EL LAUDO EN EL JUICIO RESPECTIVO. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE RESIDE LA AUTORIDAD QUE DEBA EMITIR ESA RESOLUCIÓN. Hechos: En los asuntos de los que conocieron los órganos colegiados contendientes, se pronunciaron sobre la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión de las Juntas laborales de dictar el laudo, a efecto de dilucidar si conlleva o no una ejecución material para determinar qué Juzgado de Distrito es competente por territorio (el órgano ante el que se presentó la demanda o el que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que debió emitir el laudo respectivo), para conocer de la demanda en la que se reclama ese tipo de acto, arribando a conclusiones opuestas. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la Junta laboral que deba emitir el laudo respectivo. Justificación: En concordancia con la línea argumentativa sostenida por la Segunda Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 327/2021, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 17/2022 (11a.), de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO.", es dable sostener que la emisión de la resolución que dirima las cuestiones debatidas en un juicio -de forma semejante al emplazamiento-, es un derecho que forma parte del elenco de las prerrogativas mínimas que debe garantizarse a toda persona, conocidas como formalidades esenciales del procedimiento y las cuales integran el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. A partir de tal premisa y atendiendo a que la Segunda Sala ha considerado que la omisión de pronunciar el laudo constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una afectación en la esfera jurídica del particular, pues con ello se difiere la resolución del juicio, en detrimento del derecho de justicia pronta a que se refiere el artículo 17 de la mencionada Norma Fundamental, ello permite concluir que el acto consistente en la omisión de emitir el laudo trae aparejada una ejecución material, toda vez que sus efectos inciden de manera negativa en los derechos subjetivos de las personas que no cesarán hasta en tanto no se dicte la resolución respectiva que dirima el conflicto. Por tanto, se concluye que cuando en la demanda de amparo se reclame la omisión del dictado del laudo, el órgano competente será el Juzgado de Distrito cuya residencia se encuentre en el lugar de la autoridad que deba emitir el laudo respectivo que resuelva el conflicto laboral, de conformidad con la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en San Francisco de Campeche y la declina a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San francisco de Campeche, en turno. En consecuencia, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche con residencia en San Francisco de Campeche, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, solicitándole atentamente al juez declinado, el acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. INTEGRACIÓN DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con copia certificada de la demanda de amparo y sus anexos, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Juzgado de Distrito en el Estado de Campeche con residencia en San Francisco de Campeche, en turno.

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